Rodulfo González. TORTURA EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI (IV)

 

HASTA JUNIO DE 2020 LA TORTURA HABÍA ACABADO CON LA VIDA DE 72 PRISIONEROS

 

            El 26 de junio de 2020 Humberto Prado, comisionado de DDHH de la presidencia interina de Juan Guaidó, aseguró  que en 2019 los casos de tortura en Venezuela se incrementaron en más del 526% y resaltó que esta práctica se ha vuelto común por parte del “régimen” de Nicolás Maduro.

            -Desde la llegada de Maduro, en 2013, -señaló Prado en una Nota de Prensa emitida por el Centro de Comunicación Nacional- han muerto 72 personas a causa de torturas en Venezuela, de acuerdo a cifras de la ONG Provea que también señalan que entre enero y diciembre de 2019 los casos de tortura incrementaron en 526.6% en comparación con el año anterior.

            Luego indicó:

            -Los cuerpos de seguridad Cicpc, Dgcim y PNB han tenido mayor participación en estos delitos que se han ejecutado en establecimientos oficiales de detención o en zonas militares.

            Prado señaló además que para este año, Provea reportó las siguientes cifras:     -5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento.

            De igual modo apuntó que según Casla Institute, en 2019, 53% de las víctimas torturadas fueron civiles y 47% militares.

            Por otro lado, según esa ONG, en algunos casos, los funcionarios han realizado estas prácticas en centros clandestinos destinados para dicho fin. Asimismo Prado reveló que  “Un estudio que entrevistó a víctimas de violaciones a DDHH en Venezuela determinó que el 100% de los casos de tortura habían ocurrido en centros de detención o zonas militares”.

            Prado recordó igualmente la importancia de investigar estas torturas para sancionar a los responsables.

             -En Venezuela –denunció- existe un alto margen de impunidad en casos de torturas, lo que fomenta la repetición de tales prácticas. Ante ello, es imprescindible que el Estado se avoque a investigar, aun de oficio, los actos que pudieran constituir tortura; someta a los presuntos responsables ante la justicia y aplique las sanciones a las que haya lugar.

            Finalmente subrayó  que “toda víctima de tortura tiene derecho a gozar de una reparación integral por el daño sufrido, la cual, atendiendo al caso concreto, podrá incluir medidas de diversa índole, entre ellas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción”.

(Los dos organismos oficiales que deberían actuar en los casos de violación de los derechos humanos en los centros de reclusión, la Fiscalía General de la Republica y la Defensoría del Pueblo, no lo hacen porque responden a directrices de la narcodictadura. No se conoce de ningún caso en el que estos dos entes públicos hayan actuado de oficio para amparar los derechos humanos de los prisioneros políticos o comunes. El régimen ha hecho caso omiso de las órdenes emitidas por organismos internacionales para indemnizar a las víctimas de abusos y arbirariedades de los cuerpos de exterminio.  Un ejemplo es el de Linda Loaiza que llevó su caso a la  Corte Interamericana de Derechos Humanos y dicho organismo sentenció que el Estado debería indemnizarla, pero no lo hizo)