Tres reformas apocalípticas de Petro
Por ahora Colombia ya ingresó, por primera vez, a la lista de países con inseguridad alimentaria aguda.
Bernardo Henao Jaramillo PANAM POST 
Acerca del derecho como protesta Gustavo Manzo Ugas expresó: “Cuanto más se restringe el derecho de libertad de los ciudadanos, más se hará presente la protesta como elemento que busca oponerse a esa restricción. Por otro lado, mientras los derechos sociales no se hagan efectivos y no se llegue a conseguir un equilibrio que reduzca las inequidades sociales, allí también se hará presente la protesta y la contestación”. El pueblo colombiano, el 21 de abril pasado, puso de manifiesto su inconformidad con las políticas de engaño que utiliza el gobierno del “cambio” y las presiones indebidas que ejerce para lograr sus propósitos.
Si bien recientemente el país aplaudió las actuaciones de índole penal contra el superintendente de salud que el apoderado de Keralty, empresa propietaria de la EPS Sanitas, dio a conocer a la nación por la intervención que calificó de ilegítima, también resultó que lamentablemente la euforia por esa noticia poco duró al conocer, el día jueves, que algunas EPS y el gremio que las aglutina optaron por sentarse a negociar con el gobierno acerca de transformarse en gestoras de salud, en boca de muchos para lograr subsistir y sin ninguna consideración por la salud de los colombianos.
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Los rectores de las universidades demostraron altura llamando a fortalecer el sistema y en un comunicado dejaron saber que la salud “es un “derecho humano fundamental … y sus servicios deben prestarse de manera oportuna, eficaz, y con calidad para su preservación, mejoramiento y promoción.”
En la reunión celebrada por Acemi con el gobierno (funcionarios de la presidencia y del ministerio de salud) se encontró que entre los ausentes figuraba la EPS Sanitas. Las que se entregaron y arrodillaron fueron la Nueva Eps, Salud Total, EPS Sura y Compensar; así como Gestar salud, en nombre de Mutualser y Coosalud, según dicen algunos para “sobrevivir” y sin que verdaderamente para ese consenso se tuviera en cuenta la salud de los colombianos, como, al parecer, lo confirma su manifestación de que “Nuestro trabajo en la mesa continuará en torno a la situación financiera actual del sistema, el 2 de mayo”.
Hoy se sabe que el nuevo proyecto para la salud no difiere sustancialmente del que fuera archivado. Es deplorable que estos hechos se den de esa manera y que su posición haya desatendido la defensa de los usuarios del sistema de salud.
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Sólo nos queda confiar que los senadores, en cumplimiento de su deber, nieguen el recurso de apelación instaurado cuando se archivó el proyecto de reforma a ese derecho fundamental.
La protesta pacífica del 21 de abril, que fuera realmente apoteósica y en paz, no puede recibir esta clase de portazo, como tampoco que se acoja el zarpazo que se pretende dar a las pensiones. Los colombianos combatiremos porque se respeten los derechos que se han conseguido y que libremente podamos decidir. No a la estatización de ellos.
Las marchas efectivamente sirven, sientan precedentes y son la expresión de la voluntad mayoritaria, de donde los congresistas, representantes del pueblo, deben valorarla y votar en conciencia teniendo en cuenta el bien común, que no otra clase de intereses. Pese a los comentarios desobligantes del presidente respecto a las manifestaciones en todo el país y aún en el exterior, lo cierto es que los vídeos muestran que fue una caminata arrolladora de toda clase de personas sin distingo ni ideología que le tapó la boca al mandatario. No tuvo a quien criticar.
Por otra parte es preciso decir que en el senado la reforma pensional obtuvo su aprobación después de eventuales repartijas que han recibido, como es lógico, fuertes cuestionamientos. En tal sentido circuló en las redes un video que hace pensar en la ” yidispolítica”. Confiemos en que las autoridades competentes lo investiguen.
Ahora bien, esperamos que lo ocurrido con las EPS no acontezca con los Fondos de Pensiones. Sería incomprensible un pacto de rendición y por supuesto, si esto sucediera, quedarían totalmente expuestos el ahorro de los trabajadores, la deuda externa y el futuro pensional de los jóvenes de hoy.
En lo que se conoce del proyecto de pensiones que salió aprobado del senado hay demasiados micos por no decir orangutanes y gorilas. Los fondos de pensiones no pueden permitir que los ahorros privados que son de propiedad de los ciudadanos, pasen a ser manejados por la Junta Directiva del Banco de la República, así se los llegue a confiar a un organismo asesor.
La junta directiva del Banco de la República, que maneja las tasas de interés, no puede bajo ninguna circunstancia responsabilizarse del manejo de los dineros de las pensiones.
El gobierno tiene que entender y comprender que el ahorro privado le pertenece a su titular. Con el proyecto se pretende cambiar por completo su naturaleza privada para convertirlo en recursos públicos y de carácter parafiscal. En otras palabras, de aprobarse en ley de la república esta nefasta iniciativa, el gobierno se adueñaría del ahorro. Otro paso inmenso en la estatización de la nación y un efecto futuro nefasto para los jóvenes de Colombia, no tendrán pensión.
Y la estocada final para causar el empobrecimiento de la clase media y de la clase baja de los colombianos, vendrá por cuenta de la reforma laboral que no propicia el empleo sino más bien crea una gran sindicato colectivo sometiendo a la clase empresarial colombiana.
Bajo los parámetros de esa otra reforma los empresarios no tendrán interés en desarrollar ninguna actividad y se irán al exterior, tal como, según se supo esta semana, ocurrirá con General Motors, que cerrará la planta que tiene en Colombia hace 70 años. Un recorrido semejante al que llevó a Venezuela al deplorable estado en que se encuentra. No permitamos que Colombia llegue a un “cambio” similar.
Por ahora Colombia ya ingresó, por primera vez, a la lista de países con inseguridad alimentaria aguda.
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