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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el jueves 12 de septiembre a 16 funcionarios señalados de “violar los derechos civiles” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. 

“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 16 funcionarios alineados con Maduro que obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo”, indica el comunicado del Departamento del Tesoro. 

Las sanciones fueron publicadas como parte de la Orden Ejecutiva 13692 con modificaciones. Entre los sancionados figuran funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El comunicado explica que estas personas habrían impedido un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos en Venezuela. 

Otros funcionarios señalados pertenecen a organismos militares, de inteligencia y de gobierno “responsables de intensificar la represión mediante la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura”.

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“Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa”, señaló el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en la publicación.

La institución agregó que se impusieron restricciones de visas a casi 2.000 personas “por su papel en el debilitamiento de la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos”.

Funcionarios del TSJ y el CNE que figuran en las sanciones 

Las reacciones tras la sentencia de la Sala Electoral del TSJ que certificó resultados anunciados por el CNE
EFE/ Miguel Gutiérrez

-Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado del TSJ  en la Sala Constitucional del TSJ: por apoyar la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Maduro había ganado las elecciones, durante el peritaje del TSJ en el CNE. Además, estuvo involucrado en la citación de candidatos presidenciales y líderes de partidos políticos al TSJ.

-Malaquias Gil Rodríguez, magistrado y presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ: por obstruir el proceso electoral al descalificar la candidatura presidencial de María Corina Machado.

-Juan Carlos Hidalgo Pandares, magistrado y vicepresidente de la Sala Político Administrativa del TSJ: por obstruir el proceso electoral al descalificar la candidatura presidencial de María Corina Machado.

-Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del TSJ y de la Sala Electoral: por llevar adelante la certificación de los resultados del CNE que dieron como ganador a Maduro de las elecciones presidenciales. 

-Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral: por estar entre los funcionarios que supervisaron el proceso de valoración técnica del material probatorio presentado por el CNE, las organizaciones políticas y los excandidatos participantes en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

-Edward Miguel Briceno Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con jurisdicción sobre terrorismo: por admitir una orden de captura contra Edmundo González.

-Luis Ernesto Duenez Reyes, fiscal del Ministerio Público: por emitir la solicitud oficial de orden de captura contra Edmundo González.

-Rosalba Gil Pacheco, rectora del CNE y  presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE: por establecer una regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, al instituir irregularidades en el registro electoral y al retrasar intencionalmente los procesos en los centros de votación.  

-Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del CNE: por establecer una norma restrictiva para la elegibilidad de los fiscales electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y demorando intencionalmente los procesos en los centros de votación. 

Otros funcionarios sancionados

Organizaciones internacionales exhortan a que no se criminalice la protesta en Venezuela
EFE/ Ronald Peña

– Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, fiscal en el Juzgado Primero de Letras Especializado de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM): por iniciar procesos penales con motivaciones políticas, que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional de 2015 reconocida por Estados Unidos y otros funcionarios opuestos a Maduro.

-Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional: por el Despojo y Robo de CITGO como parte de la campaña “Furia Bolivariana” lanzada en enero de 2024 contra la oposición democrática. 

-Domingo Antonio Hernández Larez, comandante Operacional Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): por participar en el aumento de la represión por parte de las fuerzas militares.

-Elio Ramon Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB): por permitir que la GNB acosara y detuviera a venezolanos bajo sospecha de apoyar materialmente a Machado y González durante la campaña electoral.

-Johan Alexander Hernández Larez, comandante de la REDI Capital de la GNB: por permitir el acoso y detención de supuestos opositores.

-Asdrúbal José Brito Hernández, director de Investigaciones Criminales de la DGCIM: por su relación con las torturas denunciadas en informes de las Naciones Unidas y por la coordinación de la llamada Operación Tun Tun para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones.-Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin): por permitir que el cuerpo de seguridad ejecutara detenciones por motivos políticos.