¿Quiénes ganan y quiénes pierden con los Acuerdos de Barbados?, por Víctor Álvarez R.
TCD
Los ataques del gobierno a la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) representan una patada temprana a los recientes Acuerdos de Barbados que dicen textualmente: «las partes se reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato de manera libre y conforme a sus mecanismos internos». También acordaron la «promoción de un discurso y clima político favorable a un proceso electoral sin injerencias externas». En este sentido, nadie del oficialismo ni del PSUV debería entrometerse en los asuntos internos de otra coalición u organización política. Es como si la PUD arremetiera contra las primarias del PSUV y las calificara de fraudulentas.
Al gobierno le preocupa la masiva movilización que se vio en las calles el domingo 22 de octubre y pone en duda el total de votos que anunció la Comisión Nacional de Primarias (CNP).
La masiva movilización en la jornada del 22 de octubre ha generado preocupación en el oficialismo que hará todo lo posible por enlodar un proceso que ha contribuido a la unificación de un electorado opositor que estaba dividido y disperso.
En adelante, los partidos con menos del 1% de los votos tendrán que aceptar la conducción y liderazgo de María Corina Machado (MCM), que ojalá no los desprecie y maltrate con el argumento de que el desprestigio y poco poder de convocatoria de los partidos de la PUD no le suman nada a su candidatura. MCM ya dijo que no es la candidata de la Plataforma Unitaria sino de Venezuela. Y YouTube está lleno de sus declaraciones contra el G4 y contra el G-3 tratándolos de falsa y fracasada oposición, corresponsables de la tragedia nacional. Los partidos de la PUD lucen pulverizados, sin capacidad para ejercer el contrapeso que evite la euforia triunfalista y una actitud soberbia que exacerbaría las contradicciones internas en la oposición y puede afectar la recuperación emocional y moral que le insufló la Primaria a un electorado que estaba decepcionado, desesperanzado y apático.
El oficialismo atizará estas contradicciones y no dejará avanzar la candidatura de MCM quien no se cansa de catalogar al gobierno de Maduro de narco-régimen y banda de criminales y lo amenaza con entregarlo a los tribunales internacionales. Maduro no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenaza con convertirse en su verdugo. Tratará de impedir que la bola de nieve de la Primaria presidencial siga creciendo y se transforme en una indetenible avalancha que lo barra en las Presidenciales de 2024.
En caso de ganar MCM, los costos de salida serían muy altos para el oficialismo. Solo si se retiran las recompensas contra Maduro y se pactan garantías de que no habrá persecución, juicios y encarcelamientos en caso de perder las elecciones, es que habrá mejora en las condiciones electorales.
Si no le reducen los costos de salida, a Maduro y su régimen le saldrá más barato y cómodo aferrarse al poder. A la cárcel no quieren ir. Si al chavismo la derrota se le convierta en una tragedia, en Venezuela no habrá elecciones limpias ni alternancia en el poder.
De allí la necesidad de ampliar los acuerdos de Barbados con un Pacto de Convivencia que garantice los derechos políticos del perdedor. En el papel, los acuerdos reflejaron un balance en las expectativas y aspiraciones de los firmantes. A la oposición le interesa mejorar las condiciones electorales y al gobierno le interesa la flexibilización de las sanciones para aumentar los ingresos petroleros.
La complementación del Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales con un Pacto de Convivencia puede ser un paso de avance hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano que restaure la alternabilidad en el poder, toda vez que:
- Las partes se reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a la Constitución. Promoverán con el CNE las siguientes garantías electorales:
- Elecciones presidenciales para el segundo semestre de 2024.
- Actualizar y depurar el registro electoral permanente (REP) nacional e internacional.
- Jornadas de inscripción y establecimiento de puntos de inscripción/actualización.
- Operativos de cedulación en todo el país.
- Auditorías, observación internacional y acompañamiento de observadores locales.
- Rechazar cualquier forma de violencia política.
- Equilibrio en medios de comunicación.
- Promoción de un discurso y clima político favorable a un proceso electoral sin injerencias externas.
- Ambos exhortan a respetar y cumplir la normativa electoral y decisiones del CNE.
- Medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión de los candidatos.
- Reconocimiento del derecho de los actores a disponer de mecanismos de financiamiento.
- Cobertura electoral por medios de comunicación nacionales, internacionales y redes sociales.
- Se promoverá a todos los candidatos y partidos a que cumplan con los requisitos de ley.
- Se comprometen a reconocer públicamente los resultados de los comicios presidenciales.
- Y a lograr unas condiciones electorales aplicables al resto de los procesos electorales
El Acuerdo Parcial para la Protección de los Intereses Vitales de la Nación ratifica los derechos históricos de Venezuela sobre el territorio del Esequibo y rechaza las acciones unilaterales de Guyana para el otorgamiento de concesiones en la zona en reclamación. Las partes convienen en la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano y acuerdan desplegar una estrategia conjunta para defender Citgo y recuperar los activos de la República congelados en el exterior.
¿Qué gana la oposición?
Da un paso importante hacia el logro de garantías y condiciones que permitan elecciones limpias, competitivas y a tono con los estándares internacionales.
Precisó que las Presidenciales se realizarán en el segundo semestre del 2024 y arrancó el compromiso del CNE de actualizar y depurar el Registro Electoral, nacional e internacional. Más de tres millones de personas en edad de votar no se han inscrito y solo pueden hacerlo es en las oficinas regionales del CNE, ubicadas en las capitales de cada Estado, distante de los demás centros poblados.
También logró el acceso de los candidatos a los medios de comunicación social y el respeto a la libertad de expresión en medios nacionales e internacionales.
Además, logró la observación electoral, entre ellas la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.
¿Qué gana el gobierno?
Sin tener que aumentar la producción, Pdvsa recibirá un aumento del ingreso en divisas en torno a los $ 3 mil 600 millones, toda vez que podrá vender la misma cantidad de petróleo pero sin los ruinosos descuentos de hasta 40 % que otorga a los intermediarios que se arriesgan a burlar las sanciones.
La Licencia General 43 autoriza el comercio de oro por parte de Minerven, filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). La Licencia General 3I y 9H levantan las prohibiciones para la reventa de bonos de deuda externa emitidos por la República o PDVSA antes de 2017.
Con la Licencia 44 emitida por la OFAC por un periodo de 6 meses, Pdvsa tendrá acceso a bienes y servicios, capital y la reactivación de sus operaciones a lo largo de toda la cadena de valor de la industria petrolera.
Con la reincorporación del BCV al sistema Swift, se reabren los canales de pagos con los bancos corresponsales. Esto permitirá recibir y realizar pagos a clientes y proveedores internacionales que resultaron afectados con la salida del sistema bancario venezolano del sistema financiero internacional.
La flexibilización de las sanciones a Pdvsa, BCV, Minerven y Conviasa en cierta medida representa un reconocimiento parcial a la Administración de Nicolás Maduro.
¿Qué gana EEUU?
La Casa Blanca relaja las sanciones porque necesita recuperar el suministro de los hidrocarburos venezolanos. Otorga una licencia amplia para que Pdvsa pueda recuperar su producción. Tengamos en cuenta la importancia estratégica que representa para EEUU la seguridad energética. Cuando los precios del petróleo suben, EEUU se ve obligado a consumir buena parte de sus reservas estratégicas de petróleo, las cuales debe reponer cuánto antes.
Ante una prolongación de la guerra en Ucrania y Medio Oriente que pueda llevar el precio del petróleo a 100 $/b, justo en la antesala de las Presidenciales de Noviembre de 2024, EEU vuelve a mirar al petróleo venezolano como una fuente cercana y confiable, en comparación con el riesgo e inestabilidad de otros países petroleros involucrados en los conflictos bélicos.
De allí su disposición a flexibilizar las sanciones petroleras, otorgar una licencia amplia para que las corporaciones estadounidenses y europeas puedan reactivar su producción y así evitar un aumento de los precios de los combustibles y la energía que genere un creciente malestar en sus electores y se refleje en un alto costo electoral en las Presidenciales de Noviembre de 2024.
De hecho, una vez firmados los Acuerdos de Barbados, el impacto en los mercados petroleros internacionales se hizo sentir inmediatamente y se registró una baja en el precio del petróleo y el gas.
¿Quiénes son los perdedores?
Rusia queda por fuera. El texto de la LG 44 deja claro que: «Esta licencia no autoriza la disposición de bienes y servicios, inversiones y cualquier transacción de compañías con sede en Rusia o empresas mixtas con entidades de la Federación Rusa». Para la campaña electoral de Biden será muy útil argumentar que –a través de la nueva política de sanciones– pudo alejar la amenaza rusa del hemisferio y recuperar para Occidente el suministro del petróleo y gas venezolanos.
Al flexibilizar las sanciones a Pdvsa, BCV, Minerven y Conviasa, los intermediarios que han medrado al amparo de la Ley Antibloqueo pierden sus negocios.
Estos obtenían jugosas ganancias en sus opacas transacciones que –en adelante– podrán realizar directamente las empresas socias de Pdvsa y otras empresas relacionadas con la compra de bienes y servicios para la producción, transporte, venta y exportación de crudo y gas natural, así como otras transacciones que Pdvsa realizaba a escondidas, a través de intermediarios a los cuales concedía ruinosos descuentos y pagaba sobreprecios, en detrimento del interés nacional.
Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral
Víctor Álvarez R. Es economista. Investigador/consultor. Premio Nacional de Ciencias.
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