Baruta, el rico municipio donde vecinos desafían los manejos turbios de la alcaldía
Operaciones comerciales en zonas residenciales, invasiones de terrenos desatendidas, deforestaciones y talas indebidas, permisos de construcciones sin estudios de suelo e impactos ambientales, sobrecargas de servicios públicos con mayor densidad poblacional sin ampliar infraestructuras para evitar el colapso de los mismos, entre otros
Vecinos del municipio de Baruta, uno de los más ricos del área metropolitana de Caracas, denuncian irregularidades y malos manejos en la Alcaldía de esa localidad, bajo el liderazgo de Darwin González, quien ganó su reelección como alcalde en el pasado proceso electoral regional como abanderado del partido Fuerza Vecinal. Los denunciantes se quejan por falta de respuestas del alcalde, acuerdos con empresas que afectan a sus bolsillos, operaciones comerciales en zonas residenciales, deforestaciones y talas indebidas, invasiones de terrenos y solicitudes de desalojos que han sido desatendidas o resueltas tardíamente.
A eso eso se suman el mal manejo de la normativa Ramo 50, permisos de construcciones sin los debidos estudios de suelo e impactos ambientales, concesión a una empresa privada del comodato de canchas de tenis que antes manejaba la Federación Venezolana de Tenis (FVT), relación poco clara con la empresa recolectora de basura Fospuca de un cuestionado magnate llamado José Simón Elarba.
Investigaciones periodísticas también vinculan al alcalde y su gestión con la Constructora HP que levanta seis torres en la urbanización Las Mercedes; con sobrecargas de servicios públicos con mayor densidad poblacional sin ampliar infraestructuras para evitar el colapso de los mismos, entre otros.
Vecinos en busca de respuestas
Se han agrupado con el apoyo de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta y la organización Creemos Alianza Ciudadana para formalizar sus quejas e incluso presentar algunos casos ante instancias superiores, como la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público. Y esas presiones de la sociedad civil organizada han empezado a surtir efectos en algunos casos, con obras paralizadas e imposición de sanciones a los infractores, pero en otros el silencio y la omisión del funcionario siguen despertando malestares y suspicacias.
Ramo 50
Olga Guédez, vocera de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, destaca que el objetivo de esta articulación de intereses es evitar construcciones que afecten a sus comunidades, incumplan las disposiciones legales o produzcan daños ambientales.
“Pedimos que dé respuesta a las denuncias y tomen las acciones o medidas correctivas correspondientes”, exigió Guédez en su última carta enviada el principal líder ejecutivo municipal.
El Ramo 50, por ejemplo, es una normativa municipal de Baruta que permite pagar la patente de industria y comercio e impuestos a establecimientos que están operando en zonas exclusivamente residenciales.
“El uso indiscriminado del Ramo 50, figura devenida en caja negra, que al parecer fue creada para que el Servicio Autónomo de Administración Tributaria de Baruta (Semat) pudiera cobrar los impuestos a los negocios que operaban sin licencia, ha servido en los últimos años para autorizar el funcionamiento de comercios en zonas residenciales, cuyos beneficiarios alegan habérsele otorgado licencias de funcionamiento”, explica la ex jueza Judith Brazón, coordinadora de la organización Creemos Alianza Ciudadana.
Y por eso es que en no pocas urbanizaciones de Baruta ahora se ven casas y quintas operando como bares, licorerías, restaurantes, centros de diversión nocturna y locales donde se hacen catas y ventas de licores y tabaco.
El Estímulo solicitó al alcalde que precisara cuánto está ingresando a ese municipio por esas patentes e impuestos actualmente y cuántas empresas se amparan bajo ese paraguas para operar, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Lo que sí aclaró González es que esa normativa fue creada por alcaldes anteriores.
“Nosotros no damos Ramo 50. La Alcaldía no lo da porque creemos que eso es validar una actividad económica en un sitio que no está acondicionado para tal función. Sí existen Ramos 50 en el municipio, no los hemos aprobado nosotros, pero es una realidad”, sostuvo el alcalde al respecto.
Hasta ahora no hay respuestas para este reportaje a las demás solicitudes de información o de la versión de la municipalidad y su alcalde.
¿Baruta sin Plan de Desarrollo?
Para hacer debidamente la actualización de las zonas en el área municipal, debe integrarse un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), cuya primera fase de exploración se realizó cuando el abogado opositor Gerardo Blyde se desempeñó como alcalde de ese municipio (2008-2017), pero que no tuvo continuidad en las administraciones siguientes, por falta de recursos.
El pasado 10 de agosto, la Cámara Municipal convocó a los vecinos para darle un espacio adecuado para la presentación de sus casos en las distintas urbanizaciones y sectores afectados y que obtuvieran respuesta de las autoridades correspondientes, pero los representantes de la Alcaldía de Baruta que fueron convocados por los concejales volvieron a faltar ese día y dejaron vacías sus sillas en el evento.
Justificaron su no comparecencia con la excusa de que tenían que asistir a un curso de informática (Ingeniero municipal, Harold Sosa; director de Áreas Verdes, Rony Valecillos; Guillermo D´Ampire y María De Los Ángeles Bermúdez, directivos del Semat).
El Concejo Municipal tiene facultades contraloras e incluso puede interpelar y hasta destituir a funcionarios de la Alcaldía de Baruta que incurran en violaciones de normas.
“No se busca la remoción de funcionarios, sino que se cumplan las ordenanzas municipales y las leyes y se respeten los derechos. Ingeniería municipal no da respuesta a las denuncias presentadas por los vecinos. Y si la dan, la dan tarde, cuando ya el daño está hecho y no hay nada más que hacer para evitar el problema creado por ellos mismos. Los vecinos no se niegan a que la ciudad evolucione, pero lo que piden es un PDUL, para ser consultados, garantizar el respeto del ordenamiento jurídico y evitar los problemas que se están creando”, aclaró Brazon.
Construcciones ilegales
Lo que se está viendo en Baruta es un crecimiento desordenado y acelerado de nuevos desarrollos urbanísticos sin que haya una planificación adecuada, advirtió el urbanista Leopoldo Provenzali en una de las Asambleas de Vecinos realizadas recientemente.
“Una de las falencias que vemos en la Alcaldía en cuanto a estas construcciones, no es solo la falta de vigilancia, sino su falta de actuación y de respuesta ante las denuncias presentadas por los vecinos. Usted tiene la obligación de responderlas, rechazarlas o aceptarlas y actuar en consecuencia, pero quedarse callado no es una opción para un funcionario”, subrayó Brazón.
El alcalde ha dado respuesta a algunos casos. La paralización de la construcción de un autolavado en Cumbres de Curumo es un ejemplo de ello.
Iñaki Alberdi, vecino de Cumbres de Curumo, espera que la paralización de ese autolavado no sea solo “por horas o días”, sino que concluya “en la efectiva demolición y multa de los infractores”.
El alcalde también canceló un desarrollo habitacional en La Alameda, detuvo una construcción ilegal en las áreas verdes municipales de la calle Los Bambúes de Prados del Este e intervino en Sorocaima.
El área que fue donada a la urbanización para desarrollar el parque Sorocaima es un bosque húmedo de bambúes que debería mantenerse protegido, pero fue invadida y los vecinos tienen años pidiendo a la alcaldía el desalojo de esas personas.
“Allí ha habido talas e incendios y hasta practicaban ritos religiosos y presuntas hechicerías, y lo que los vecinos quieren evitar es que esas personas empiecen a reclamar como suyos esos lugares por derechos subjetivos. Esa denuncia se hizo y, unos días antes de la asamblea, la síndico-procuradora municipal y consultoría jurídica actuaron en el caso y al parecer van a solicitar en los tribunales el desalojo de estas personas”, informó Brazón.
Actuando en conjunto, los vecinos también han logrado parar algunas deforestaciones profundas en montañas del municipio, que la Alcaldía llama “desmalezamientos”, pero que ya han llegado incluso a causar daños en zonas residenciales colindantes. Por ejemplo, después de uno de ellos, una enorme roca rodó cuesta abajo hasta golpear edificios cercanos y afectó al residencial.
“Los vecinos de Lomas del Mirador y La Alameda acudieron a la Fiscalía Ambiental e interpusieron denuncias. Y los de Lomas de la Alameda también interpusieron una queja ante el Colegio de Ingenieros contra el ingeniero municipal de Baruta, porque no les daban respuestas. Además, iban a interponer una denuncia ante el Ministerio del Ambiente para pedir la apertura de un procedimiento sancionatorio. En Lomas del Mirador sí lo llegaron a hacer, fueron tanto a la Fiscalía Ambiental como al Ministerio del Ambiente. En La Alameda fueron retiradas la retroexcavadora y otras maquinarias, pero como los afectados aún no tienen acceso al expediente, no se sabe si los que se presentaron como los nuevos propietarios intentaron alguna otra acción. Pero por los momentos, ambas obras están paralizadas”, detalló Brazon.
Según Marianela Rodríguez, otra vecina de Cumbres de Curumo, las denuncias presentadas por ellos tampoco han tenido respuestas, como la del centro comercial Curumo, donde se culminó el Bodegón 33 con una ampliación hacia un paso de vecinos entre avenidas; la construcción en el estacionamiento, aun sabiéndose excedida el área de construcción para la parcela, y el caso de la quinta Tamanela en la avenida Salto Caroní.
Canchas de tenis, el negocio de la discordia
A Patricia Capello, de la Asociación de Vecinos de San Luis (AsoSanLuis), le preocupa de manera especial la construcción que se está llevando a cabo en el club de tenis Corpoelec y que hoy en día se conoce como Club Deportivo San Luis, el cual fue dado en concesión a un nuevo grupo y eso llevó a construcciones adicionales en un espacio que consideran no es apto para tales desarrollos.
“Están haciendo cuatro o cinco niveles de estacionamiento, lo que preocupa a los propietarios de las viviendas que se encuentran colindantes en la calle Comercio, que son los edificios Tajamar, Los Helechos, en vista de la posibilidad de que eso se derrumbe. Los vecinos queremos saber si existen los estudios de suelo preliminares que avalen que ese terreno puede aguantar el peso correspondiente a esos niveles de estacionamiento, con el peso de los vehículos encima”, denunció.
AsoSanLuis se ha dirigido tanto a la Alcaldía como al Concejo Municipal por este caso en múltiples ocasiones y siguen sin respuestas.
“Es un silencio administrativo inaceptable. Si eso se llega a desplomar, se van a tener que rehacer todos los espacios que se vean afectados en los edificios colindantes. ¿Y si se va la calle San Luis, que es donde está ubicado el terreno? Queremos saber qué están haciendo para evitar esa eventualidad y si esa empresa cuenta con todos los estudios y permisos de la Alcaldía correspondientes al caso”, añadió.
El presidente de la Federación Venezolana de Tenis (FVT), Luis Contreras, por su parte, sugiere también que hay casos de corrupción en el manejo de asuntos deportivos en Baruta.
La concesión que tenía la FVT sobre 13 canchas de tenis en este municipio no les fue renovada, sino que la alcaldía la otorgó a la Fundación iTenis, que según Contreras es una empresa privada que tiene como uno de sus dueños a Mikel Pérez Uzcátegui, “primo hermano” del líder de Fuerza Vecinal David Uzcátegui.
Al ser consultado sobre este particular, el alcalde nos envió dos documentos del caso y en ellos se resalta, entre otras cosas, que por decisión del Tribunal Supremo de Justicia la última elección de esa federación no fue reconocida, que el contrato de concesión referido no era prorrogable y que el pasado 20 de junio se publicó en la Gaceta Municipal Extraordinaria número 149-07-2022 el nombramiento de una “Junta Temporal para el uso, conservación y administración de las 13 canchas de tenis” y edificaciones de servicios y complementarias ubicadas en la calle C de la urbanización Santa Rosa de Lima.
Pero en ninguno de esos documentos mencionó siquiera el nombre de Pérez Uzcátegui, solo aparece Elías Lozada como presidente de la Fundación iTenis y la misma es presentada allí como “una fundación civil, de carácter privada, sin fines de lucro e inscrita en el Registro Público con funciones notariales del municipio El Hatillo en fecha 08-10-2008”.
Contreras precisó que Mikel Pérez Uzcátegui aparece vinculado a iTenis “en el documento que rescindió el comodato de la Cámara Municipal de Baruta.
“En ningún país desarrollado van a ir jamás en contra de una federación. Esto no es ningún kínder garden, ni un colegio, ni un club, se trata de la FVT y no quieren entender eso. Ellos tienen sus intereses allí. Es como si le quitaras el universitario a la Universidad Central de Venezuela. Algo que no tiene ni pies ni cabeza (…) El último documento de comodato que firmaron con la FVT decía que la única manera de rescindir eso era no utilizarlo para el bien que es y eso no ha ocurrido (…) No quieren reconocer lo malo que hicieron al otorgarle a esa empresa fantasma iTenis y que deben devolver eso a la federación”, alegó.
Contreras dice estar esperando el visto bueno del Instituto Nacional de Deportes (IND) para hacer nuevas elecciones y que aspiran firmar el comodato de nuevo después de eso con las nuevas autoridades electas.
“Aquí hay 2000 afiliados y más de 500 niños y sus padres los afectados. La FVT no es un club de beneficencia social que está aquí de la nada, eso lo hizo el gobierno venezolano en su momento para organizar los Juegos Deportivos Panamericanos (…) Y en vez de estar desarrollando el tenis, estamos es peleando con la alcaldía. Ese alcalde ni un bloque, ni un pote de pintura ni una pelota de tenis nos ha dado para mantenernos. Lo que quieren es expropiar a la FVT de su sede, esto es increíble (…) Yo soy presidente de la federación desde el 2011 y lo que dice la sentencia del TSJ es que se restituyen las autoridades previas a la elección anulada del 2019; es decir, a los que seguimos al frente de esto. Acabo de votar en las comisiones del Comité Olímpico Venezolano, pero la alcaldía no quiere reconocer nuestra autoridad. La Fundación iTenis es una fundación prácticamente fantasma que presentó en una hojita un plan de trabajo para que le otorgaran esa concesión”, concluyó Contreras.
La Sindicatura Municipal de Baruta reveló que se inició un procedimiento para revisar el contrato de comodato suscrito con la Fundación iTenis. “Ya está en curso, pero no ha sido decidido aún”.
Aquí vale la pena precisar también que el 8 de noviembre de 2021 la Alcaldía recibió comunicación suscrita por los “padres y representantes de los niños y adolescentes que hacen vida en el Centro Nacional de Tenis de Santa Rosa de Lima, junto a profesores y entrenadores de las Academias de Tenis, empleados de la Federación Venezolana de Tenis y representantes vecinales de Asolima”, mediante la cual solicitaron revocar el contrato del comodato de iTenis. Así que el proceso abierto en la sindicatura puede responder a esto.
Fospuca, la basura es un tesoro
Otra vecina de Baruta que pidió reserva de su identidad, por temor a represalias, indicó que el contrato con Fospuca se firmó con un valor fijado en petros (la moneda virtual impuesta por el chavismo) y las tarifas se estipularon en función de los metros cuadrados del local o del inmueble y no de la cantidad de basura que se genera, que es lo que normalmente se hace. Y que cada tres meses hay un incremento de la tarifa en función de los aumentos del petro, razón por la cual los costos del servicio han resultado impagables para muchos comerciantes e industrias.
“Los usuarios han presentado miles de quejas y algunas hasta han ido a tribunales, pero no han logrado nada con Fospuca. Esa empresa, además de la recolección de basura, tiene el mantenimiento de las áreas verdes y esto es algo que cobran aparte y que por lo general no se conoce ni siquiera cuánto es la tarifa. Otro asunto con la basura es que la ordenanza se aprobó en el periodo pasado y se pide a la Cámara que revise esa ordenanza y la modifique, fijando el valor del pago de la basura en función del residuo generado. Además, el abuso que se comete en relación al cobro de recolección de residuos sólidos, es que si no se paga este servicio no te aceptan el pago de la patente de industria y comercio, lo cual no debería ser, una cosa no tendría por qué privar la otra. Así es que cierran los negocios cuando no tienen los servicios de aseo urbano pagados al día”, acotó.
El desarrollo que se está dando en el Eje Norte implica un aumento muy fuerte de densidad poblacional y eso preocupa mucho a los vecinos, sobre todo por los cambios en usos comerciales que se han dado, tanto en Las Mercedes como en Chuao y Colinas de Bello Monte, entre otros sectores.
“No es posible dar servicios para estas densidades poblacionales, ni en acueducto, ni en agua, ni en cloacas, ni en electricidad. Y la vialidad actual tampoco tiene capacidad para sostener esto”, advirtió la fuente.
La versión oficial
El Estímulo envió al alcalde hace más de una semana preguntas sobre cerca de una decena de casos abordados en esta investigación, pero solo recibió breves respuestas a algunas de ellas mientras fue abordado por la periodista en un acto público en la Plaza Bolívar del municipio, en el que se celebraban los 402 años de fundación del pueblo de Baruta.
“Nosotros en la Alcaldía no hemos autorizado ninguna actividad comercial en una zona residencial”, aseguró González.
“Estas personas están operando al margen de la ley y por tal motivo estamos haciendo una plan especial a partir del día lunes 22 de agosto, con un equipo multidisciplinario integrado por Atención al Ciudadano, el Director del Despacho, el Director General, Ingeniería Municipal, Catastro, Semat y Policía de Baruta, para que los vecinos puedan denunciar a estas personas que están ejerciendo actividades económicas al margen de la ley y las ordenanzas municipales en zonas residenciales, para que puedan ser sancionadas. Entendemos que como este municipio goza de mucha calidad de vida, mucha gente se quiere mudar a él y montar negocios aquí, pero el respeto a todas las leyes y en especial a las ordenanzas municipales es fundamental. No vamos a tolerar que se violen nuestras ordenanzas y actuaremos con todo el peso de la ley y contundencia para detener eso”.
Confirmó que siguen desarrollando el municipio sin contar con un PDUL y, respecto al bar que opera en la urbanización San Luis, señaló que está dentro de un centro comercial y tiene la zonificación para hacer esa actividad.
“La queja de los vecinos ha sido el alto volumen y nosotros ya lo mandamos a cerrar la semana pasada, para que ellos entiendan que tienen que respetar la ley, eso es como una señal de advertencia sin ningún cargo. Si ellos vuelven a incumplir, volveremos con medidas de mayor contundencia”, anunció.
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