Cepaz denuncia una «persecución sofisticada» del gobierno de Maduro contra la población
TCDLa investigadora de Cepaz Nicole Hernández explicó que el año pasado contabilizaron 523 casos de persecución y criminalización, lo que se traduce en que cada 16 horas una persona u organización fue acosada en el país, pero en el primer trimestre de 2023 se registraron 272 casos, más de la mitad de los casos documentados el año pasado
La directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges, denunció este miércoles 24 de mayo la existencia de una «persecución sofisticada», así como la agudización de los patrones de acoso y criminalización contra la sociedad civil, especialmente desde el año pasado, por parte de la administración de Nicolás Maduro.
Borges destacó que esta «persecución sofisticada» existe sin que sea evidente ni aparente, por medio de los planes que ha avanzado el gobierno de Maduro por vía judicial o legislativa. «Si bien los actores siguen siendo perseguidos, el Estado está tratando de dar una apariencia de legitimidad» a través de políticas que amparan el asedio.
Durante la presentación del monitoreo hecho por la ONG en 2022, hecho a través de medios de comunicación y denuncias directa de víctimas y otras organizaciones, la directora de Cepaz destacó que el país no cuenta con mecanismos internos e independientes para la sanción de los casos de persecución o criminalización, mientras que «las víctimas que buscan justicia son calladas por el sistema de justicia que persigue y perpetúa la impunidad».
La investigadora de Cepaz Nicole Hernández explicó que el año pasado contabilizaron 523 casos de persecución y criminalización, lo que se traduce en que cada 16 horas una persona u organización fue acosada en el país, pero en el primer trimestre de 2023 se registraron 272 casos, más de la mitad de los casos documentados el año pasado.
El escenario es más complejo que en años pasados, destacó la investigadora. «No disminuyeron los casos porque la crisis comienza a superarse».
Los trabajadores y medios de comunicación fueron las personas más perseguidas durante 2022, seguidos de la población en general, personeros políticos, organizaciones no gubernamentales y universidades.
La investigadora destacó que, si bien hay un contexto de criminalización generalizada en el país, las mujeres son víctimas diferenciadas y desproporcionadas pues sobresalen actitudes entre los victimarios fundadas en el género. Puso como ejemplo el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue violada mientras estuvo recluida en la cárcel de Ramo Verde, lo que dejó secuelas físicas que no han sido atendidas de forma adecuada. Actualmente, la jueza padece de cáncer y los tribunales le prohibieron salir el año pasado para tratarse la enfermedad.
*Lea también: Tribunal niega permiso de viaje por motivos de salud a la jueza María Lourdes Afiuni
Entre los patrones más utilizados por la administración Maduro para perseguir o criminalizar a la población venezolana, Cepaz registró los hostigamientos y amenazas directas, irregularidades en procesos judiciales, el uso de órdenes de detención a través de tribunales afines, así como las detenciones arbitrarias; el cierre de emisoras de radio y los impedimentos para registrar un hecho noticioso.
El año pasado también se registró un caso de asesinato por negligencia del Estado. La investigadora de Cepaz recordó que se trató de Armando Flores Piñango, un capitán retirado a quien se le vinculó con daños a vehículos blindados en La Fría, estado Táchira.
Las fuerzas de seguridad fueron los principales perpetradores, seguidos de las instituciones o funcionarios públicos, personas adeptas al gobierno y la Fiscalía General de la República.
Nicole Hernández expresó que «a través del control de las instituciones púlicas y fuerzas de seguridad les permite (al gobierno de Maduro) ejercer estos patrones de criminalización, además con total impunidad, para garantizar su permanencia y perpetuidad en el poder».
Persecución contra medios y población
Los trabajadores de la comunicación fueron el segmento de la sociedad civil más perseguido el año pasado, cuestión que se materializó principalmente a través del cierre de emisoras ordenado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que, además, ha ejercido censura contra los directivos de radios.
Este castigo ejemplarizante ha servido para que las emisoras se autocensuren para evitar perder la concesión, señaló la investigadora. También destacó que «el ejercicio del periodismo en Venezuela se ha convertido en una profesión riesgosa. Cada vez que sale un periodista a comunicar una noticia en la calle, la radio o redes sociales, está corriendo el riesgo de ser perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro».
En el caso de la población, activistas y familiares de perseguidos, se registraron 148 casos de persecución y criminalización el año pasado, con un patrón de amenazas basado en órdenes de aprehensión o detenciones arbitrarias, ya sea contra funcionarios de la administración pública o efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Diego Izarra Saavedra puso el ejemplo de su tío, el capitán Juan Pablo Saavedra, acusado de estar implicado en la llamada «operación Gedeón», una supuesta rebelión militar para desestabilizar a la administración Maduro y sabotear las elecciones presidenciales de 2018.
El joven comentó que su tío fue imputado con los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar, pero no se tomó en cuenta la detención arbitraria que sufrió. La «causa en un limbo jurídico, no se fija fecha de apertura de juicio (…) Además de haber sido víctima de desaparición forzosa, tortura, su vida se deteriora en prisión (…) El trato recibido fue vejatorio en el hospital militar y no cuenta con los especialistas ni los equipos adecuados», señaló.
La familia del capitán Saavedra también sido perseguida, por lo que algunos del círculo cercano tuvieron que salir del país. «Nuestra familia está fragmentada (…) cada vez que recibo noticias de Venezuela están cargadas de angustia y dolor, porque algunas noticias son buenas sobre mi tío pero otras no».
«Todos los familiares de presos políticos tienen historias similares, a veces mucho peores», reconoció.
Mientras que para las organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos, los principales mecanismos utilizados por funcionarios e instituciones del Estado fueron las amenazas y los actos de hostigamiento. Criminalización por envío de información a Naciones Unidas, normativas para limitar el ejercicio de los derechos humanos, y las constantes acusaciones contra las ONG de tener motivos políticos esgrimidos por algunas personalidades como Diosdado Cabello.
No hay comentarios:
Publicar un comentario