Claves sobre cómo liberar el dinero venezolano en el exterior y los planes a financiar
Saber qué tan pronto se podrá disponer de parte de los recursos que Venezuela tiene en el exterior, dependerá de cuáles son los activos que acordaron liberar el oficialismo y oposición. Expertos legales explicaron que cada opción tendrá un mecanismo distinto para la transferencia del dinero. Esperan además que la ONU garantice un manejo transparente del fondo y que se destine a proyectos idóneos para la mejora de la calidad de vida de los venezolanos
Por Ahiana Figueroa y Roison Figuera
El mecanismo para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pueda hacer uso de los depósitos que Venezuela tiene congelados en cuentas en el exterior, puede no ser expedito ya que aún faltan por definir varios aspectos que permitan la liberación de los recursos.
«Si se hacen las cosas bien, es cuestión de meses para que la ONU pueda iniciar los desembolsos. Es muy probable que los activos no puedan liberarse en el corto plazo», indicó el abogado y exprocurador del gobierno interino venezolano, José Ignacio Hernández, consultado por TalCual.
La ONU -además- está llamada a garantizar que el fondo común para canalizar la ayuda humanitaria a Venezuela, cuya creación se acordó en la vuelta al diálogo en México del gobierno y la oposición, atienda verdaderamente las necesidades de la ciudadanía y cumpla con estándares mínimos internacionales de transparencia administrativa, dijo el ingeniero civil y expresidente de Hidrocapital José María de Viana.
Sostuvo que es necesario que el organismo multilateral evalúe que los proyectos presentados por los sectores negociadores sean de buena ingeniería y tengan transparencia administrativa. A su juicio, debe evitar pedalear en los mismos errores que cometió en el pasado en cuanto al manejo y la distribución de los recursos por ayuda humanitaria que llegaron al país en los últimos cuatro años.
La ONG Transparencia Venezuela, en voz de su directora Mercedes De Freitas, propuso que se publique paso a paso los movimientos de este fondo y que se genere un mecanismo de contraloría social para que los ciudadanos puedan hacer seguimiento. «Esos recursos son de los venezolanos y tenemos el derecho de acceder a la mayor información de lo que se haga con ellos».
De Freitas señaló que aun cuando estos recursos serán manejados por las Naciones Unidas, que es un ente con procesos más confiables que los que hay en Venezuela, deben utilizarse de forma efectiva y transparente.
Varios aspectos, entonces, deben tomarse en cuenta para administrar los 3.000 millones de dólares que se liberarán según el «Segundo acuerdo parcial de atención al pueblo venezolano», suscrito el sábado 26 de noviembre entre la Plataforma Unitaria y la administración de Nicolás Maduro.
La disposición de los recursos dependerá de cada caso, explicó el exprocurador Hernández, es decir, es importante saber si se trata de dinero depositado en cuentas bancarias u otros activos financieros, y dependerá de la situación legal para determinar la forma en la que se hará el traspaso.
A su vez, desde el punto de vista esquemático, existen tres operaciones financieras que se ejecutarían tras la liberación de los recursos: la primera, es la transferencia desde las cuentas del gobierno de Venezuela hacia las cuentas bancarias que señale la ONU; segundo, la consolidación de esos recursos en las cuentas del organismo multilateral; y la tercera, son los desembolsos que haga la ONU con cargo a sus cuentas.
De lo acordado en México hasta ahora se conoce que el fondo podrá recibir financiación de donantes y que su misión será distribuirlos a las agencias de la ONU para que ellas canalicen la ayuda necesaria «para usos humanitarios», dijo recientemente el portavoz del organismo, Stéphane Dujarric.
El acuerdo establece que la oposición y el Gobierno tendrán que cooperar en cuanto a gastos humanitarios, como el pago de proyectos de atención médica o la reparación de las redes eléctricas.
El ingeniero De Viana asegura que apegarse cabalmente a los protocolos de manejos de dinero reducirá los riesgos de que los recursos sean usados de forma indebida. Aunque señala que con los $3.000 millones que se desbloquearán, no se solucionan todos los males que sufre el país, asevera que se pueden generar cambios importantes.
Para Hernández existen parámetros que inciden en la forma en la cual esos recursos se pueden movilizar. «En primer lugar ¿Quién representa al gobierno de Venezuela. Se trata de Maduro o el interinato? El acuerdo tendría sentido si ambos factores colaboran para movilizar esos recursos, ya que esto elevaría las posibilidades de que sean manejados con mayor prontitud».
Recordó que el gobierno interino se extingue el 5 de enero de 2023 y no queda claro qué pasará a partir de esa fecha.
Por otra parte -indicó Hernández- debe evaluarse el estatus legal de los activos ya que puede que se trate de recursos que están en disputa judicial como el oro venezolano depositado en Londres; también puede que se trate de cuentas bancarias que han sido bloqueadas por los propios oficiales de cumplimiento de inteligencia financiera de los bancos; y puede que se trate de un escenario más complicado como es el caso de Novo Banco en Portugal, donde hay recursos que se encuentran en un proceso de investigación criminal.
Otro punto a tomar en cuenta son los acreedores de Venezuela. El país tiene una deuda externa de $140.000 millones, reclamaciones por decenas de miles de millones de dólares, se han decretado embargos y ejecutado procesos contra varios activos.
«Los acreedores van a estar vigilando cualquier movimiento de recursos de Venezuela, para ver si logran hacerse con algunos de esos activos. Es necesario que la forma y el mecanismo jurídico que permitan que esos recursos se muevan de las cuentas donde están depositados a la cuenta de consolidación de la ONU se proteja de los acreedores», acotó Hernández.
ONU debe dar garantía
José María De Viana dijo que la ONU debe garantizar que los procesos y las contrataciones sean públicas y que las licitaciones sean internacionales. En entrevista telefónica con TalCual dijo que la actuación de las Naciones Unidas en esta materia no ha sido un buen ejemplo, al menos dentro del país.
«La inversión que han hecho en los últimos cuatro años deja mucho que desear. La ayuda humanitaria que vino no se hizo (distribuyó) con los estándares de transparencia administrativa», afirmó.
Subrayó que la forma en la que se llevaron a cabo los contratos no cumplió con los estándares y «no son ejemplo de transparencia administrativa». Por esta razón, urge el nombramiento de un comité técnico de alto nivel para evaluar la calidad y viabilidad de los proyectos presentados y un comité administrativo que valore los procesos.
«Es necesario que se instalen estas instancias que pueden ser conformadas por venezolanos o por profesionales internacionales antes de avanzar mucho más. Es más, eso debían haberlo anunciado al mismo tiempo que se informó la creación del fondo», sostuvo De Viana.
Transparencia Venezuela acotó en un documento publicado recientemente, la necesidad de priorizar el destino de los recursos del fondo y planteó un acuerdo de gobernanza que incluya políticas y prácticas de transparencia en la gestión del convenio suscrito y del Fondo de Protección Social, basado en las convenciones internacionales contra la corrupción de Naciones Unidas, la Convención Interamericana y las buenas prácticas internacionales
Evitar la opacidad
En julio de 2022, José María De Viana y otros siete expertos en el área de servicios públicos enviaron una carta al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, y al coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla. La misiva se emitió para emplazar a los organismos a poner en práctica estrategias administrativas que den transparencia al uso y paradero de los recursos que se liberen de la cooperación internacional y así evitar que el fracaso y la opacidad en esas inversiones se reproduzca. Seis meses después no se recibieron respuestas por parte de la ONU, la CAF o algún vocero de gobierno.
De Viana recordó que el problema de los servicios públicos no se produjo por la falta de recursos financieros, sino porque las grandes inversiones fueron asignadas a dedo a empresas, se inflaron las facturas y no se hicieron los estudios pertinentes.
Agregó que en los últimos 20 años hubo inversiones de más de $100.000 millones para el sistema eléctrico y más de $10.000 millones en agua potable. Sin embargo, se pusieron en práctica decisiones que se tradujeron en fallas en la concepción de los proyectos, obras inconclusas y abandonadas.
ONU-Venezuela. Foto: Periódico Digital El Liberal
¿Para dónde van los recursos?
Tras el anuncio de la creación del fondo común, el gobernante Nicolás Maduro señaló que aspira que la liberación de los primeros $3.000 millones se haga de forma inmediata. Indicó que el dinero será invertido en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), agua, salud y hasta para la recuperación de las poblaciones afectadas por las lluvias del último año, como Las Tejerías y El Castaño, en el estado Aragua.
Por su parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo el miércoles 30 de noviembre que «todos esos proyectos fueron entregados por el gobierno, de acuerdo a la necesidad levantada por un equipo multidisciplinario que encabezó Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología».
De la fracción opositora, el jefe de la delegación en el diálogo, Gerardo Blyde, aseguró el 28 de noviembre que, si bien la ONU administrará los recursos procedentes de fondos congelados de Venezuela en el exterior, las agencias de ese organismo multilateral deberán hacer licitaciones y presentar los recaudos, de manera que pueda garantizarse la transparencia en el proceso y posibles auditorías de ser necesario.
Blyde insistió en que este es el inicio de las negociaciones con el oficialismo para encontrar salidas a la crisis en Venezuela y negó que el país tenga $38.000 millones, como afirman algunos economistas, en fondos congelados ni en reservas internacionales. Recordó que se va a crear un fondo fiduciario que controlará la ONU, el cual será alimentado de manera progresiva con los recursos.
Detalló el trabajo «minucioso» de ambas delegaciones para crear un acuerdo marco programático, el cual es anexo al que se firmó el fin de semana. Esto obedece a un trabajo realizado entre las dos partes con especialistas para determinar las áreas prioritarias en las que se debe invertir; cuáles hospitales serán considerados como esenciales o la estabilización del SEN.
Dijo Blyde que no quiere hacer falsas expectativas al respecto, porque subrayó que los recursos son finitos y que no se pueden generar nuevas grandes inversiones. Por ende, lo que se va a buscar es la estabilización del SEN para evitar más apagones en varias zonas del país que han sufrido con los cortes de electricidad y fluctuaciones en el servicio.
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