Venezuela y la justicia internacional
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, durante una de las visitas que realizó al país / Prensa Miraflores
En un contexto donde la justicia se ha convertido en un recurso tan escaso como el agua potable en Venezuela, el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentado por su presidenta Roberta Clarke ante el Consejo Permanente de la OEA, es un recordatorio poderoso y sombrío de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que continúan ocurriendo en nuestra nación.
Este informe, que se alinea con los hallazgos de otros organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales durante la última década, pone en evidencia una realidad ineludible: Venezuela vive bajo un gobierno que ha perfeccionado el arte de la impunidad.
Desde hace años, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las desapariciones forzadas y la persecución política no solo se han vuelto algo corriente, sino que han sido institucionalizadas como herramientas de control y represión. La justicia, en lugar de ser un pilar de protección para los ciudadanos, se ha convertido en un arma al servicio del poder. En este sombrío escenario, la separación de poderes ha sido desmantelada y la justicia es aplicada de manera arbitraria para garantizar la impunidad de quienes cometen estos crímenes.
El principio de complementariedad, que establece que la justicia internacional debe intervenir cuando la justicia nacional es incapaz o no está dispuesta a hacerlo, se presenta como una esperanza para las víctimas venezolanas.
Sin embargo, la lentitud con la que se ha actuado hasta ahora es inaceptable. Cada día que pasa sin que se tomen medidas concretas, es un día en que nuevos crímenes de lesa humanidad son cometidos, nuevas víctimas son torturadas, desaparecidas o asesinadas, y nuevas familias son condenadas a la eterna espera de justicia.
Es imprescindible que la Corte Penal Internacional tome medidas decisivas e inmediatas. Ya no es suficiente con denuncias y declaraciones: es necesario que se imputen cargos y se emitan órdenes de aprehensión contra los principales responsables de estos crímenes, incluidos aquellos en las más altas esferas del poder. El mundo no puede seguir mirando hacia otro lado mientras Venezuela se hunde cada vez más en la represión y la violencia estatal.
El reciente proceso electoral venezolano ha sido un ejemplo más de la degradación de la institucionalidad en el país. La opacidad en la publicación de resultados, la falta de verificación y la manipulación evidente del proceso electoral demuestran que en Venezuela ya no existe ni siquiera la apariencia de democracia. La comunidad internacional no puede aceptar pasivamente estos resultados, y debe condenar enérgicamente las irregularidades cometidas.
El tiempo es un lujo que las víctimas en Venezuela no tienen. Ya han pasado 10 años de impunidad, mientras el oficialismo se ha burlado de los intentos de la comunidad internacional por hacer justicia. El camino es largo y arduo, pero es el único que puede ofrecer esperanza a quienes han perdido todo en los últimos 25 años.
No podemos permitir que la impunidad siga reinando en Venezuela ni que las víctimas continúen esperando indefinidamente. Hay un pueblo que clama por justicia. ¿Cuánta violación de derechos humanos más debe soportar?
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