Presidenciales 2024: las fechas están echadas, por Víctor Álvarez R.
TCD
El CNE anunció la fecha de las elecciones presidenciales sin mayores sorpresas. Se esperaba que el 5 de marzo –fecha en la que sus seguidores conmemoran los 11 años de la muerte de Chávez–, se anunciara el 28 de julio –fecha en la que celebrarán el nacimiento de Chávez–, como el día de los comicios presidenciales. Será una campaña electoral de mucho manejo emocional.
Las diferentes oposiciones se quejan de que el gobierno sigue haciendo todo lo que esté a su alcance para ganar las elecciones y no perder el poder, pero no terminan de hacer lo que deben hacer para evitarlo y poder derrotar al gobierno: escoger un candidato único y unitario y llamar masivamente a votar.
Las fechas están echadas y comienza una carrera contra el tiempo. La inscripción de candidatos será del 21 al 25 de marzo, el registro electoral para nuevos votantes y actualización de datos será del 18 de marzo al 16 de abril, el corte del Registro Electoral preliminar para saber cuántos podrán votar será el 16 de abril, la campaña electoral será del 4 al 25 de julio, y los comicios presidenciales el 28 de julio.
A todas estas, ninguna de las oposiciones tiene un candidato unitario. María Corina Machado (MCM) insiste en que no retirará su candidatura e irá hasta el final. Esto es absolutamente funcional a la estrategia del gobierno que apuesta a provocar un demoledor shock emocional y de frustración que desemboque en la desmoralización, apatía y abstención de los seguidores de MCM, al ver que finalmente no se pudo inscribir en el CNE. Es la estrategia del gobierno para convertir en mayoría su precario apoyo electoral de 25% en las encuestas.
Ciertamente, MCM no puede claudicar en su lucha contra la inconstitucional inhabilitación de la que ha sido víctima, pero eso no le da razón para afirmar que sí la candidata no es ella, «todo otro candidato es de Maduro». Su principal asesor político, Carlos Blanco, posteó en la red social X: «María Corina no va a ser sustituida; ella expresa la voluntad nacional que no puede, ni debe, ni va a traicionar». Una vez más el país descontento encuentra a una oposición dividida y enfrentada, sin candidato único y unitario, y sin un programa de gobierno que entusiasme y movilice al electorado.
Pero llegado el día D y la hora H, ¿Cuál será la decisión de MCM ante la imposibilidad de inscribirse en la carrera presidencial? ¿Llamará a la comunidad internacional a deslegitimar la elección y desconocer el resultado para reeditar la historia del interinato de Guaidó? ¿Le levantará la mano a un sustituto entre su gente de confianza que ella misma advierte también será inhabilitado? ¿Acordará con la PUD la escogencia de un candidato que no sea incómodo para el gobierno y no pueda ser inhabilitado? ¿Romperá con la PUD si ésta decide inscribir otro candidato que no cuenta con su visto bueno? ¿La PUD llamará a la abstención a riesgo de perder su condición de partidos políticos y no poder participar en las megaelecciones de diputados, gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales prevista para 2025? ¿Otra vez le regalarán todos los poderes públicos y seis años más a Nicolás Maduro, tal como lo hicieron en 2018?
En una reciente entrevista con el periodista Leopoldo Castillo en su programa El Ciudadano, al consejero político de MCM, Carlos Blanco, le preguntaron: ¿María Corina está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?: «La respuesta es sí, para unas elecciones libres y limpias con María Corina como candidata.» Por su parte, MCM afirmó que «A Maduro le conviene una negociación conmigo, una negociación para una transición (…) que incluye unas elecciones presidenciales competitivas en las que pueda participar».
Para lograr la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica, la clave está en subir los costos de permanencia en el gobierno y bajar los costos de salida. Pero si a quienes ejercen el mando político la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, entonces se aferrarán al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.
Cualquier régimen sometido a persecución judicial y recompensas no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios, pero el oficialismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si eso significa quedar expuestos a una ola de persecuciones, juicios y condenas. Si ese es el desenlace, el costo de entregar el mando político sería mucho mayor que el costo de aferrarse en el poder.
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Sin garantías de no persecución, el oficialismo no va a dejar que lo metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede perder. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados. Y eso es precisamente lo que está haciendo.
Por lo tanto, los Acuerdos Electorales de Barbados son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno y deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos, no sólo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno y –en caso de perder las elecciones– tengan que entregar el poder.
¿Cuál es entonces el acuerdo más inteligente y eficaz para lograr la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica? Responder a esta pregunta pasa por reflexionar y debatir el contenido y alcance de lo que pudiera ser un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela. ¡Vamos a debatirlo!
Víctor Álvarez R. Es economista. Investigador/consultor. Premio Nacional de Ciencias. Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral
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