Comenzó la persecución a Bolsonaro: partido aliado de Lula pide meterlo preso
La diputada socialista Sâmia Bomfim lidera desde el primer día del nuevo gobierno la persecución política contra el exmandatario brasileño por supuestos actos antidemocráticos
Gabriela Moreno PANAM POST 
A solo horas de Luiz Inácio Lula da Silva haber asumido el poder en Brasil, la bancada del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) –aliado del nuevo gobierno– solicitó en la Cámara la prisión preventiva del expresidente Jair Bolsonaro ante el Supremo Tribunal Federal (STF), alegando que incitó a actos violentos tras las elecciones, como el bloqueo de carreteras y depredación de bienes públicos y privados.
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Para el partido aliado de Lula, Bolsonaro puede ser detenido porque perdió la prerrogativa del cargo. Así lo señala la diputada Sâmia Bomfim, quien además adelantó la existencia de una investigación por presuntos actos antidemocráticos por los cuales Jair Bolsonaro debería rendir cuentas «sin amnistía», asomando así una persecución judicial contra el exmandatario desde el primer día de la nueva administración del fundador del Foro de Sao Paulo.
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Cacería judicial
La arremetida de Bomfim muestra que se avecina una persecución contra Bolsonaro similar a la emprendida por los demócratas contra el expresidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, con la excusa del asalto al Capitolio.
En el caso de la persecución a Bolsonaro, la tolda política aliada de Lula exige incluso la retención del pasaporte y la ruptura del secreto telefónico y telemático del líder del Partido Liberal, así como también el registro e incautación de pruebas para dar inicio a un proceso judicial.
La acogida de la solicitud tiene probabilidades, considerando que Lula cuenta con un Poder Judicial integrado por magistrados de izquierda, tras el Partido de los Trabajadores haber designado a siete de los 11 miembros. Además, Alexandre de Moraes representa de forma tácita uno más a favor del nuevo gobierno, pues aunque fue postulado por el expresidente Michel Temer, favoreció a Lula desde el Tribunal Superior Electoral (TSE) que preside, prohibiendo en la campaña que se le llamara «ladrón», «corrupto» o «exconvicto», pese a que tenía dos condenas por corrupción que le fueron anuladas por estos jueces, e imponiendo multas y bloqueos bancarios a quienes lideraron las masivas manifestaciones en apoyo a Bolsonaro después de las elecciones.
De hecho, de Moraes multó con 22 millones de reales (4,1 millones de dólares) al Partido Liberal por intentar impugnar las elecciones. Sin embargo, el acorralamiento judicial de Bolsonaro parece inútil. El exmandatario aterrizó en Orlando, Florida, EE. UU. el viernes 30 de diciembre por la noche. Se desconoce la fecha de su regreso a Brasil.
Justicia a los pies de Lula
Este servilismo de los altos funcionarios judiciales de Brasil hacia Lula es evidente si además se añade que el juez del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, autorizó el financiamiento de los programas sociales de Lula por encima del tope de gasto establecido por la Constitución.
Mendes dictaminó que es «jurídicamente posible» el desembolso adicional de recursos para el programa Auxilio Brasil que liberará 145.000 millones de reales (28.000 millones de dólares) fuera del tope de gastos en los próximos dos años para esas erogaciones, según un reporte de Telam S.
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