Detención masiva de adolescentes después del #28Jul no tiene precedentes en la región, advierte exfiscal
El exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray señala que los adolescentes entre 13 y 17 años encarcelados después del 28 de julio en Venezuela fueron detenidos y acusados sin cumplir con los principios establecidos en la Lopnna
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Venezuela Vota y La Hora de Venezuela
Caracas.- Un adolescente de 17 años de edad con autismo fue detenido en Los Teques, capital del estado Miranda. Ha presentado episodios de ansiedad y está aislado en un calabozo de la policía por los delitos de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. Él es uno de los 129 adolescentes –de 13 a 17 años de edad– presos por el gobierno de Nicolás Maduro en medio de las protestas postelectorales contra los resultados de la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela y que tiene documentados la organización Foro Penal.
El abogado Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público (MP), advierte que las acusaciones de terrorismo y otros delitos graves de más de un centenar de adolescentes es un hecho sin precedentes en la región. Los detenidos se encuentran en estado de indefensión y se les viola el debido proceso porque no hubo flagrancia ni orden judicial al momento de su captura.
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“No conozco un caso de procesamiento de adolescentes por legislación antiterrorista en Latinoamérica. La dictadura venezolana marca un nuevo hito de barbarie y dolor. Secuestrar a un niño, desmoviliza y aterra a la familia, vecinos, amigos, esa es la lógica, por eso tanto ensañamiento con este segmento vulnerable de la población”, dice Mundaray.
En estos casos hay vulneraciones a la presunción de inocencia, no se les ha permitido defensa privada o de confianza y algunos estuvieron desaparecidos porque no fueron presentados ante el Ministerio Público en el lapso que establecen las leyes.
El jurista dice que los fiscales del Ministerio Público están en la obligación de recibir evidencias que puedan librar a los jóvenes y han restringido esta posibilidad. “Los adolescentes están indefensos y no se les permite presentar pruebas de descargo. Se están llevando a niños para acallar la protesta porque estás neutralizando a una familia o sector”, agrega.
Privación de libertad a adolescentes
La privación de libertad de un adolescente solo procede cuando el adolescente ha cometido delitos como homicidio, lesiones gravísimas, violación, robo agravado, secuestro, tráfico de drogas en cualquiera de sus modalidades de robo o hurto sobre vehículos automotores. Esto está precisado en la legislación venezolana.
“La detención de un adolescente es en casos muy extraordinarios, es decir muy graves, porque tiene que dársele privilegio de formas alternas como medidas cautelares, presentación periódica, vigilancia de un pariente y esto no se cumple”, agregó.
Pero en el contexto de la represión política después de la elección, los adolescentes están siendo acusados de instigación al odio, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y obstrucción de vía pública. Mundaray califica estos cargos como excesivos.
En el país se crearon tribunales de delitos de terrorismo en 2013 y están integrados en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes en 2019, de acuerdo con una resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
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“Estos más de 100 adolescentes no son un peligro grave que puedan representar para el Estado. La Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) establece que debe tener acceso a la información, poder realizar actividades remuneradas, acceso a la recreación. Aquí se está violando todo el debido proceso”, detalla Mundaray.
Carlos Trapani, coordinador de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), identificó los patrones que existen en la detención de adolescentes y que ratifica Mundaray: incomunicación, imposición de defensa pública, detenciones violentas, exposición en redes sociales, lapsos procesales incumplidos e imputación como terroristas.
Sitios de reclusión a adolescentes
Mundaray advierte que este patrón incumple con lo que establece la legislación vigente sobre el proceso penal que debe ser oral, reservado, rápido y ante un tribunal especializado. La norma también señala que las resoluciones, sentencias y sanciones se pueden revisar e impugnar, pero no hay evidencia de que se respeten estos principios con los adolescentes detenidos.
“[Los adolescentes] tienen derecho a su juicio educativo, pero no se les pide declarar si han sido víctimas de tratos crueles y degradantes durante su reclusión. Un adolescente imputado es un sujeto especial al estar en formación, es decir, tiene una condición especial y el proceso penal es rápido”, dice el abogado.
En el caso de los lugares de reclusión, estos deben ser especiales y separados de personas adultas, pero en Mérida se hicieron audiencias en conjunto para detención y presentación, lo mismo se reportó en otras ciudades de Venezuela.
Incluso la norma establece que los adolescentes privados de libertad tiene derecho a un lugar de reclusión próximo a sus padres o ciudad de residencia, revisión médica, separado de adultos, que el lugar de reclusión sea adecuado para su formación y no estar incomunicado, explica Mundaray. Sin embargo, los padres de los adolescentes que están presos han denunciado que les impiden saber de la condición de reclusión de sus hijos.
Las oficinas de la policía de investigación deben tener áreas exclusivas para los adolescentes detenidos en flagrancia o a disposición del fiscal del Ministerio Público para su presentación al juez y deben remitirlos cuanto antes a los centros especializados.
Pese a lo establecido en la ley, la madre de un adolescente de 16 años de edad detenido el 29 de julio precisa que su hijo estuvo encerrado en una celda toda oscura en Zona 7 de Boleíta, según su propio testimonio. Ahora se encuentra en el centro de reclusión de Cochecito, en Caracas, y no ha podido verlo para conocer sus condiciones. Hay otras madres que aseguran que perdieron sus trabajos.
Casos de adolescentes detenidos
Leticia Torrealba denunció que su su hijo, un adolescente de 16 años lo detuvieron funcionarios de la Guardia Nacional en las adyacencias de Parque Central, en Caracas, cuando caminaba junto a unos amigos la noche del lunes 29 de julio. Lo trasladaron a la Zona 7, sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta.
Pasó ocho días sin saber nada del adolescente y finalmente, cuando lo pudo ver, él le comentó que se encontraba en malas condiciones, en una celda oscura, sin ventilación y con hombres mayores de edad. Pese a que no participaba en las protestas que se han registrado.
«Esto es angustiante. No se lo deseo a nadie porque es duro (…) Mi hijo me dijo que quería salir de ahí y que estaba desesperado; que me quedara tranquila, pero no lo vi bien», comentó Torrealba al equipo de El Pitazo.
El activista por los derechos humanos y director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, afirmó que 95 % de las personas detenidas durante las protestas postelectorales pertenecen a zonas populares y humildes de distintos estados de Venezuela.
Otra mamá de un sector popular de Caracas contó que su hija recibe comida descompuesta. «Carne con gusanos, arepas con queso podrido y en muchas ocasiones lo que toman es agua sucia», añadió.
Un caso emblemático en redes es el de Victoria, una adolescente de 16 años, y estudiante de la Orquesta Sinfónica, modelo y trabajaba como recepcionista en una oficina en sus tiempos libres de vacaciones. Acaba de pasar a quinto año de bachillerato.
Su madre, Carmen Morillo, denunció que salió a caminar con su prima en Caracas y fueron detenidas, además de trasladadas a varios sitios de reclusión. “La llevaron a Maripérez; de Maripérez la llevaron a la Zona 7 de Boleíta y así sucesivamente en una tremenda zozobra. Yo no sé cómo está ella, si come o si duerme”, afirmó el 6 de agosto.
El patrón se repite en los casos de adolescentes en los que sus madres están desesperadas y denuncian la situación de sus hijos, quienes en su mayoría están incomunicados, no tuvieron acceso a asistencia legal privada o de una ONG y están recluidos en condiciones precarias,
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