Cómo el gobierno de Boric evadió controles para dar USD 1,3 millones a colaborador de campaña
Más de 1000 millones de pesos chilenos han sido asignados a fundaciones aliadas del presidente Gabriel Boric sin hacer uso del software Expert Choice, necesario para evaluar la competitividad de las organizaciones que recibirán fondos públicos
Gabriela Moreno PANAM POST 
La Contraloría General de Chile descubrió que el gobierno del presidente Gabriel Boric entrega recursos a fundaciones aliadas de su Administración sin utilizar Expert Choice, un software que permite evaluar la competitividad de las organizaciones que recibirán fondos públicos.
El hallazgo forma parte de los resultados de las primeras pesquisas del ente contralor tras el escándalo por la asignación directa de recursos a fundaciones afines al mandatario izquierdista. Según el informe de la Contraloría, la Fundación Participa, reconocida por formar parte del grupo #CentrosDeEstudiosPorBoric que impulsó su candidatura a La Moneda, recibió 1.200 millones de pesos (USD 1,3 millones) del gobierno regional (Gore) de Los Lagos para supuestamente ejecutar el programa “Saneamiento de títulos de dominio de familias vulnerables” junto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Noticias Relacionadas
- Lea también: Camila Vallejo y la indignante defensa de la corrupción en el gobierno de Boric
- Lea también: Fiscalía indaga transferencias por 17 millones de dólares a fundaciones pro Boric
El documento, divulgado por El Líbero, precisa que un testigo del proceso de la transacción descarta la utilización de la plataforma Expert Choice, asegurando que la gobernación liderada por Patricio Vallespín, exmilitante de la Democracia Cristiana, ni siquiera había adquirido una licencia del software que permite integrar información de Microsoft Excel, Microsoft Project y bases de datos Oracle para facilitar la entrega de recursos con transparencia y criterios de confiabilidad.
Un correo como evidencia
Si bien Expert Choice es una herramienta con un método sencillo, lógico y estructurado que ayuda a la toma de decisiones, basándose en estructura jerárquica multinivel de objetivos o metas, criterios, subcriterios y alternativas, la administración de Vallespín lo desestimó y engañó al respecto.
De hecho, la Contraloría tiene como evidencia un correo electrónico remitido por Gloria González, la entonces jefe de la División de Fomento Productivo e Industria (DIFOI) del gobierno regional de Los Lagos a Daniel Ibáñez, presidente de la fundación Participa y excandidato a concejal por el Partido por la Democracia (PPD) y exabanderado del Partido Progresista (PRO) para el Congreso, donde notificó que “en este proceso hemos utilizado desde nuestra base de datos información para seleccionar a través de un software de apoyo (Expert Choice), las mejores alternativas para apoyarnos en este proceso. Estas opciones fueron presentadas al Consejo Regional, quienes aprobaron sus instituciones en primera prioridad, dado los resultados emitidos por el proceso de selección”.
Ahora, González niega su injerencia en la asignación de recursos sin software. Sostiene que su labor se imitó a la preinversión y no en la gestión de recursos de inversiones, ni de las firmas de convenios o la revisión de los antecedentes legales de las fundaciones, pero el correo la compromete, tras haber, incluso, precisado que la escogencia de la fundación Participa constaba en el acta del Consejo del 19 de octubre de 2022, donde ella expuso la necesidad de saneamientos de títulos y había propuesto como única ejecutora a la fundación.
Bachelet en el escándalo
Además de la falta de rigurosidad tecnológica en el proceso de evaluación de las fundaciones beneficiadas por el gobierno de Boric, también se constató que la organización Horizonte Ciudadano, fundada por la expresidente Michelle Bachelet, recibió 379 millones de pesos (USD 415.000) en 2022 del gobierno regional de BioBío, pese a no registrar inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) ni un certificado de preadmisiblidad (que debía gestionar el Gore).
El antecedente está adjunto con la participación de Ana Lya Uriarte, exjefa de gabinete de Bachelet, y ministra secretaria general de la Presidencia del presidente Gabriel Boric, entre septiembre de 2022 y abril de este año, como directora de la fundación. Para el desembolso se apuntó el desarrollo del programa “Transferencia niños, niñas y adolescentes: voces del BioBío para vivir sin violencia”.
Según público Radio BioBío en julio pasado, por la fundación firmó su representante legal y presidente, Pedro Güell, quien fue director de políticas públicas en el segundo gobierno de Bachelet. “La Contraloría ha detectado que están robando en todo Chile, pero resulta que nadie se va”, apunta el analista Pedro Hernández en X (antes Twitter).
No hay comentarios:
Publicar un comentario