sábado, 10 de diciembre de 2022

Rodulfo González. TORTURA EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI (III)

 

LA HUELGA DEL GENERAL MIGUEL RODRÍGUEZ TORRES



            Como ministro del Interior, Justicia y Justicia de la narcodictadura,  el general Miguel Rodríguez Torres tuvo la vergonzante tarea de destruir las tiendas de campaña instaladas por los jóvenes en el Municipio Chacao y de sembrarles droga y armas de guerra. En 2014 el gobierno de Estados Unidos lo sancionó por violación de derechos humanos, y el 13 de marzo de 2018, luego de expresar su desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante un año por la Contraloría General de Venezuela.

            Ese día, fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional después de una conferencia en el hotel President de Caracas por "atentar contra la patria" y por presuntamente "estar incurso en acciones contra la paz y la tranquilidad pública y en la conjura dirigida a atentar contra la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional”, Fue trasladado a la sede del Sebin en Plaza Venezuela y posteriormente al Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como "La Pica" en Maturín, luego de ser presentado ante una corte militar el 14 de marzo en Caracas.

            El 11 de julio de 2019, TalCual reportó la denuncia hecha por la parlamentaria Adriana Pichardo según la cual Rodríguez Torres era torturado por el coronel de la DGCIM Hannover Guerrero. El 9 de mayo de ese año había sido recluído en una celda de alta seguridad sita en  Fuerte Tiuna. En ese centro de reclusión inició una huelga de hambre.

            Según la denunciante el coronel Hannover Guerrero “es el encargado de torturarlo” y ha intentado hacerlo ingerir alimento de manera forzada en varias oportunidades, sin éxito; pese al estado grave de salud en el que se encuentra Rodríguez Torres.

            La parlamentaria también denunció que el general Rodríguez Torres ha perdido 14 kilos de peso desde su detención y aseguró que “se encuentra amarrado a su cama con una sábana resistiendo la tortura y exigiendo respeto a sus derechos” y al de sus compañeros presos.

            De igual modo pidió a la comisión de las Naciones Unidas que permanece en Caracas poner atención sobre este caso, así como a la comunidad internacional y responsabilizó al régimen de la vida de los presos políticos.

            Pichardo señaló también que Rodríguez Torres permaneció 14 meses recluido en la sede de inteligencia militar, a pesar de que el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del capitán Mickel Amézquita Pion, ordenó como centro de reclusión la cárcel de La Pica, en el Estado Monagas.

            -En ese momento, -indicó- la defensa militar argumentó que la vida del general corría peligro.

            La misma edición de TalCual reportó:

            -La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) exhortó a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN), a los de los órganos policiales y los del Ministerio Público (MP) a apegarse a la Constitución venezolana y a los valores de la justicia y la paz en lugar de a la parcialidad política para erradicar “las prácticas de persecución y tortura” que existen en el país.

            La fuente periodística agregó:

            -Para la CEV la realidad que vive la nación está reflejada en el informe emitido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que se denuncian las vulneraciones a los derechos fundamentales que sufre la ciudadanía y en el que se evidencia que “existen abundantes casos de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos por parte de organismos del Estado”.

La institución denunció que en medio de la crisis que vive el país es el deterioro de la moral de la sociedad la que gana terreno. Señalan que la violencia, la mentira, la corrupción, la irresponsabilidad, la desesperanza y el miedo que siente la ciudadanía han agudizado el daño.

            Asimismo destacó que el documento de la CEV expresó que los miembros de la Fuerza Armada Nacional, los órganos policiales y el Ministerio Público, en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, deben obrar conforme a la justicia y la verdad, y no al servicio de una parcialidad política, porque así erradicarán de su seno las prácticas de persecución y tortura, y resguardarán, defenderán y harán respetar los derechos de todos, por encima de cualquier interés personal o partidista-

            En el documento citado por TalCual, emanado de la CXII Asamblea Ordinaria Plenaria de la institución, ésta fijó  su posición con respecto a la situación que vive la nación y  además, hizo referencia  al informe de la funcionaria de la ONU que registró el uso excesivo de la fuerza y las “muertes causadas en el contexto de operativos de seguridad”, hechos que recuerdan han sido denunciados en reiteradas oportunidades por instancias nacionales e internacionales y que opinan quedan en evidencia en casos como el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció por presuntas torturas que habría recibido mientras estuvo preso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

            El documento de la CEV también exhortó al régimen a que,   ante el peligro que corren miles de familias venezolanas por la emergencia humanitaria compleja que sufre el país, permita la entrada y distribución de insumos alimentarios y medicinas.

            -La Iglesia Católica, a través de sus instituciones, -expresó- y particularmente las Caritas parroquiales, diocesanas y nacional, renueva su compromiso de participar, junto a otras organizaciones, en la recepción y distribución de esta ayuda humanitaria.

            Asimismo, le sugirió al Consejo Nacional Electoral, la actualización del registro electoral, el voto de los venezolanos en el exterior y una supervisión de organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, entre otras.

(El 23 de febrero de 2019 la narcodictadura ordenó el cierre de los cuatro puentes que comunican a Venezuela con Colombia por el Estado Táchira, para evitar que ingresara al país ayuda humanitaria. Una de las gandolas con alimento y medicina resultó quemada. En esa ocasión se vio a la entonces ministra de prisiones, Iris Varela, rodeada de presos con armas largas. También ordenó el cierre de la frontera con Brasil y el tráfico marítimo y aéreo con Curazao, donde había centros de acopio de la ayuda humanitaria. Esta negra fecha de la historia contemporánea del país fue celebrada como una victoria por la narcadoctadura y el PSUV)

 

 

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