POR Diego Marcano Arciniegas PRODAVINCI 07/08/2023
Hace un año, el 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia. El primer aniversario de su mandato se produce poco más de una semana después de que su hijo, Nicolás Petro Burgos, fuese detenido el pasado 29 de julio por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, según informó la Fiscalía General de la Nación.
En la audiencia de medida de aseguramiento, el 4 de agosto, el fiscal asignado al caso, Mario Burgos, afirmó que fondos ilícitos fueron introducidos en la campaña de Gustavo Petro para las elecciones de 2022, en las que resultó electo, y que su hijo, Nicolás Petro, usó parte de esos fondos para su propio enriquecimiento.
La detención del hijo del presidente fue el más reciente movimiento de la Fiscalía General dentro de la investigación, un proceso que viene corriendo desde el pasado mes de marzo, y que comenzó luego de que Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, afirmara en una entrevista concedida a la revista Semana, que su ex pareja se había beneficiado personalmente de contribuciones por 300 mil dólares destinadas a la campaña de su padre, y que fueron proporcionadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Nicolás Petro, exasambleísta del Departamento Atlántico y figura clave del petrismo en la región de la costa Caribe de Colombia, optó por cooperar con la Fiscalía a cambio de que se le concediera la posibilidad de servir su condena bajo arresto domiciliario. Tras haber negado inicialmente cualquier conducta indebida cuando la investigación sobre la financiación ilícita de la campaña Petro Presidente fue revelada por el Fiscal General en el mes de marzo, calificando las acusaciones de «perjudiciales y sin fundamento», ha consentido ahora, cinco meses después, cooperar con la investigación, y se ha comprometido a compartir información que podría corroborar la supuesta financiación irregular de la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro.
A lo largo de las 9 horas que duró la audiencia, el ente acusador expuso un amplio conjunto de pruebas que sugieren que Nicolás Petro incurrió en actos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de procedencia ilícita. La investigación señala también a Day Vásquez por presuntos cargos de lavado de activos y uso no autorizado de datos personales.
La Fiscalía mostró dos organigramas que ilustran quiénes eran las personas asociadas con Nicolás Petro y su exesposa durante los momentos en que presuntamente recibieron fondos de origen ilícito en nombre de la campaña “Petro Presidente”. Algunos de estos fondos terminaron en sus cuentas bancarias personales, mientras que otros se utilizaron para financiar eventos de la campaña del entonces candidato.
El segundo cuadro incluye una lista de 16 personas que presuntamente participaron en el ocultamiento de dineros ilícitos, todas vinculadas a la pareja. Entre los señalados durante la audiencia por la Fiscalía figuran nombres como el del diputado Agmeth Escaf y su expareja, Antonia Pardo, quien inicialmente formara parte del equipo de comunicación de la campaña y más tarde se convirtió en responsable de prensa del Ministerio del Interior; el ex embajador en Venezuela, Mario Benedetti, y la ex jefe de gabinete, Laura Sarabia; la primera dama, Verónica Alcocer, y su primo, el exsenador Mario Fernández Alcocer.
Audios presentados por la Fiscalía apuntan a que Samuel Santander Lopesierra, exsenador del congreso colombiano en 1994 y extraditado en 2002 a Estados Unidos y sentenciado por cargos de narcotráfico, contribuiría a financiar la campaña presidencial del actual presidente.
El presidente Gustavo Petro se refirió al caso judicial contra su hijo en un comunicado divulgado en su cuenta Twitter el 4 de agosto, donde expresó su angustia personal al afirmar: «Recibo con dolor la información sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la Costa».
Además, enfatizó: «En cuanto a la institución, sin dudarlo, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe ser aplicada imparcialmente, siguiendo el debido proceso y todas las garantías constitucionales».
Tras conocerse las últimas revelaciones de la Fiscalía, congresistas de la oposición han solicitado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que se investigue al presidente. Algunos incluso han pedido su renuncia. La oposición también pidió al Consejo Nacional Electoral abrir una investigación por presuntas violaciones a los límites de financiamiento de la campaña electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia.
Otra de las reacciones que no se han hecho esperar ha sido la petición de renuncia de Ricardo Roa a su cargo como presidente de la empresa petrolera estatal Ecopetrol, la cual dirige desde hace varios meses. Por su papel como gerente de la campaña presidencial de Petro en 2022, Roa figura como uno de los principales responsables de la gestión de los recursos financieros de la campaña.
En junio, en medio del escándalo que desató la filtración de los audios de Armando Benedetti y Laura Sarabia, en los que Benedetti hace referencia al presunto financiamiento ilegítimo de la campaña de Petro, Ricardo Roa negó cualquier irregularidad y afirmó que recibió esas declaraciones con sorpresa.
«Los dineros que ingresaron a la campaña están debidamente registrados en la plataforma Cuentas Claras. Asumo la responsabilidad de que los recursos que maneja oficialmente la campaña, y por ‘oficialmente’ me refiero a que están debidamente registrados, no recibieron ningún apoyo o respaldo de fuentes ilegales o indebidas, ni de origen distinto a la financiación documentada», declaró Roa al diario El Tiempo en aquella oportunidad.
La investigación sobre la financiación ilegal de campañas electorales, que compete a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusaciones del Senado, presenta un obstáculo complejo y polifacético a la presidencia de Gustavo Petro.
Si bien es improbable que Petro se enfrente a sanciones del Consejo Nacional Electoral, el Senado presenta una dinámica distinta. En la situación actual, podría verse sometido en las próximas semanas y meses a un examen exhaustivo para determinar si tenía o no conocimiento sobre el presunto financiamiento ilícito de su campaña.
La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, presidida por Wadith Manzur, del Partido Conservador, está llevando a cabo una indagación preliminar y tres representantes instructores estarán facultados para valorar la inclusión de nuevas pruebas, hechos o alegaciones que puedan surgir en el caso, para que luego la comisión vote sobre si hay o no fundamentos para llevar a cabo una investigación formal.
Al igual que en el juicio que enfrentó el expresidente colombiano Ernesto Samper en el marco del conocido “Proceso 8.000”, por las acusaciones de que su campaña presidencial había sido financiada con dinero del narcotráfico, un procedimiento de este tipo pondría en cuestión la legitimidad de la actual presidencia, así como la viabilidad del gobierno en los próximos años.
En la eventualidad de que se produjera un juicio político, Petro podría ser absuelto por el Senado, como lo fue Samper al cierre del Proceso 8000 en 1996, cuando se le permitió finalizar su mandato. Sin embargo, teniendo en cuenta la ambiciosa agenda legislativa de cambios y reformas que desde un inicio ha planteado su gobierno, las consecuencias del escándalo actual podrían repercutir en un debilitamiento importante de su presidencia y en la incapacidad de avanzar en su agenda de gobierno más allá de este primer año, que de por sí ha estado marcado por el estancamiento y la imposibilidad de aprobar exitosamente las propuestas legislativas que cursan en el congreso.
Tras un año de mandato, Petro no ha podido cumplir la mayoría de sus ambiciosas promesas, incluyendo las reformas sanitaria, laboral y de pensiones. Con el desmoronamiento de su coalición en el congreso meses atrás, resulta improbable que el pueda conseguir los votos necesarios para hacer realidad estas reformas, y el reciente escándalo podría mermar su atención, en una lucha por defenderse de los cuestionamientos que comienzan a pesar sobre sus hombros.
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