La conspiración bancaria de 1993-1994 y la defenestración del presidente CAP, por Pedro Rosas Bravo
En la nueva obra que he publicado, titulada: La Crisis Bancaria 1993-1994. El Banco Latino: Anatomía de una muerte inducida, usted podrá conocer cómo se concibió́, organizó y desarrolló la crisis política y financiera que condujo al fin de la democracia venezolana. Con la lectura de dicha obra, podrá conocersé a los actores de ese proceso y los detalles de cómo se urdió la conspiración contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se sorprenderá de la trama de intereses que crearon el clima financiero y político, los cuales facilitaron la llegada de Hugo Chávez al poder.
De la crisis política a la crisis bancaria
El “affaire” de la rectificación presupuestaria de los 250 millones de bolívares –la infame partida secreta– está estrechamente vinculado con la crisis bancaria de 1993-94. En ambos casos los principales personajes y sus roles protagónicos son los mismos, confirmando una vez más que las crisis bancarias siempre tienen, directa o indirectamente, un origen político. La conspiración política se hizo pública en noviembre de 1992, cuando José Vicente Rangel denunció al presidente Pérez por la conversión a dólares en el Banco Central de 250 millones de bolívares provenientes –mediante rectificación presupuestaria– de fondos de la partida secreta, efectuada en febrero de 1989, en momentos en que el Banco Central estaba presidido por el doctor Pedro Tinoco y ejercía la primera vicepresidencia el doctor José Vicente Rodríguez Aznar.
Como consecuencia del ambiente creado por el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, fue destituido de la presidencia del Banco Central el doctor Pedro Tinoco hijo, quien había participado en el diseño y posterior ejecución de la primera fase del Gran Viraje, y luego regresaría al Banco Latino como presidente de su consejo de coordinación hasta su fallecimiento, el 31 de marzo de 1993.
Rangel pudo armar su denuncia porque subrepticiamente recibió información de un funcionario del Banco Central, adversario del presidente Pérez y opuesto a su política, que conocía de la operación del canje de dólares con fondos de la mencionada rectificación presupuestaria, así como de los errores en la operación que se cometieron en esa institución en febrero de 1989. Debido a su posición jerárquica, este funcionario tuvo conocimiento de la existencia del cheque a nombre de la Secretaría de la Presidencia, del cual obtuvo una copia que le hizo llegar a Rangel a mediados de noviembre de 1992, lo que le permitió iniciar la conspiración que condujo a la defenestración política del presidente Pérez.
El funcionario “informante” se atrevió a correr ese riesgo porque ya no estaban al frente de la institución ni el doctor Pedro Tinoco ni el doctor José Vicente Rodríguez Aznar, quienes, de haber estado, habrían ordenado de inmediato una exhaustiva investigación por parte de la gerencia de seguridad, adscrita a la presidencia del instituto y dirigida en ese entonces por el doctor Pedro Aranguibel, funcionario de sólida formación en el campo de la seguridad bancaria y de intachable conducta y solvencia moral.
Para el momento de la filtración, que estimamos debió ocurrir después de abril de 1992, el BCV estaba presidido por la dupla integrada por los economistas Ruth de Krivoy, como presidente, y Omar Bello Rodríguez, como primer vicepresidente, quien había sido designado para ese cargo durante el muy breve lapso de gestión del doctor Miguel Rodríguez como presidente del instituto, que venía de ocupar la cartera de Cordiplan en el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez.
De haberse realizado la referida investigación, se habrían identificado muy rápidamente al informante y se hecho del conocimiento público los múltiples errores de varios funcionarios del Banco en la ejecución del canje de la rectificación presupuestaria. En lugar de realizarse la investigación, se encubrieron las irregularidades cometidas por los funcionarios del Banco, y en concordancia con esta posición, se les preparó internamente para que respondiesen a los interrogatorios previstos en la comisión de contraloría del Congreso para que toda la responsabilidad del ilegal canje en dólares de la rectificación presupuestaria recayese sobre el primer vicepresidente, doctor Rodríguez Aznar y los respectivos directores generales de administración; del ministerio de Relaciones Interiores y del ministerio de la Secretaría de la Presidencia.
La identidad del funcionario informante ha generado numerosas especulaciones y sospechas desde entonces, concentradas en el Banco Central de Venezuela. Mirtha Rivero, en su extraordinario libro “La rebelión de los náufragos” puntualizó lo siguiente:
“Una de las teorías sobre cómo se filtró la información que dio pie al caso de la partida secreta indica que fue un funcionario del Banco Central, con vocación de izquierda, quien se da cuenta del manejo irregular, fotocopia la información—o el cheque en cuestión— y la entrega a Rangel; y Rangel decide guardarla para usarla en mejores tiempos”.
De igual manera, el presidente Pérez, en la amplia entrevista que les concedió a los periodistas Ramón Hernández y Roberto Giusti en 2006, expuso sus propias sospechas que apuntaban también en la dirección del Banco Central: “El Banco Central de Venezuela emitió un cheque a nombre del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia que tuvo que ser anulado a los pocos días por los propios funcionarios del Banco Central puesto que se trataba de una operación errónea. Lo curioso es que El Nacional publica el cheque, pero sin los sellos de anulado, y se desencadenó el escándalo y el sometimiento a juicio aprobado por la Corte Suprema… Hubo en el Banco Central, necesariamente, gente avisada políticamente que preparó la trampa y la puso en manos de José Vicente Rangel. El cheque para la Secretaría fue un error que el Banco Central corrigió́ inmediatamente. No hay la menor duda: de esa falsedad partió todo el juicio para defenestrarme.”
Conviene referirnos a algunos antecedentes que nos permitirían entender la posición asumida desde las altas esferas del Banco Central de Venezuela durante el lapso 1993-1994, movido por la condición de adversarios políticos del presidente Pérez y opuestos a las medidas adoptadas durante su segundo gobierno. Omar Bello, economista egresado de la Universidad Central, después de haber militado con mucho fervor en uno de los partidos de la extrema izquierda que fomentaron y dirigieron grupos guerrilleros en la década de los sesenta, decidió ingresar a una institución como el Banco Central de Venezuela, respetuosa de la posición política de los aspirantes a ingresar a esa institución, y propicia para desarrollar una línea de carrera profesional, y así dar la imagen de que había dejado atrás su pasado extremista. Sin embargo, mientras se desempeñaba en altos cargos del Banco Central de Venezuela, Bello hizo alarde de sus convicciones políticas como ad- versario del presidente Pérez y opuesto a su gobierno –digamos en palabras exactas, un tartufo redomado–, las cuales se pusieron de manifiesto cuando, después de ser designado como presidente del Banco Central de Venezuela, el doctor Miguel Rodríguez, le creó tal ambiente adverso que llevó al doctor Rodríguez a presentar su renuncia el 1o de abril de 1992, después de haber sido designado presidente de la institución el 23 de febrero de ese mismo año; es decir, renunció a los pocos días de haber comenzado a asumir las funciones inherentes al cargo.
De acuerdo con lo que me fue expresado por el propio Miguel Rodríguez, apenas posicionado como presidente, fue conminado por Omar Bello, en su carácter de primer vicepresidente, a que renunciase a la presidencia del Banco Central de Venezuela, argumentando que los principales vicepresidentes y gerentes de la institución estaban en desacuerdo con su designación por parte del presidente Pérez. Ante tal circunstancia, el doctor Rodríguez tomó la decisión de renunciar. Como reemplazo del doctor Rodríguez el presidente de la República estimó conveniente designar al siguiente funcionario de mayor jerarquía en la institución, el primer vicepresidente. Sin embargo, cuando el doctor Rodríguez le comunicó esta propuesta al economista Omar Bello –una designación que representaría un logro profesional notable para un funcionario de carrera del Banco Central de Venezuela–, esta fue terminantemente rechazada por Bello, argumentando “que no sería presidente del instituto bajo un gobierno dirigido por Carlos Andrés Pérez”.
A raíz de la negativa de Bello, el presidente Pérez decidió nombrar a la doctora Ruth de Krivoy, de larga trayectoria en el Banco Central y experta en temas bancarios, quien, ya jubilada, se encontraba en ejercicio privado de su profesión y, como tal, había sido miembro de la comisión designada por el presidente Lusinchi para el refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela. La nueva presidente del Banco no suscribía tampoco muchas de las medidas contempladas en el Gran Viraje y formó parte del consejo consultivo de ocho miembros designado por el presidente Pérez el 26 de febrero de 1992. La mayoría de los integrantes de ese consejo no compartían tampoco las medidas contenidas en el programa de reformas económicas e institucionales adoptadas por el gobierno del presidente Pérez. Los “notables expertos” integrantes del referido consejo, elaboraron, en apenas dos semanas, 125 recomendaciones, que conformaban una maraña de propuestas inviables, sin ningún criterio analítico, ni sustentadas en fuentes documentales confiables, como es de rigor. La segunda recomendación del referido consejo ponía en total evidencia sus propósitos de desestabilización política e institucional. Cito: “Decidir sobre la conveniencia o no, de dar por concluidos los actuales períodos constitucionales de la presidencia de la República y de los integrantes de las cámaras de Diputados y del Senado, de las asambleas legislativas de los estados y de la Corte Suprema de Justicia”.
Durante el período en que el Banco Central de Venezuela fue dirigido por la doctora Krivoy como presidente y el doctor Bello como primer vicepresidente –entre mediados de 1992 y mediados de 1995– se ocultaron los hechos irregulares cometidos por los funcionarios que atendieron los trámites relativos a la partida secreta; se protegieron y ase- soraron a dichos funcionarios para desviar las sospechas sobre el manejo irregular de los fondos de la partida secreta hacia la presidencia de la República y sus ministros de Relaciones Interiores y Secretaría de la Presidencia, y para avalar la falsa acusación contra el doctor Rodríguez Aznar, primer vicepresidente del Banco Central de Venezuela durante la presidencia del doctor Tinoco, y así ocultar a las autoridades competentes el nombre del funcionario que había entregado a José Vicente Rangel copia del cheque erróneo a nombre del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia . Como prueba documental de lo que señalo anteriormente, mi obra incorpora en sus anexos la confesión escrita de Asdrúbal Grillet, tesorero del Banco Central de Venezuela.
Fue esta misma dupla, Krivoy-Bello, la que manejó de manera parcializada, discriminatoria y con escaso profesionalismo la expulsión de la Cámara de Compensación, posterior intervención y cierre del Banco Latino, que desató la macro crisis bancaria en 1994, todo lo cual se expresó, dada la gigantesca creación de dinero primario por parte del Banco Central de Venezuela (auxilios financieros), en una devaluación cambiaria de 519,98 %, una expansión inflacionaria de 947 % y un incremento de la liquidez monetaria de 541 % entre finales de 1993 y diciembre de 1998.
La crisis bancaria de 1993-94 no solo condujo a la intervención y cierre del Banco Latino, sino a la intervención y estatización de 20 instituciones bancarias, para lo cual fue necesario dotar de recursos a Fogade por un monto de 1.772.437 millones de bolívares, a fin de cubrir los auxilios financieros de las instituciones bancarias intervenidas o en fase de liquidación. Para concluir, convendría relatar el caso de los bancos Venezuela y Consolidado, propiedad del doctor José Álvarez Stelling, amigo personal del presidente Pérez y del doctor Tinoco. La campaña para desestabilizar estos dos grandes bancos se inició en abril de 1993. Las nuevas autoridades financieras del país tenían un pasado conflictivo con estas instituciones. La doctora Krivoy había sido presidente ejecutiva del grupo Consolidado a principios de los años ochenta, hasta ser despedida por Álvarez Stelling sin mediar muchas explicaciones. En el círculo cercano al presidente Caldera –predispuesto por personas de su círculo cercano contra “los banqueros amigos de Carlos Andrés Pérez”– destacaba Carlos Bernár- dez, casado con una sobrina de la esposa del presidente Caldera, nombrado ministro de EstadoPresidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, quien había sido presidente del banco de Venezuela hasta ser destituido del cargo por el Grupo Álvarez Stelling, luego de la batalla accionaria librada pocos años antes por el control de esa institución. El doctor Tinoco, siendo presidente del Banco Central de Venezuela, actuó como mediador y conciliador entre los accionistas en conflicto, por encargo del presidente Pérez.
Carlos Bernárdez repudiaba al Banco Latino por considerarlo afecto al grupo Álvarez Stelling. Después de la intervención del Banco Latino, fueron designados interventores varias personas que habían estado en cargos directivos y ejecutivos del banco de Venezuela en la época de Bernárdez.
Y por último, tenemos el caso del doctor Gustavo Roosen, otro de los grandes artífices y ejecutores de la crisis bancaria. Roosen había sido un alto ejecutivo de empresas Polar antes de que el presidente Pérez lo nombrara, primero, ministro de Educación, y luego presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Después de la caída del presidente Pérez se sumó abiertamente a la campaña electoral de Caldera, ya que era muy amigo de Bernárdez y apoyó abiertamente al grupo Polar en su disputa accionaria con Álvarez Stelling por el control del banco de Venezuela. En abril de 1994, en medio de la gran tormenta bancaria, el presidente Caldera lo nombró “comisionado del presidente de la República para la reforma del sistema financiero”, cargo que desempeñaba con una dualidad de funciones incompatibles, puesto que al mismo tiempo ejercía como presidente de la junta interventora del Banco Latino. Los tres altos funcionarios del gobierno de Caldera –Krivoy, Bernárdez y Roosen– actuaron de inmediato contra el grupo Álvarez Stelling: los días 8 de agosto y 12 de septiembre de 1994, el banco de Venezuela y el banco Consolidado fueron, respectivamente, “estatizados” a través de la adquisición del paquete accionario del principal accionista, Álvarez Stelling, por el valor simbólico de un bolívar (Bs. 1,00).
La crisis bancaria de 1993-1994: Génesis de la conspiración contra Carlos Andrés Pérez
A comienzos del año 1994 explotó en Venezuela la crisis bancaria más grande ocurrida en el mundo hasta esa fecha, medida en proporción al tamaño de la economía venezolana. Esta crisis culminó con 4 bancos liquidados, 9 grupos financieros intervenidos, 6 nuevos bancos en manos del Estado, 553 agencias menos y 20.000 empleados bancarios a la deriva. Así ́ mismo, provocó un déficit fiscal del sector público consolidado del 15,2% del PIB, incluyendo los auxilios financieros por 9%. Además, las reservas internacionales netas disminuyeron un 45%, el bolívar se devaluó un 88% y la tasa de inflación fue de 25% en esos primeros seis meses, para llegar al final del año al 71%. La crisis bancaria venezolana se puede calificar como un “verdadero desastre bancario”.
La crisis que analizamos en la presente obra no emergió en forma espontánea de un día para otro. Durante años concurrieron una serie de elementos que contribuyeron a debi litar el sistema financiero y muy especialmente, en forma acelerada, desde mediados del año 1993. Pero la explosión de la crisis en toda su magnitud tiene dos fechas ciertas, con apenas tres días de distancia entre ellas. Ellas fueron el 13 y el 16 de enero de 1994. En la primera, el Banco Central de Venezuela excluyó al Banco Latino del sistema de compensación bancaria por no poder cubrir este instituto sus saldos adversos del día anterior y negársele el auxilio financiero que luego se prodigó a los otros bancos afectados.
En la segunda, el gobierno nacional tomó la decisión de intervenirlo, cerrando sus puertas al público durante casi tres meses.
El Banco Latino era el eje del primer grupo financiero del país y el segundo banco del sistema con mayor volumen de depósitos del público. Las decisiones gubernamentales contra esta institución financiera fueron la chispa que hizo explotar la crisis bancaria venezolana. Poco tiempo después, se produjo el llamado “efecto dominó”. Uno tras otro fueron cayendo varios grupos financieros, hasta llegar a la mitad del sistema bancario nacional. En la expulsión del Banco Latino del sistema bancario se dieron una serie de extrañas circunstancias, bancarias y extra bancarias, que lo diferencia de los demás casos de bancos siniestrados, las cuales hicieron que fuera el primer banco en sucumbir a la crisis, a pesar de que existían otros bancos en peores condiciones financieras y patrimoniales y con menor capacidad económica de resistencia
Como se evidencia y documenta en varios acápites de la presente obra, el análisis frío de las situaciones demuestra que el estallido de la crisis se habría podido evitar si las autoridades y la banca privada hubieran atendido el caso del Banco Latino con mayor ponderación y visión de futuro, sin dejarse llevar por rivalidades gremiales e institucionales, venganzas políticas contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, odios personales contra los banqueros que apoyaban el programa de reformas económicas del Presidente Pérez e intereses de grupos económicos . Esto no significa para nada que estemos negando los factores estructurales de la crisis, que evidentemente estaban latente en amplias proporciones, ni que exoneremos a los banqueros de la responsabilidad que puedan haber tenido en la administración de sus instituciones. De eso se han ocupado los tribunales dentro y fuera de Venezuela.
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