Daniel Jadue, en puertas de ser arrestado e inhabilitado
La formalización del comunista Daniel Jadue lo acerca a una inhabilitación si se impone prisión preventiva o arresto domiciliario
Gabriela Moreno PANAM POST 
Es posible que el comunista Daniel Jadue no logre despedirse en diciembre de su tercer mandato como alcalde de Recoleta. Su acusación este miércoles ante el Centro de Justicia de la Región Metropolitana de Santiago de Chile por los delitos de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa, los cuales se relacionan con su gestión como director de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) lo tiene al borde de una inhabilitación. Esto frustraría su despedida del cargo y el traspaso de la administración al nuevo edil que resulte electo en los comicios municipales de octubre.
Si la fiscal de la zona norte, Giovana Herrera, logra la imposición del arresto domiciliario o la presión preventiva, en la audiencia de formalización de Jadue, el Consejo deberá escoger a un subrogante (suplente). La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades así lo indica. De acuerdo con la normativa, un alcalde cesará de sus funciones cuando exista alguna “inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente”. En tal caso, “será subrogado en sus funciones por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, con exclusión del juez de policía local”.
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La administradora municipal, Giannina Repetti es la primera en línea para remplazar a Jadue, según La Tercera, pero también es posible que “previa consulta al concejo, el alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden”.
Barbas en remojo
El escenario que plantea la acusación de Daniel Jadue es inesperado para los comunistas chilenos, ya que no solo es uno de sus dirigentes más populares, sino que además fue su candidato presidencial en los comicios de 2021.
Sin embargo, hay posibilidades de un destino legal que no termine muy bien para este funcionario, especialmente cuando hace dos meses, exalcalde socialista de Rancagua, Juan Ramón Godo, quedó en prisión, tras la formalización del Tribunal de Garantía por los delitos de Fraude al Fisco, cohecho, malversación de caudales públicos y lavado de activos.
El concejal frenteamplista Emerson Avendaño lo reemplaza en medio del escándalo en la comuna, debido a que el edil presuntamente lideró una serie de compras a la empresa del hermano de uno de sus asesores a través de trato directo, sin la licitación correspondiente, por más de 300 millones de pesos, es decir, más de 300.000 dólares. Además, se le cuestiona la compra de un inmueble con orden de embargo, así como la adjudicación de un contrato para pintar colegios.
Acusaciones contundentes
Jadue arribará a los tribunales para su formalización con el peso de las acusaciones hechas por los ejecutivos de Best Quality Products SpA, César Ramírez y Álvaro Castro, quienes sostienen que la compañía despachó cuatro contenedores con mascarillas de tres pliegues y KN-95, guantes de nítralo, termómetros infrarrojos y pecheras desechables con ojal al inicio de la pandemia a los establecimientos de la asociación de las farmacias populares manejados por el edil pero hasta la fecha sólo han recibido el 15 % del monto pactado por una mercadería que desapareció de los anaqueles.
En su querella señalan que el impago corresponde a diez facturas, que juntas suman 1384 millones de pesos chilenos, equivalentes a 1,7 millones de dólares.
Hasta ahora, el alcalde de Recoleta niega la versión de los representantes de la empresa. Insiste en que “lo único que hay acá es un proveedor de Achifarp que hizo tratos comerciales directa y única y exclusivamente con el secretario ejecutivo de la asociación, y que ante el atraso en los pagos comprometidos, decidió presionar de manera indebida mediante acciones judiciales infundadas para realizar daño a la persona del presidente de la asociación en su calidad de precandidato presidencial”.
Sin embargo, los testimonios de extrabajadores de las farmacias de Jadue desarman su declaración. Según el relato de la exempleada de la asociación, Marcela del Pilar Morales – testigos clave- recibió una comisión de 5.000 pesos -alrededor de cinco dólares- por cada caja de mascarillas vendida.
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