MÁS TESTIMONIOS SOBRE TORTURAS TRATOS CRUELES
El 2 de
julio de 2019 la periodista Gabriela González, de El Pitazo, reportó:
-Familiares
de algunos militares detenidos narraron parte de lo que viven o vivieron
mientras estaban en la sede de la Dgcim.
Keyla
Flores, esposa del teniente Ruperto Molina, denunció que a su esposo y otros
militares “se los llevaron engañados a una reunión a la Dgcim. Les dijeron que
llevaran sus cosas y luego los detuvieron e incomunicaron. Les vendaron los
ojos y les hicieron firmar una acusación”.
Denuncia
que los encerraron en celdas de 2×2 y los obligaban a hacer sus necesidades en
bolsas plásticas y las mantenían allí por varias semanas. En el mismo lugar en
el que comían y dormían”.
Después
apuntó:
-El
teniente de fragata Gustavo Carrero Angarita sufrió algo similar, según relata
su madre, Saira Angarita, quien le dedicó un poema a su hijo y al capitán
Acosta Arévalo: “(…) En Venezuela, hoy nos toca honrar a un joven capitán.
Llevarlo a su última morada que, ojalá hubiese sido el mar”.
Prácticas
de asfixia mediante bolsas plásticas, electricidad y forrarlos con colchonetas
para luego golpearlos son parte del rosario de denuncias que hacen familiares
quienes aseguran que “los militares institucionales están tras las
rejas”.
Estos
dos oficiales llevan 13 meses detenidos acusados por el caso “Armagedon”. De
esos 13 meses, 10 estuvieron en la Dgcim y llevan tres en Ramo Verde.
Las
irregularidades se repiten. Después de la detención, la presentación en
tribunales se hizo cinco días después y no dentro de las 48 horas que dicta la
ley.
Nueve
meses después se efectuó la audiencia preliminar en la que se pasó a juicio a
los oficiales. Un juicio que aún no tiene fecha.
En el
caso de Molina, aún permanece en la Dgcim, pues es considerado “altamente
peligroso”, según le indicaron los funcionarías a su familia.
El
caso “Armagedon” compromete a oficiales de los cuatro componentes y se les
acusa de instigación a la rebelión y actos contra el decoro militar.
El Pitazo precisó además que todos
dejaron sentado ante tribunales militares que fueron torturados.
Cabe
señalar que la ley especial sobre la materia contempla sanciones penales contra
los jueces que hagan caso omiso de las denuncias de los prisioneros respecto a torturas
y tratos crueles recibidos por parte de sus carceleros, alegando que dichos
casos no son de su competencia.
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