El 18 de febrero de 2021 un despacho de Inter Press Service destacó:
-GINEBRA, 18 feb 2021
(IPS) - Cuatro de cada 10 venezolanos migrantes o refugiados
en naciones vecinas fueron desalojados de las viviendas que ocupaban durante la
pandemia covid-19, y otros tantos están en riesgo de perder su hogar en los
países de acogida, mostró un estudio conducido por agencias especializadas de
las Naciones Unidas.
“Mi esposo se quedó sin empleo, y
nos cayó el arriendo, los gastos, la comida. Tuve que tocar puertas porque
sabía que me iba a quedar sin nada, porque nosotros aquí no conocemos a nadie”,
contó a los encuestadores Kelly, una refugiada venezolana en la ciudad de
Medellín, oeste de Colombia.
Kelly logró recibir ayuda de la Cruz
Roja y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que
junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) condujo el
estudio apoyado además por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Después apuntó:
-Pero muchos miles más no han tenido
la misma suerte, no han recibido ninguna ayuda de los gobiernos antes o después
del desalojo, y según el estudio tres de cada cuatro hogares desalojados
enfrentan nuevos riesgos de desalojo. Una quinta parte de las personas
afectadas son mujeres embarazadas o madres de niñas y niños.
Hasta el año pasado, 4,6 de
los 5,4 millones de venezolanos que salieron en los últimos seis años de su
país, huyendo principalmente de la crisis económica, arribaron a los países de
América Latina y el Caribe, y Acnur y la OIM conformaron una plataforma para
coordinar sus auxilios.
Y a continuación indicó:
-Muchas personas refugiadas y
migrantes en la región, dependientes de la economía informal para sobrevivir,
perdieron sus trabajos durante la pandemia y viven en situación de pobreza, sin
poder cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago de alquiler, señaló el
estudio.
Colombia, donde hay cerca de 1,8
millones de venezolanos, es el país con mayor número de casos en los que se le
ha notificado del desalojo a los hogares encuestados, 69,5 por ciento, seguido
por Brasil (59), Ecuador (58,4) y Perú, con 55,7 por ciento.
Posteriormente puntualizó:
-Los desalojos afectan los derechos
humanos económicos y sociales de las personas migrantes, refugiadas y
desplazadas, y, en el contexto actual, principalmente el acceso a la vivienda
digna de las personas venezolanas”, expresó Julissa Mantilla, relatora sobre
derechos de los migrantes en la CIDH.
Según las encuestas, que fueron
realizadas en siete países –Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y
República Dominicana- en la mitad de los hogares entrevistados sus ocupantes
viven en una sola habitación.
El estudio también mostró que 11 por
ciento de todos los desalojos resultaron en indigencia, y tres de cada cuatro
de los hogares encuestados caerían en indigencia si fueran desalojados de la
vivienda que ocupan.
La indigencia aumenta para las
personas migrantes el riesgo de contagio de covid, así como de estigmatización
y de ser explotadas y abusadas sexualmente, indicó el estudio divulgado en esta
ciudad sede de Acnur y la OIM.
Varios gobiernos, para prevenir la
indigencia durante la pandemia, prohibieron temporalmente los desalojos, entre
otras medidas, pero algunas de estas regulaciones ya expiraron o culminarán una
vez finalice la declaración de emergencia.
Asimismo, según el informe, los
propietarios no cumplen esas medidas en todos los casos, y seis de cada 10
hogares que enfrentaron desalojos no tenían contrato formal.
En la encuesta se reportaron
diferentes tácticas de desalojos, como amenazas o uso de violencia física,
sexual, el acoso, y la interrupción de servicios como agua, electricidad y gas.
La falta de asistencia institucional incrementa la vulnerabilidad,
especialmente para mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad.
Más adelante especificó:
-Eduardo Stein, representante de
Acnur y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, dijo que “la necesidad
de garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda, como paso
siguiente a los esfuerzos en regularización, es clave para evitar que sigan aconteciendo
situaciones tan dramáticas”.
En otros datos de la encuesta, 86
por ciento manifestó que el principal impacto de la covid es la acumulación de
deudas, y las consecuencias más temidas ante los desalojos son que el hogar
quede en situación de calle, el riesgo al contagio por la covid y la falta de
acceso a los servicios públicos.
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