sábado, 13 de julio de 2024

Familia de Ronald Ojeda se refugia en Argentina por persecución en Chile

 

Familia de Ronald Ojeda se refugia en Argentina por persecución en Chile

La desconfianza en la investigación, la cooperación entre el chavismo y La Moneda e inseguridad personal llevó a la familia del exmilitar Ronald Ojeda a buscar asilo en Argentina

Familia de Ronald Ojeda se refugia en Argentina por persecución en Chile
De acuerdo con el abogado de la familia del exmilitar Ronald Ojeda, los afectados enfrentaban “seguimientos y vigilancias inusitadas, no vinculadas a su relación con la Fiscalía chilena e incluso intentos de hackear sus redes sociales de Instagram y Facebook desde Venezuela”. (PanAm Post)

Las gestiones reservadas funcionaron. Después del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronal Ojeda en Santiago de Chile, en circunstancias aún sin aclarar, su viuda Josmarghy Castillo junto al hijo de ambos, su cuñada Mayra Ojeda y dos sobrinos, se reasentarán en Argentina. La desconfianza en la investigación, el acuerdo de cooperación del gobierno del presidente Gabriel Boric con el chavismo e inseguridad personal detonó el cambio de residencia.

Este sábado se terminará de concretar la mudanza del núcleo familiar de Ojeda a Buenos Aires, que ya comenzó el jueves. El gobierno del presidente Javier Milei otorgó el beneficio tras las diligencias que hiciera su abogado Juan Carlos Manríquez, con los asesores de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, según indica ExAnte. 

“No están seguras ni protegidas en Chile”, aseguró el abogado. El acoso sin garantías de resguardo les minó la confianza en el Estado austral. De acuerdo con las declaraciones de Manríquez, la familia enfrentaba “seguimientos y vigilancias inusitadas, no vinculadas a su relación con la Fiscalía chilena e incluso intentos de hackear sus redes sociales de Instagram y Facebook desde Venezuela”, específicamente, desde Nueva Bolivia, en el estado Mérida.

Investigación con dudas y contradicciones

La salida de la familia de Ojeda de Chile era de esperarse, especialmente frente a las dudas y contradicciones que prevalecen desde el rapto del exuniformado castrense, el cual ocurrió la madrugada del 21 de febrero.

Hasta ahora, las autoridades chilenas tienen claro que cuatro sujetos disfrazados de policías de la PDI ingresaron a la vivienda de Ojeda, ubicada en el piso 14 de un edificio en la calle El Molino, en la comuna de Independencia. Allí, lo sometieron contra su voluntad, lo asesinaron y lo sepultaron en una maleta. Sin embargo, la incertidumbre reina.

La versión de fiscal a cargo de la causa, Héctor Barros, apunta a que el secuestro y crimen se solicitó desde Venezuela por motivos políticos. El régimen de Nicolás Maduro lo niega a través de su representante, Tarek William Saab, quien insiste en la participación de agentes chilenos detrás del crimen de Ojeda.

Además, el acuerdo de “cooperación policial” suscrito entre Caracas y La Moneda un mes antes del crimen del exmilitar acabó con la confianza de la familia de Ojeda e instó a solicitar apoyo a la policía federal de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) para esclarecer a la identidad de los restos biológicos encontrados entre los restos de la víctima.  La diligencia está en curso.

Moneda con ironía

La respuesta del subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, frente a la partida de la familia de Ojeda es irónica. Sólo recalca que “en materia internacional, Chile es considerado un país seguro”. Por ahora, se refugia en la falta de antecedentes de sobre un hecho similar.

En ese sentido, vociferó que “es importante respetar, en esta materia, las decisiones de las familias. Aquí hay una familia que ha sido víctima de un delito grave, de secuestro y homicidio”.

Es la misma línea de Camila Vallejo, vocera del gobierno, Gabriel Boric, quien sostiene que “Chile es un país seguro que tiene desafíos en materia de crimen organizado, delincuencia y en eso hemos puesto especial prioridad”. Más allá del discurso hay tensión en el Ejecutivo, considerando que la solicitud de asilo a Argentina por parte de la familia de Ojeda implica un revés para La Moneda, que a cinco meses del suceso queda a los ojos de la nación vecina como una gestión incapaz de brindar protección.

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