Promesas incumplidas: el retroceso de los derechos Lgbti bajo los 25 años del chavismo
TCDDurante un período de gobierno que ha controlado los poderes públicos desde 1999, las promesas de igualdad y justicia han quedado lejos de materializarse para la comunidad Lgbti, que expresa su cansancio por sentir que son utilizados con fines de propaganda y campaña electoral, sin ver avances reales en la garantía de sus derechos
Mientras decenas de países celebran el mes del orgullo con avances significativos en los derechos Lgbti, en Venezuela, tras 25 años de dominio chavista y a casi un mes de unas elecciones presidenciales en las cuales su candidato busca reelegirse para un tercer mandato, la comunidad sigue enfrentando una lucha constante por el reconocimiento y la protección de sus derechos básicos, registrando una involución con respecto a periodos anteriores.
En el ámbito de los derechos humanos existe un principio fundamental: la progresividad. Este principio establece que los derechos humanos deben avanzar de manera constante y sostenida, asegurando cada vez mayores niveles de protección y reconocimiento para todos los individuos, implicando el fortalecimiento de marcos legales y políticas públicas para garantizar una vida digna y libre de discriminación para todos sus ciudadanos.
Al respecto, el director del Observatorio Venezolano de Violencia Lgbtiq+ (OVV Lgbtiq+), Yendri Velázquez, afirma que ha habido un estancamiento en materia de la igualdad de derechos para quienes se perciben como parte de la comunidad, en el cual Estado incumple lo establecido en los convenios internacionales y la Constitución, siendo las mismas instituciones las que ejercen distintas formas de violencia y discriminación.
Sólo en 2023 el Observatorio registró 461 casos de violencia contra personas Lgbti, contabilizando más de 200 casos constituidos por discursos discriminatorios en un contexto de impunidad y homofobia de Estado.
Promesas a medias
Génesis Millán, coordinadora general de «Visibles Venezuela», en declaraciones para TalCual enumeró las principales deudas que tiene el chavismo con la población Lgbti en cuanto a legislación y políticas públicas. Explicó que los pocos avances que existen son producto de la lucha constante de activistas y organizaciones por los derechos humanos Lgbti, que a pesar de todos los obstáculos, continúan exigiendo reivindicaciones e inclusión real.
Cambio de nombre para las personas trans:
En primer lugar, según lo establecido en el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil que entró en vigencia en septiembre de 2009, se prometió el cambio de nombre para las personas trans. La entonces diputada Iris Varela afirmó que este trámite se realizaría sin mayores dilaciones por sede administrativa. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna persona trans ha logrado completar este proceso en las oficinas de registro civil, enfrentando además cuestionamientos y revictimización.
Velázquez al respecto, citó a la abogada Tamara Adrián, que en múltiples plataformas ha denunciado la involución en los derechos de la comunidad diversa, ya que entre los años 1977 y 1998 hubo cerca de 150 reconocimientos de identidad y cambio de nombre a personas trans a través de sentencias de los tribunales, que se detuvieron en el inicio del primer periodo presidencial de Hugo Chávez.
Matrimonio igualitario:
Aunque en los últimos años la bandera de las promesas por parte del oficialismo ha sido la discusión y aprobación del matrimonio igualitario, el expresidente Chávez desde 2009 declaraba que, aunque estaba en contra de la persecución por inclinaciones sexuales, el matrimonio igualitario en Venezuela no es bien visto. «Cada país tiene sus costumbres al menos en Venezuela no es bien visto. En Venezuela no se ve bien y yo opino igual que los venezolanos, que no lo vemos bien, pero es un estado de opinión, no significa que esté en contra», expresó a la televisión en una visita a Italia.
Pero las barreras al matrimonio igualitario han estado sostenidas desde las instituciones. El artículo 77 de la Constitución protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, y las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley, produciendo los mismos efectos que el matrimonio.
Una sentencia del TSJ mantuvo la interpretación literal del artículo 77, reiterando su protección únicamente a la unión de hombre y mujer, negando así el reconocimiento legal a las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Esto significa que estas parejas no tienen los mismos derechos patrimoniales y sociales que las parejas heterosexuales, como la seguridad social o derechos de herencia, lo que perpetúa una situación de desigualdad y vulnerabilidad.
El 31 de enero del 2014 se presentó el Proyecto de Ley de matrimonio civil igualitario en Venezuela ante la Asamblea Nacional, con 21.000 firmas impulsadas por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, tal como lo exige la norma. Archivaron este proyecto sin dar respuesta a los solicitantes, y hasta la fecha, lleva 10 años de omisión legislativa.
Luego en 2020, nuevamente en campaña, Nicolás Maduro se refirió a la unión entre personas del mismo sexo y anunció que el tema podría debatirse en la Asamblea Nacional que iniciaría funciones en el año 2021.
«Tengo amigos y conocidos que están muy contentos con lo que dijo ayer el Papa. Dejaré esa tarea, la tarea del matrimonio Lgbti, a la próxima Asamblea Nacional», manifestó Maduro.
Protección contra la discriminación:
En 1998 también se promulgó el Código Orgánico de Justicia Militar, que en su artículo 565 penalizaba con prisión de hasta tres años a oficiales de las Fuerzas Armadas que “cometan actos sexuales contra natura”. Este artículo fue anulado apenas en el año 2023 luego de que las organizaciones de la sociedad civil presentaran informes sobre hechos de discriminación, violencia y encarcelamientos a funcionarios militares Lgbti, y de que cuatro activistas se encadenaran frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas exigiendo la derogación.
La Asamblea Nacional Constituyente aprobó en 2016 la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que, en teoría, debería proteger a las personas Lgbti de la discriminación. Sin embargo, Millán recordó que solo se ha usado para criminalizar a quienes manifiestan públicamente su inconformidad con el gobierno.
Ante los informes realizados por distintas organizaciones sobre la situación de las personas Lgbti en Venezuela y presentados en Naciones Unidas, así como las recomendaciones hechas al Estado para el respeto y garantía de los derechos humanos, el gobierno se excusa con la creación en 2022 de la Fiscalía Especial, que según Millán está ocupada por una fiscal sin formación en la materia y con claros prejuicios, y una Defensoría Especial, que no cuenta con los recursos, el personal ni la libertad para cumplir con sus funciones; aunque ambos son logros de las organizaciones y activistas que exigieron la creación de estas instancias durante años.
«La Fiscal Especial es Alaimis Requena. No está formada en la materia, desconoce los términos, nuestras luchas y los derechos que exigimos. Pudimos observar sus prejuicios con el caso de los 33 varones homosexuales que privaron de libertad en Valencia el año pasado. Al momento de acudir al Ministerio Público, nos atendieron la Fiscal Especial y la Directora de Derechos Humanos del Ministerio Público y ambas nos dijeron que en efecto, debía aplicarse el delito de ultraje al pudor porque era el delito que más se acercaba al hecho; es decir, que tenían que imputar obligatoriamente y que la sociedad no está preparada para eso.», destacó Millán.
Yendri Velázquez, por su parte, añadió que estas promesas no solo han quedado en la cabeza del Ejecutivo sino también en ministros, alcaldes, diputados y concejales que han establecido promesas como la ley integral antidiscriminación, medidas igualitarias de cara a la participación política, apertura de oficinas orientadas a la creación de políticas públicas anti discriminación e inclusión de todas las personas, una vicepresidencia para la sexo diversidad y sus respectivas oficinas en estados y municipios.
«Aunque crearon algunas de estas instancias, no hay claridad sobre sus políticas, presupuestos o el personal que trabaja en esos espacios. Básicamente, cumplieron estas acciones a medias, sin que impacten positivamente en la vida de las personas Lgbti. Y mientras los discursos y acciones de quienes ejercen en las instituciones del Estado no mejoren la calidad de vida, el gozo y disfrute de derechos, son solo propaganda política», destacó.
Alianza entre el chavismo y grupos religiosos
Las alarmas se han encendido entre los activistas con la reciente vinculación del Estado con grupos neo pentecostales y evangélicos, que pretenden menoscabar los derechos sexuales y reproductivos y las garantías de las personas Lgbti, con base en sus creencias y dogmas. Tras la marcha del orgullo Lgbti 2023, una iglesia evangélica manifestó en contra de la «ideología de género» a las afueras de la Asamblea Nacional. Este grupo fue recibido por diputados del PSUV y Nahum Fernández, el jefe de gobierno de la capital. La respuesta fue que, aunque constitucionalmente Venezuela sea un Estado laico, los grupos religiosos se consultarían sobre cualquier iniciativa legislativa que involucre a la familia.
Solicitaron a su vez, retirar los programas de educación sexual integral de las escuelas, por ser una «perversión del sistema educativo», según resaltó la pastora Linda de Márquez, miembro de la organización Por la Familia Venezolana.
El País alertó sobre la vinculación de Nicolás Maduro Guerra, diputado y vicepresidente del PSUV para Asuntos Religiosos, con pastores evangélicos, ofreciendo dinero en efectivo, sillas, materiales de construcción y equipos de sonido, y financiando sus emisoras de radio para amplificar los mensajes antiderechos.
Para Millán, es una muestra más de las contradicciones entre el discurso “progresista” y la acción del gobierno venezolano, ya que abandonaron la laicidad del Estado establecida en la Constitución para dar espacios de poder y toma de decisiones a grupos fundamentalistas religiosos, así como la aprobación de recursos públicos para actos, conciertos y encuentros a cambio de respaldo político que les permita perpetuarse.
“Es cada vez más notoria la presencia de grupos anti derechos en espacios públicos emitiendo discursos de odio con el apoyo de las autoridades municipales, estadales y municipales. Incluso, en el 2023 se frenó la discusión de la Ley Contra todo Tipo de Discriminación, que incluía a las personas Lgbti, por la influencia de los sectores anti derechos, quienes además, han promovido abiertamente terapias de conversión”, aseveró.
Impacto del discurso oficial
Los discursos públicos tienen un impacto importante, ya que moldean, validan o cambian ideas colectivas sobre temas. El director del OVV Lgbtiq+ advirtió que, cuando se escucha reiteradamente al Fiscal, Presidente, diputados y demás autoridades validando y promoviendo prejuicios que ya existen en la sociedad, se arraigan estos prejuicios, y se pueden promover formas de violencias más graves de las que ya están sucediendo en el país.
Génesis Millán concordó que gran parte de la percepción negativa hacia la población diversa en Venezuela proviene del desconocimiento y la desinformación que promueven los discursos de quienes ocupan puestos de poder.
Como ejemplo, mencionó los incontables discursos donde líderes del chavismo, incluyendo a Nicolás Maduro, hacen comentarios homofóbicos sobre sus contrincantes políticos, dando a entender que la homosexualidad es algo cuestionable o motivo de burla. Del mismo modo, señaló que el Fiscal General aparece constantemente en medios de comunicación nacionales, declarando desde el más profundo desconocimiento sobre la homosexualidad e infancias trans, que pueden convertirse en ataques verbales, psicológicos y físicos contra las personas Lgbti.
Futuro de los derechos Lgbti, ante un tercer mandato de Maduro
Los activistas consideran que los últimos 25 años han estado llenos de engaños y de falsa inclusión en los que se ha instrumentalizado a las personas Lgbti. El chavismo y sus seguidores mantienen una postura inflexible en la que afirman que solo en «revolución» este sector de la población ha tenido visibilización y reconocimiento, adjudicándose así los mínimos logros que han alcanzado las organizaciones y activistas por los DDHH.
Sin embargo, Millán subraya que esta afirmación se derrumba al comparar la situación de los derechos humanos de la comunidad en Venezuela con la del resto de los países de la región. La mayoría de los países de América del Sur han avanzado en la protección y reconocimiento de los derechos de personas Lgbti. La legislación de Bolivia y Ecuador ofrece protección contra la discriminación, mientras países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay han legalizado la unión civil entre personas del mismo sexo.
Para ella, es inconcebible que en un Estado que se autodenomina ‘revolucionario, social, de derecho y de justicia’, no exista el reconocimiento de las familias lesbomaternales, homoparentales y/o transfiliales; el reconocimiento de las identidades trans, intersex y no binarias; el matrimonio civil igualitario; la educación inclusiva; y las políticas públicas específicas.
«En caso de continuar Nicolás Maduro en el poder, especialmente teniendo en cuenta la relación de su gobierno con los grupos fundamentalistas religiosos, lejos de alcanzar derechos es posible que retrocedamos en los pequeños logros alcanzados y que la integridad de las personas Lgbti se encuentre en riesgo», concluyó.
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