Acceso a la Justicia: En Venezuela los jueces no juzgan porque cumplen órdenes
“Los dos informes que presentó la Misión Internacional Independiente de determinación de los Hechos sobre Venezuela el 20 de septiembre, describe las más graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la nación, planificados y ordenados por el Poder Ejecutivo, y a pesar de eso el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público venezolano sigue sin hacer nada, precisamente porque son parte del aparato represivo del Gobierno”. Así lo considera Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia.
Por La Prensa Lara
Explicó que la Misión de la ONU tiene el mandato de determinar la responsabilidad individual de carácter penal de aquellos funcionarios involucrados en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
“La Misión de la ONU revela no sólo las torturas, tratos crueles, degradantes y violaciones aplicadas por cuerpos de inteligencia nacional como la DGCIM y el Sebin a la población, sino que indica hasta el perfil psicológico de estos funcionarios. Aquellos que presencian actos de tortura y no les repugna son seleccionados por un mecanismo perverso”, manifestó.
¿Qué importancia tienen los informes de la Misión de la ONU para Venezuela?
Tiene un enorme valor desde el punto de vista del derecho penal internacional, en la medida en que además de la galería de horrores que se describen, de torturas, ejecuciones extrajudiciales, de métodos de tortura realmente bárbaros, explica cómo se recluta al personal de la DGCIM, del Sebin, cuáles son los incentivos, los castigos que se aplican, cómo funciona esa cadena de mando y los señala con nombre y apellido. Este informe también desmonta lo que ha querido hacer creer el Gobierno, que las violaciones de DD.HH y los crímenes de lesa humanidad son actos aislados, que los funcionarios actúan porque así lo desearon, sino que por el contrario es una política de Estado y esto lo hace sistemáticos y realizados. Por lo tanto es un insumos para la investigación que lleva a cabo la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela.
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