LOS
REPRESORES ASESINOS NO SON CASTIGADOS
No resulta contrario a
la verdad reiterar que los órganos de exterminio de la narcodictadura, mal
llamados legalmente de seguridad, cometen todo tipo de arbitrariedades, incluidos
ajusticiamientos, porque ni los autores de tales tropelías, menos todavía la
cadena de mando que las ordena, reciben el justo castigo de la ley.
Las razones son
hartamente conocidas por los familiares de las víctimas y las organizaciones de
defensa de derechos humanos, también perseguidas por el régimen dictatorial de
Nicolás Maduro y consisten en que los jueces, los fiscales y el defensor del
pueblo no cumplen las funciones establecidas en la Constitución, pues como son apéndices de la narcodictadura
garantizan la impunidad.
Y como si fuera poco,
las instituciones más letales, como la FAES, DGCIM y Sebin reciben aplausos del
propio narcodictador y, en muchos casos, los autores de torturas contra los
presos políticos y asesinatos son premiados mediante ascenso. El ejemplo más
patente de ello es que el jefe de la Operación Gedeón, Remigio Ceballos, que
cobró las vidas del inspector Oscar Pérez y sus acompañantes, luego de ocupar
cargos importantes cargos, pasó a ser ministro del Interior, Justicia y Paz.
El 14 de febrero de
2014 Elgica Semprún, reportó en el sitio Web de El Nacional:
-De cara a los hechos del día 12 de febrero del
año en curso y los que vienen sucediendo en las últimas horas en Venezuela,
Control Ciudadano repudia la omisión del Estado y solicita investigar su
vinculación con los hechos criminales acaecidos en las últimas horas para
proceder a la captura y procesamiento judicial de los responsables.
Luego recordó:
-La Fuerza Armada
Nacional conforme lo establece el artículo 324 de la Constitución, tiene
asignada la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, transito,
registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de las armas de fuego
en Venezuela.
Y a continuación señaló:
-Control Ciudadano
observa con profunda preocupación como en el caso del asesinato del joven
Bassil Alejandro Dacosta, ocurrido el pasado 12 de febrero, a escasos metros de
un contingente de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, este hecho no fue
impedido y lo que es más grave los autores materiales no fueron detenidos,
observándose además una actitud cómplice y pasiva de los agentes del Estado
frente a lo que allí sucedía, como se evidencia del relato de los presentes y
los videos que documentan los hechos.
Esa misma ONG, en un
comunicado, hizo un llamado para que se adelanten las investigaciones en contra
de los efectivos militares.
(Ambos cuerpos de
exterminio de la narcodictadura miran hacia otro lado cuando los círculos del
terror sabotean los actos cívicos de la ciudadanía para provocar una reacción
violenta. Entonces sí actúan para cometer todo género de arbitrariedades, desde
el lanzamiento directo al rostro de la víctima balines o gases lacrimógenos
hasta dispararle con armas de fuego o dirigir las tanquetas hacia los
manifestantes sin importarles la letalidad de sus actos)
Más adelante El Nacional Web destacó:
-Así mismo,
"Control Ciudadano informa que ha remitido esta información al Comité de
Naciones Unidas que hace seguimiento a la actividad de mercenarios en el mundo,
dentro de la cual se inscriben la actuación de estos colectivos armados, grupos
parapoliciales y grupos paramilitares a los fines de que solicite una
investigación al gobierno venezolano sobre el deber de dar seguimiento a todas
su formas de actuación, en la que queden expresadas las fuentes y causas, las
cuestiones, manifestaciones y tendencias que están surgiendo desde hace más de una
década, con respecto a este tipo de mercenarios, las actividades relacionadas
con ellos y sus repercusiones sobre los derechos humanos, en particular en el
marco de situaciones de tensiones interiores que se vienen suscitando en el
país.
Al final concluyó
señalando que el documento citado tiene la
firma de Rocío San Miguel, presidente
de la Asociación Civil Control Ciudadano
para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
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