Venezuela ocupa el puesto 159 en ranking sobre libertad de prensa
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En los últimos 20 años, Venezuela ha enfrentado una “hegemonía comunicacional” desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que ha consagrado el control del Estado sobre los medios de comunicación, dificultando la democratización de la información y el ejercicio del periodismo. De acuerdo con la clasificación mundial de libertad de prensa de la organización Reporteros Sin Frontera, el país ocupa el puesto 159 de 180 países.
Desde 2004, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE) obliga a los medios a transmitir los mensajes que el Estado considere necesarios, así como a no publicar información que contradiga al gobierno. Esta ley y su reforma, firmada en 2010, es conocida por activistas de derechos humanos y libertad de expresión en el país como “Ley Mordaza” por proveer herramientas legales de censura ampliamente utilizadas por el Estado.
Toda esta situación, unida a la creación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), ha provocado el cierre de 20 canales de televisión y más de 250 emisoras de radio, así como el bloqueo de al menos 62 sitios web pertenecientes a medios de comunicación o páginas informativas, según VE Sin Filtro, un organismo venezolano que vigila la censura en Internet.
El 8 de noviembre del 2017, además, la Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo, aprobó la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, también conocida como Ley contra el Odio, cuyo artículo 21 establece penas de hasta 20 años de cárcel para las personas cuyo discurso muestre una postura contraria al Estado o al Partido Socialista Unido de Venezuela y sea “incitadora”. Su artículo 22, además, legaliza el bloqueo de portales web.
El Estado suele apelar a esta ley para perseguir tanto a disidentes políticos y líderes opositores como a periodistas y medios de comunicación.
Los periodistas también suelen ser imputados con los cargos de “difamación agravada continuada”, sancionado en el artículo 442 del Código Penal con una pena de uno a tres años de prisión, e “injuria agravada”, contemplado en el artículo 444 con prisión de seis meses a un año.
Solo entre enero y septiembre de 2022, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 421 casos de persecución y criminalización en Venezuela. Más de la tercera parte (156) fueron contra trabajadores de la comunicación.
Según Edgar Cárdenas, secretario general de la seccional caraqueña del Colegio Nacional de Periodistas, actualmente hay un periodista venezolano preso, Ramón Centeno, tras la liberación de Ronald Carreño en octubre de 2023. Otros ocho enfrentan medidas judiciales por su ejercicio periodístico.
Aunque sus juicios no han procedido por falta de pruebas, estos periodistas han sido blanco de programas estatales dedicados a difamar, así como de amenazas y ciberacoso por parte de seguidores del gobierno.
A través de su informe público anual sobre la libertad de expresión, la ONG Espacio Público señaló que sólo en el primer cuatrimestre del año 2023 registró un total de 17 amenazas directas contra periodistas venezolanos.
Entre dichos ataques destacan interrogatorios ilegales, visitas de advertencia a domicilio y amenazas de detención, así como agresiones físicas en coberturas. Varios periodistas han sido forzados a dejarse tomar fotos o videos por parte de fuerzas de seguridad, mientras a otros les han confiscado o robado sus equipos de trabajo.
En el país no existe ningún registro oficial ni independiente sobre la cantidad de periodistas que se han exiliado.
No obstante, una búsqueda realizada por Distintas Latitudes arrojó que al menos 30 periodistas venezolanos han tenido que exiliarse por estos motivos durante la última década, aunque probablemente sean más, ya que muchos guardan silencio por miedo a represalias estatales contra sus personas o familiares.
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