Tribunal en Bolívar prohíbe «promover conflictos» a más de 15 sindicalistas en Sidor
A varios sindicalistas en Sidor, estado Bolívar, se les decretó una medida cautelar innominada en la que se les prohíbe, entre otras cosas, «promover situaciones de conflictos, de violencia verbal, uso de afiches, pancartas o cualquier tipo de instrumento que incite al odio»
En horas de la noche del martes 13 de junio, funcionarios de la Guardia Nacional en el estado Bolívar entraron a la planta Pellas en Sidor con el fin de leer un citatorio para, presuntamente, para varios líderes sindicales. En el mismo, incluyeron a los tres detenidos en días pasados: Leonardo Azócar, Juan Cabrera y Daniel Romero.
Según los videos que circularon por las redes sociales, los funcionarios leyeron que «se decretó medida cautelar innominada en la acción interpuesta por la Corporación Venezolana de Guayana».
De acuerdo con una publicación de la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, titulada «Las medidas cautelares innominadas en el proceso civil venezolano», de la abogada Evelyn Morales , esta figura de medida cautelar innominada se define como:
«Aquella que el legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede burlada en su derecho. Es importante destacar la procedencia de las medidas cautelares innominadas, las que dependen fundamentalmente, del cumplimiento de los requisitos que, para tal fin, preceptúa la ley. De esta manera, se puede destacar que estas medidas son importantes para asegurar que cierto derecho, por ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca su existencia, pueden ser adoptadas aunque no encuadren en algunos de los tipos específicamente previsto por la legislación procesal, puede ser solicitadas y ordenadas en razón de su aptitud para asegurar provisionalmente la efectividad de un derecho entre los posibles tipos de medidas cautelares».
En el texto de la citación leída por los funcionarios de la Guardia Nacional en Sidor, emanada desde los tribunales en Bolívar, se lee que los sindicalistas José Mago, Roger Herrera, Jackson Astudillo, Yván Patiño, Miguel Ángel Susarret, Zoni Lizardi, Remys Ramos, Ramón Marín, Javier Alexander Rivas, Víctor Sulbarán, Richard Rodríguez, Oliver Herrera, Álvaro Luces, Hermes Rodríguez, Yuxgil Martínez, César Soto y Almando Simoza fueron exhortados a que se abstengan de cualquier acto de fuerza «y amenazas de cualquier tipo» que se relacione con la paralización de Sidor.
Que eviten promover cualquier acto de violencia dentro de las instalaciones de Sidor. Además, se les prohíbe ocupar o incentivar alguna paralización en las empresas básicas y que no tranquen las vías que llegan a las plantas en Ciudad Guayana.
Además, el dirigente sindical César Soto declaró que, junto a esta medida cautelar, estarían emitiendo despidos a los obreros que siguen en huelga.
Por su parte, la ONG Provea exigió la liberación de Leonardo Azócar y Daniel Romero, así como el respeto a sus reclamos colectivos. Por ello, acusó al Estado venezolano de incumplir las recomendaciones de la OIT, reseñó Swiss Info.
Daniel Romero y Leoandro Azócar, trabajadores de Sidor y dirigentes sindicales detenidos el pasado domingo 11 de junio por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tras varias jornadas de protestas laborales, serán presentados ante un tribunal de «terrorismo» en Caracas, informó Provea el martes 13 de junio y resaltó que hasta el momento se desconocen los cargos por los que fueron detenidos.
A través de sus redes sociales, la ONG defensora de derechos humanos dijo que «el gremio se mantiene en huelga en Planta de Pellas para exigir mejoras salariales y restitución de beneficios». Asimismo, aseguró que «los trabajadores denunciaron que la estatal les cortó electricidad y suspendió servicios de agua, alimento y transporte tras sus exigencias».
Esto ocurre el mismo día en que el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, aseguró que se convoca a los trabajadores de las empresas básicas a establecer mesas de trabajo con la junta interventora de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y el titular de la cartera de Trabajo, Francisco Torrealba, con el fin de buscar salida a la crisis laboral que se registra en Ciudad Bolívar.
En un acto rodeado de simpatizantes del oficialismo, el gobernador Marcano destacó que no se niega la lucha de los trabajadores por reivindicaciones, ya que las asumen por «convivir con ellas»; pero advierte que lo que no aceptan «es que con métodos violentos y usando el amedrentamiento se quiera imponer un modelo que es contradictorio y esclavista que obedece a intereses imperiales (…) En Guayana las trasnacionales y el imperialismo no pasarán».
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