Consejo de DDHH de la ONU calificó como “arbitraria” la detención de John Jairo Gasparini
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas emitió una opinión en la que califica como “arbitrario” el encarcelamiento de John Jairo Gasparini Ferbans, quien fue detenido el 18 de marzo de 2020 por parte de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el municipio El Hatillo del estado Miranda.
La información se dio a conocer en el mes de marzo a través de un documento en el que se afirma que tal acción de privación de libertad “contraviene” los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entre las características de este caso, que llevaron a calificarlo como categorías I y III, están: La falta de orden de aprehensión; la desaparición forzada y aplicación de la tortura; la falta de una evaluación individualizada; la falta efectiva de indicios que determinen que el Gasparini Ferbans se encuentra incurso en los delitos acusados; la admisión como prueba de una declaración presuntamente obtenida mediante tortura; la violación de la presunción de inocencia y el uso indebido de la prisión preventiva.
Libertad inmediata
Tras dar a conocer su veredicto sobre el caso de John Jairo Gasparini, el grupo de trabajo instó a los ejecutivos del Gobierno de Venezuela a adoptar las medidas necesarias para remediar esta situación, sin que exista dilatación, y ponerla en conformidad con las normativas internacionales.
Asimismo, el documento afirma que se debería poner en libertad a John Jairo y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación. También, se le pide al Gobierno dar inicio a una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad.
Sobre esto, el coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, Ezequiel Monsalve, afirma que este pronunciamiento “es vital, porque certifica -de cierta forma- las políticas que ejerce el Estado para detener a las personas de manera sistemática y generalizada”. Agregó que este tipo de acciones representan un crimen de lesa humanidad.
En este sentido, Monsalve puntualizó que la ONG Defiende Venezuela “certifica que los elementos de interés o de prueba o evidencia que aportó el Estado fueron insuficientes para justificar la detención de John Jairo Gasparín”.
Por otra parte, el también abogado y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, explicó que los próximos pasos a seguir son que el Estado venezolano proceda a implementar las recomendaciones que hizo el grupo y poner en libertad a este ciudadano lo antes posible.
Asimismo, añadió que se deberían iniciar investigaciones contra los funcionarios actuantes y contra las personas que generaron esta situación de incertidumbre para la víctima y sus familiares.
John Jairo Gasparini, preso de conciencia
El día de su “desaparición”, y hasta el 27 de marzo, sus familiares acudieron a las distintas instancias de justicia en el país para denunciar este hecho, sin embargo, en la mayoría de los casos recibieron respuestas negativas.
Su padre acudió en múltiples oportunidades a la Policía El Hatillo, CICPC y DGCIM, y en todas mostraban una negativa para tomar la denuncia.
Finalmente, en la sede principal de CICPC en la Av. Urdaneta (Caracas), admitieron su solicitud y días más tarde le informan que John Jairo había sido detenido por el DGCIM y que fue presentado ante los tribunales sin la presencia de familiares ni asistencia legal.
John Jairo, permaneció detenido en los calabozos del DGCIM, en donde fue víctima de torturas, golpes y lesiones que llegaron a deformarle sus dedos; también, pasó días sin comer y estuvo bajo hostigamiento permanente por parte de funcionarios del régimen de Maduro.
No fue hasta enero de 2021, que se llevó a cabo su audiencia preliminar en el que se le relaciona con el “Magnicidio”. Posteriormente, fue trasladado a Ramo Verde y, tiempo después, a la Cárcel “La Planta”, ubicada en El Paraíso.
El caso de John Jairo Gasparini demuestra cómo las instituciones judiciales en conjunto con el Estado venezolano violan permanentemente los DDHH de los ciudadanos, privándolos de libertad injustamente y atentando en contra de sus garantías fundamentales.
Por su parte, la decisión favorable del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, comprueba cómo la denuncia internacional es una vía efectiva para que las víctimas puedan exigir justicia, ante el incumplimiento de este derecho en Venezuela.
Lee aquí la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
Nota de Prensa
PUNTO DE CORTE
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