Transparencia Venezuela urge a informar nombres, delitos y métodos del caso criptomonedas
La ONG cuestionó, en un comunicado, que «sea tan escasa la información pública» sobre la trama de corrupción que involucra a jueces, funcionarios del gobierno y legisladores por el desvío de 3.000 millones de dólares en criptomonedas. Alerta que «la opacidad (…) solo da paso al surgimiento de rumores que incrementan la incertidumbre y la desconfianza en las instituciones». En medio de la crisis nacional, reclama que «no se aguantan más desmanes, más cooptación del sistema que debería impartir justicia, más desfalco a la industria petrolera»
«Transparencia Venezuela apoya todas las gestiones que se hagan para combatir la corrupción, siempre que se adelanten de manera transparente y con apego a las leyes vigentes», dice la ONG en un comunicado con fecha 20 de marzo, en el que urgen a las autoridades correspondientes a aportar información amplia y oficial sobre la trama de corrupción conocida el viernes 17 de marzo, tras la actuación de la Policía Nacional Anticorrupción, caso que terminó arrastrando al ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, a presentar su renuncia.
«Resulta preocupante que pese a la gravedad de los hechos a la que hace referencia la Policía Nacional Contra la Corrupción, que fue reiterada en los anuncios realizados por el Ministerio Público, sea tan escasa la información pública».
Alerta Transparencia que «la opacidad (…) solo da paso al surgimiento de rumores que incrementan la incertidumbre y la desconfianza en las instituciones».
Estima la ONG que «un gran incentivo para que ocurran hechos como los denunciados» son «la falta de rendición de cuentas, la ausencia de un sistema de justicia autónomo e independiente, así como la inexistencia de información pública confiable, veraz y oportuna».
«El país tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo o el tamaño del patrimonio público comprometido», dice la ONG, que destaca que «en un país con una emergencia humanitaria compleja (…) impulsada principalmente por el patrón de gran corrupción (…) no se aguantan más desmanes, más cooptación del sistema que debería impartir justicia, más desfalco a la industria petrolera».
Recuerda Transparencia que como parte de su labor contralora desde la sociedad civil sigue de cerca «los más de 140 procesos por corrupción que han sido anunciados por sistemas de justicia de terceros países, en los que están involucrados fondos públicos venezolanos».
Sobre el reciente escándalo de los criptoactivos que, según la información extraoficial involucra 3.000 millones de dólares, «hasta la fecha, los nombres de los presuntos funcionarios y de empresarios detenidos solo se han conocido de manera extraoficial, así como las supuestas tramas de corrupción, los presuntos vínculos con organizaciones criminales y los ‘miles de millones extraviados’.
El texto urge que se informe al país sobre el procedimiento y también que en cada uno de estos casos la investigación alcance a todas las personas presuntamente involucradas. Debe difundirse información oficial sobre las medidas que se tomarán contra los señalados, la posible congelación de bienes y recursos».
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«Los graves casos de malversación podrían detectarse oportunamente y se resguardaría mejor el patrimonio público si los venezolanos tuvieran el acceso completo a las leyes de Presupuesto y Endeudamiento; el Ministerio del Petróleo y los demás despachos publicaran sus memorias y cuentas; Petróleos de Venezuela hiciera públicos sus informes de gestión; la Contraloría General de la República cumpliera con sus funciones y el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción rindiera cuentas de lo hecho desde su creación hace nueve años».
«Ahora es más urgente que los fondos públicos se destinen a atender las emergencias, que se incrementen las camas disponibles en los centros de salud, que los equipos funcionen, que se terminen las obras que se prometieron, que se paguen mejores salarios al personal médico, así como a los maestros y demás trabajadores públicos», exige Transparencia Venezuela.
Trayectoria de los involucrados
A falta de información pública, Transparencia Venezuela presenta datos recabados en fuentes abiertas sobre cada uno de los presuntos detenidos por el caso de las criptomonedas, para dar a conocer su trayectoria, vínculos, y responsabilidades que han tenido en el Estado:
Cristóbal Cornielles Perret- magistrado suplente del TSJ: presuntamente detenido por la liberación el pasado 9 de enero de 2023 de Oswaldo José Cheremos Carrasquel, alias «el Pelón» Cheremos, supuesto integrante de la banda Tren del Llano, caso novelesco denunciado en Ultimas Noticias y recogido en Suprema Injusticia.
Cornielles ha tenido los siguientes cargos públicos de responsabilidad:
• 2003. Apoderado Judicial de Pdvsa
• Asesor Legal del Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente
• 2017. Asesor Legal de la Asamblea Nacional Constituyente
• 15/1/2021. Consultor Jurídico de la Asamblea Nacional. Designado en la Gaceta Oficial No. 42.048
• 27/4/2022. Magistrado Suplente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Designado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.696
• 14/2/2023. Magistrado Accidental de la Sala Especial Primera de la Sala Político Administrativa. Designado por Gladys Gutiérrez en la Gaceta Oficial No. 42.570
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