ONG denuncian la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres ante la Cedaw
TCDMaría Cecilia Ibáñez, representante de la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos, denunció la existencia de esterilizaciones coaccionadas, a través del Plan Quirúrgico Nacional que implementa el Ministerio de Salud. La especialista explicó que por medio de este plan se ofrecen esterilizaciones principalmente a mujeres pobres, lo que consideran una discriminación por razones de género y sociales, pues además de que la oferta se dirige a los sectores más vulnerables, tampoco se ofrecen en igual medida jornadas de vasectomía
Una treintena de organizaciones no gubernamentales denunciaron ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) las vulneraciones sistemáticas de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas por parte del Estado a través de sus distintas instituciones.
Cristina Ciordia, coordinadora de incidencia de Cepaz, explicó en un evento paralelo a la sesión 85 de la Cedaw que este proceso de denuncia ha sido articulado entre las ONG y defensores, por lo que es deber de estas organizaciones el exigir y supervisar que se cumplan las recomendaciones de este Comité de la ONU.
Luisa Rodríguez Táriba, presidenta de Funcamama y vocera de la alianza «Con Ellas», resaltó la situación general en el país obtenida a través de una encuesta a 6.500 hogares en todo el país durante el año pasado. De 18 millones de personas con necesidas humanitarias, 9,5 son niñas, adolescentes y mujeres.
Seis de cada 10 mujeres dijo que su presupuesto se destina de forma casi exclusiva a la alimentación, mientras que 48% expresó que la cantidad de comida que lleva a su casa es deficiente y otro 33% dijo que era «escasa o muy escasa».
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61% de las mujeres LBTI (lesbianas, bisexuales, trans e intersex) indicó que usa diferentes métodos y estrategias para superar la inseguridad alimentaria; sin embargo, en el caso de mujeres trans ese número se incrementa a 74%.
Una de cada cuatro mujeres comentó que nunca o solo algunas veces cuenta con toallas sanitarias, mientras que tres de cada 10 expresó que ellas o sus familiares padecen situaciones de salud agudas o crónicas que no han podido ser atendidas de forma eficiente.
Respecto a la violencia de género, 7% de las mujeres entrevistadas dijo haber sido víctima de algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, simbólica, económica o sexual; mientras que el 64% de las mujeres adultas fueron agredidas por sus parejas o exparejas.
Derechos sexuales y reproductivos
María Cecilia Ibáñez, representante de la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos, señaló que la escasez de métodos anticonceptivos registrada en el país se produce desde hace muchos años «por negligencia del Estado», y no por la existencia de medidas coercitivas como han tratado de hacer ver las autoridades en su informe a la Cedaw.
Ibáñez denunció la existencia de esterilizaciones coaccionadas, a través del Plan Quirúrgico Nacional que implementa el Ministerio de Salud. La especialista explicó que por medio de este plan se ofrecen esterilizaciones principalmente a mujeres pobres, lo que consideran una discriminación por razones de género y sociales, pues además de que la oferta se dirige a los sectores más vulnerables, tampoco se ofrecen en igual medida jornadas de vasectomía.
También señaló que estas jornadas ocurren en circunstancias peligrosas e insalubres. Algunas «mujeres dicen que no tienen otra alternativa porque no tienen acceso a métodos anticonceptivos».
La representante de la Coalición además condenó la criminalización del aborto en el país, debido al impacto en la salud física y mental de las mujeres en general. «La criminalización no genera que haya menos abortos, sino que haya más abortos en condiciones inseguras».
Violencia desatendida hacia mujeres
Victoria Capriles, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH Unimet), indicó que a pesar de que el Estado venezolano afirma que garantizó la atención de violencia basada en género, existieron barreras estructurales y porcedimentales que obstaculizaron el acceso efectivo a la justicia.
La abogada, según la revisión legal hecha por varias ONG, destacó que la cantidad de procedimientos que se imponen desmotivan a la víctima durante los juicios. Además, los cuerpos de seguridad, fiscales o jueces se han creado perfiles sobre víctimas y si no encajan, se descarta la denuncia.
12% de las denuncias llegan a acusación o juicios, mientras que apenas el 42,2% de los agresores denunciados en 2022 han sido detenidos. «La tendencia es que se trata de que la mujer desista de la denuncia», aseguró.
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Las mujeres, según el CDH Unimet, también son revictimizadas por las autoridades que deberían protegerlas, pues además de la violencia a la que fueron sometidas por particulares, son víctimas de acoso y maltrato por parte de fiscales y efectivos de cuerpos de seguridad.
Capriles también destacó que, aunque desde 2014 se reconoce el tipo penal de femicidio, se deja por fuera la responsabilidad del Estado por acción u omisión, por lo que es necesario que se incorpore el término de feminicidio dentro de la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Poca representación y persecución
Luisana Subero, en representación de la Red Electoral Ciudadana, recordó que Venezuela no cuenta con una ley que reconozca una participación efectiva y paritaria de las mujeres en cargos de elección públicos. En más de 100 partidos políticos revisados por la Red, solo seis de ellas están lideradas por mujeres.
Además se contabilizaron 868 casos de violencia política, 63 de ellos específicamente contra líderesas comunitarias, regionales o nacionales que fueron víctimas de persecución, amenazas, inhabilitación política e intimidación contra ellas y sus familias.
Subero recordó que en las elecciones de 2021, de 23 gobernaciones, solo dos mujeres obtuvieron el cargo; apenas hay 62 alcaldesas de 335 municipios, mientras que hay 1.312 concejales y solo mil concejalas. También señaló la escasa representación de mujeres jóvenes, pues aunque se registró 53,48% de postulaciones, esto se tradujo en apenas 17% de las adjudicaciones.
En el caso de la Asamblea Nacional electa en 2020, solo se escogieron 94 mujeres de 277 diputados, es decir, la representación de mujeres dentro del parlamento es de 33,57%, lo que redunda en las propuestas que beneficien a este sector específico de la población.
Por su parte, Andrea Duque, de la organización Joven Pride, señaló que los derechos de las defensoras de derechos humanos se encuentran en riesgo, especialmente aquellos relacionados a la asociación pacífica y libertad de asociación.
Por ello, consideran necesario que se eliminen las restricciones a registros de organizaciones no gubernamentales, que el Ejecutivo se abstenga de aprobar leyes que liminten el derecho a la asociación y se implementen medidas para evitar la discriminación de líderes feministas, así como que se garanticen el acceso sin restricciones a la cooperación internacional y la adopción de reformas legales que sean pertinentes junto a la sociedad civil en derechos sexuales y reproductivos, así como de mujeres indígenas, racializadas, intersex y trans.
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