CIDH condena ataque contra María Corina Machado y pide una investigación
La CIDH advirtió hace poco más de una semana que la persecución política contra activistas opositores, así como las restricciones a libertades de expresión y asociación buscan «perpetuar al partido de gobierno en el poder». Solicitó al Estado venezolano que garantice «la seguridad de todas las personas con liderazgo político»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes 19 el ataque sufrido por la líder opositora María Corina Machado un día antes en la ciudad de Barquisimeto (estado Lara), donde vandalizaron sus vehículos y cortaron los frenos de la camioneta donde se desplaza a actos de campaña.
En un mensaje posteado en sus redes sociales, la CIDH urgió al Estado venezolano a que garantice «la seguridad de todas las personas con liderazgo político, así como a investigar diligentemente y de manera independiente estos hechos y sancionar a los responsables materiales e intelectuales».
El ataque fue informado por la misma Machado la mañana del jueves 18 de julio. Detalló que se encontraba dentro de una urbanización privada en Barquisimeto, a la que accedieron sujetos desconocidos que dejaron pintas de «No + bloqueos», hechos con pintura de aceite, vaciaron el aceite del motor de uno de los vehículos y le cortaron frenos al otro.
La líder opositora venía de una actividad en el estado Portuguesa para promocionar la candidatura de Edmundo González Urrutia a las presidenciales del 28 de julio. El diplomático lamentó la situación y afirmó que se tratan de «actos de cobardía intolerables», mientras que la Plataforma Unitaria solicitó al Ministerio Público que inicie una investigación por estos hechos.
La CIDH advirtió hace poco más de una semana que la persecución política contra activistas opositores, así como las restricciones a libertades de expresión y asociación buscan «perpetuar al partido de gobierno en el poder».
Señaló, en un comunicado junto a la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión, que la detenciones de activistas políticos o personas de la sociedad civil, cierre de locales comerciales, retención de comitivas de campaña, así como el cierre de medios de comunicación «no son hechos aislados».
Estos hechos, aseguraron ambas instancias, forman parte de un «patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política de la oposición y la población en general. Estos ataques a la democracia y estas restricciones arbitrarias a las libertades de expresión, asociación y reunión tienen como finalidad perpetuar al partido de gobierno en el poder».
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