Libre mercado o proteccionismo: ¿Quién defiende a los brasileños de más impuestos?
Defender el libre mercado implica que este tipo de proyectos no sean aprobados: las compras internacionales por internet no deberían ser obligadas a pagar impuestos
En Brasil, el Congreso debatía sobre si cobrar impuestos o no a las compras internacionales de hasta 50 dólares. El impuesto que propone el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva es de 20 %, mientras que –increíblemente– algunos pocos voceros de oposición proponen que sea para compras de hasta 100 dólares y hasta de 70 %. El grueso de los argumentos a favor de esto es que los grandes afectados serían empresas chinas como Shopee, Shein e AliExpress, en favor de los empresarios nacionales. Sin embargo, el impuesto sería para toda compra internacional y los que más pagarían este impuesto serían los más pobres, precisamente.
Actualmente, las compras internacionales de hasta 50 dólares sólo están gravadas por el Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS), un impuesto estatal de 17 %. El radical y abusivo impuesto federal de importación de 60 %, en cambio, sólo se aplica a los envíos desde el extranjero por encima de esta cantidad.
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La propuesta viene a ser incorporada al proyecto de Ley 914/24 que crea el Programa Movilidad Verde e Innovación (Mover) que prevé incentivos para los transportes ecológicos. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La ambición de la clase política por quitarle más dinero al pueblo.
De la izquierda, uno se espera naturalmente que sean siempre pro impuestos por su adicción al manejo del dinero público, ya que a través de ello se sustentan y mantienen sus privilegios. Pero de actores que se dicen de derecha y que supuestamente luchan por el libre mercado, no.
Defender el libre mercado implica que este tipo de proyectos no sean aprobados: las compras internacionales por internet no deberían ser obligadas a pagar impuestos. Esto impulsa a la economía local generando empleo y aumentando el comercio entre, sobre todo, los menos pudientes.
Sin embargo, el argumento de algunos opositores al gobierno de Lula es que los empresarios nacionales se encuentran en desventaja frente a las grandes compañías asiáticas. ¿Cuál es la desventaja? ¿Que las empresas internacionales no sufren las mismas cargas tributarias que las nacionales? Eso es verdad. Pero, ¿no es mejor que se luche por la desregularización local para que los nacionales puedan competir más y mejor con las empresas internacionales? Esto sería el argumento que uno esperaría de los que se denominan de derecha en un país gobernado por revolucionarios extremistas de izquierda.
¿Qué sería de la economía brasileña sin la fuerte carga tributaria contra los empresarios? La gran apuesta debería ser la eliminación de esos obstáculos que precisamente no permiten el desarrollo y el florecimiento de la economía brasileña; se debería luchar por una desregularización del ámbito laboral que incentive el empleo y la productividad, y que respete el dinero que se ganan los trabajadores sin tener que obligarlos a pagar impuestos injustos. Se debería luchar por quitar los privilegios que han venido construyendo por décadas los sindicatos y la clase política, sobre la base del dinero público.
Este tipo de debates ideológicos pueden impactar en las elecciones de 2026. El pueblo brasileño ha pasado por un proceso de politización intenso desde 2013, lo que hace que la población esté más consciente de las pautas políticas a ser defendidas o no por cada bando. Seguro, los que perderán más votos en las próximas elecciones son los que estén en contra del libre mercado.
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