CIDH condena asesinato de defensores de la tierra en Honduras
WASHINGTON – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó en una declaración el asesinato en lo que va de año de cinco personas defensoras de la tierra y el territorio en Honduras, e instó al Estado a realizar investigaciones diligentes y proteger a los defensores de derechos.
Los hechos “se enmarcan en un contexto de violencia histórica al que las personas defensoras en Honduras están expuestas constantemente, en particular las del Bajo Aguán y los territorios garífunas”, indicó el organismo hemisférico.
La zona del Bajo Aguán, río que cruza el noreste de Honduras y desemboca en el Caribe, ha sido desde 2008 escenario de conflictos entre miles de campesinos y un puñado de terratenientes, con más de un centenar de muertos en distintos episodios, la mayoría de ellos agricultores o activistas de derechos humanos.
Cientos de miles de garífunas conforman un grupo étnico, descendiente de africanos e indígenas, con comunidades en la costa caribeña de Honduras, Guatemala y Belice.
La Cidh recogió que el 12 de febrero fueron asesinados en Trujillo, del nororiental departamento de Colón, el defensor campesino Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier, integrantes de la empresa campesina “Gregorio Chávez”, del Aguán.
El 29 de enero fue asesinado Ricardo Arnaúl Montero, defensor garífuna e integrante del Comité de Defensa de la Tierra, en la comunidad de Triunfo de la Cruz municipio de Tela, Atlántida (norte). El Estado informó a la Comisión que estaría en proceso el esclarecimiento de los hechos.
El 18 de enero fue asesinado Omar Cruz Tomé, líder campesino y defensor de la tierra, presidente de la Cooperativa Los Laureles en Tocoa, Colón.
Y Aly Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del medio ambiente y territorio de la comunidad de Guapinol, fueron asesinados el 7 de enero, en el municipio de Tocoa, Colón, según el recuento de la Cidh.
Según la Comisión “en la región del Bajo Aguán estarían ocurriendo actos de violencia con posterioridad a la firma de un acuerdo celebrado entre el gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa) en febrero de 2022.
La Cidh ha identificado hostigamientos, criminalización a través del uso indebido del derecho penal y amenazas, así como atentados contra la integridad personal y pérdidas de vidas, a pesar de que ha dictado medidas de amparo para decenas de campesinos en la zona desde la década pasada.
El Estado hondureño informó a la Comisión del inicio de diálogos para cumplir los acuerdos con la Plataforma y la Copa.
La Cidh requirió al Estado adoptar medidas adecuadas para proteger los derechos a la vida e integridad de las personas integrantes de las comunidades garífuna de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra, “quienes desarrollan colectivamente acciones de defensa de los derechos del pueblo garífuna”.
La Secretaría de Derechos Humanos en Honduras ha rechazado públicamente estos hechos de violencia, reconoció la Cidh, a la vez que instó al Estado “a continuar investigando con la debida diligencia los hechos, enjuiciar y sancionar, tanto a los responsables materiales como intelectuales”.
El Estado hondureño “debe tomar como línea de investigación la posible relación entre estos hechos y las actividades de defensa de las víctimas”, planteó la Cidh.
“De igual forma, asegurar la incorporación de un enfoque diferenciado étnico-racial en la investigación, juzgamiento, y sanción, y en las medidas de reparación a familiares de todas las víctimas, y dar garantías de no repetición”, añadió.
Los asesinatos y otros actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos “tienen una consecuencia multiplicadora que va más allá de la afectación a su persona pues, cuando la agresión es cometida en represalia a su actividad, produce un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares”.
“Es indispensable que Honduras avance en combatir las causas estructurales que han permitido que la violencia contra estos colectivos permanezca. Debe fortalecer los mecanismos de reconocimiento y protección de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales”, concluyó la Cidh.
A-E/HM
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