Más “autocensura” en Brasil: STF idea castigos a la prensa por declaraciones de entrevistados
Los medios de comunicación podrán ser castigados por declaraciones de entrevistados si se considera que estos incurren en "falsedades". La norma, elaborada por el magistrado Alexandre de Moraes, trae consigo preocupaciones para el gremio periodístico
La palabra “dictadura” resuena en Brasil por la decisión que tomó el Supremo Tribunal Federal (STF) al establecer sanciones contra la prensa en caso de publicar entrevistas que atribuyan “falsamente” delitos a terceros. El anuncio hace que empeoren las preocupaciones por el avance de la censura en el país suramericano, precedido por otros intentos de controlar la información que circula no solo en medios de comunicación, sino en redes sociales.
La norma fue elaborada nada menos que por el magistrado Alexandre de Moraes, que viene de tener altercados con Telegram porque a inicios de año la plataforma se negó a eliminar la cuenta del diputado conservador Nikolas Ferreira. Sumado a otros episodios de persecución, llegan estas posibles sanciones contra medios solamente por hacer entrevistas.
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Aunque la Constitución de Brasil prohíbe toda censura de prensa, el nuevo texto argumenta que eso no la exime de responsabilidad por “informaciones que resulten injuriosas, difamatorias, calumniosas, mentirosas y en relación con eventuales daños materiales y morales”. En ese sentido, la responsabilidad sólo se producirá en los casos en que existan “pruebas concretas de falsedad” o en que el vehículo no haya respetado las “deber de diligencia” al verificar los hechos.
Riesgo de autocensura en Brasil
Cristiano Zanin, convertido en magistrado en junio de este año tras la postulación que hizo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participó haciendo ajustes a la norma. Antes fue abogado del mandatario en el caso de corrupción Lava Jato y ahora, forma parte de la creación del texto que atribuye a los medios de comunicación la responsabilidad por declaraciones de entrevistados.
Las reacciones por esta ley que activa una nueva persecución contra la prensa fueron inmediatas y seguramente lleguen hasta la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) y la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) pretenden reportar al máximo tribunal ante la instancia internacional. Pero eso parece no importar demasiado a los magistrados. Para el presidente de STF, Luis Roberto Barroso, “no hay ninguna decisión que restrinja la libertad de expresión”.
Opinión diferente tienen los detractores, que ven con malos ojos que la medida haya sido aprobada por los 11 magistrados del STF. Para la presidente de la Asociación de Periodismo de Investigación (Abraji), Katia Brembatti, esto podría llevar a los medios a la “autocensura” en Brasil, dijo a Poder 360. La vocera hace una advertencia no menos importante para el ejercicio de la profesión: “El periódico y el periodista sólo podrán saber si la fuente miente después de las repercusiones de la entrevista, en casos reales. Y creo que los tribunales tendrán que trabajar entendiendo que el contrapunto sólo puede hacerse a posteriori”.
El origen de la norma
Irónicamente, la medida es consecuencia de una entrevista publicada en 1995. Ricardo Zarattini Filho (diputado fallecido en 2017) demandó en ese entonces al Diário de Pernambuco por una entrevista donde otro diputado lo acusó de “haber participado en un atentado con bomba en el aeropuerto de Guararapes, en Recife, durante la dictadura militar”.
Aún así, resulta inevitable que la decisión reciba tintes políticos dada la composición del STF, ahora con mayoría de jueces propuestos por el Partido de los Trabajadores (PT) y porque esta semana también sugirió el nombre del socialista confeso, Flávio Dino, para ocupar un asiento en el máximo tribunal. La preocupaciones provocaron la difusión de un comunicado firmado por varias organizaciones relacionadas al periodismo en Brasil cuyo extracto advierte lo siguiente:
“Una tesis que no respete las garantías constitucionales de libertad de expresión y de prensa podría tener graves impactos negativos –y quizás irreversibles– en la vida cotidiana de las redacciones y en el derecho de toda la población a tener acceso a la información”.
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