El Estado venezolano no le da garantías a los familiares de mujeres víctimas de femicidio y otros tipos de violencia de género. Para exigir justicia, crean grupos de apoyo y de activismo para encontrar la justicia junto a otras víctimas

«Como familia estamos rotos, pero unidos. Todos los días nos sentimos vigilados, pero no me mudo de mi casa porque tengo la esperanza de que Jennifer Paola toque un día el timbre», cuenta Jenny Sánchez, quien tiene siete años esperando volver a ver a su hija.

Jennifer Paola Mora Sánchez desapareció en noviembre de 2016, cuando tenía 18 años, en un balneario del río Caroní, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, mientras compartía con su hermana y otros amigos. La joven fue al baño sola, aproximadamente a las cuatro de la tarde, y desde ese momento no supieron más de ella.

La madre de Jennifer Paola lleva siete años buscándola sin parar. Aunque la familia se siente constantemente vigilada, la madre de la joven desaparecida no ha tomado la decisión de mudarse porque espera que algún día su hija aparezca por la puerta del apartamento y vuelva a su hogar.

Compartir el dolor con personas que están pasando por la misma situación, ha permitido a Sánchez seguir adelante. Jenny ha encontrado apoyo y guía en Manuela Pérez, quien tiene un grupo con familiares de víctimas de violencia basada en género de todo el país. A través de esta asociación se presta contención emocional, se brinda apoyo legal, además de la creación de campañas para redes sociales.

Manuela Pérez creó el grupo en medio de la búsqueda de justicia por el asesinato de su hija, Adriana Urquiola. La joven fue una de las víctimas mortales de las protestas sociales de 2017. Adriana estaba embarazada y era intérprete de señas en un canal nacional cuando fue asesinada mientras iba camino a su casa en Los Teques, estado Miranda. Tras investigaciones del Ministerio Público se identificó a Yonny Bolívar como el responsable del asesinato, el hombre intentó dispersar las barricadas con disparos al azar y una de las balas alcanzó a la mujer de 28 años.

LA MADRE DE JENNIFER PAOLA LLEVA SIETE AÑOS BUSCÁNDOLA SIN PARAR Y SU FAMILIA SE SIENTE CONSTANTEMENTE VIGILADA. ESPERA QUE ALGÚN DÍA SU HIJA APAREZCA.

Bolívar huyó a Colombia, pero debido a la presión de Manuela Pérez por redes sociales, fue detenido y extraditado a Venezuela y en 2019 lo condenaron a 27 años de prisión.

Debido a su activismo en redes sociales, a Manuela se le fueron acercando otros familiares y así empezó a brindar ayuda.

«A muchas de las familias las conocí por redes sociales. Hay casos de femicidio, desapariciones y abuso sexual. Tenemos aproximadamente entre 25 y 30 familias a las que apoyamos de diferentes maneras para que logren la justicia», relata Pérez.

EL PITAZO, 22-4-2024