Fujimori muere en libertad y en deuda con los derechos humanos
LIMA – El ex presidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú con mano dura entre 1990 y 2000, murió el miércoles 11 a los 86 años, víctima de cáncer, y en libertad por un indulto humanitario, después de purgar en prisión solo parte de una condena por violaciones a los derechos humanos y corrupción durante su gobierno.
Su hija Keiko Fujimori, líder del partido fujimorista Fuerza Popular, publicó en la red social X que “después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor”.
Hijo de inmigrantes japoneses, Fujimori nació en Lima en 1938, se graduó de ingeniero agrónomo y dirigía la Universidad Nacional Agraria cuando en 1990, sumido Perú en una crisis económica y de conflicto armado interno, se presentó a la elección presidencial a la cabeza de su pequeño y recién creado partido, Cambio 90.
El desplome de los partidos tradicionales le permitió colocarse como rival en una segunda vuelta del afamado escritor Mario Vargas Llosa, y logró vencerlo con base en el temor del electorado a duros ajustes tras años de hiperinflación, que prometía el novelista, pero ya en la presidencia aplicó un programa económico de choque.
En un autogolpe, el 5 de abril de 1992 disolvió el Congreso legislativo y el Poder Judicial y, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, inició un gobierno autoritario que trató de justificar como puntal de su programa económico liberal y de lucha contra las guerrillas izquierdistas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Mrta).
Su popularidad se mantuvo alta y fue reelegido en 1995 y 2000 (esta vez bajo fuertes denuncias de fraude), conservando una fachada civil y democrática para su gobierno autoritario con apoyo popular aunque también una creciente oposición.
Cosechó como éxitos políticos la captura de Abimael Guzmán, jefe de la guerrilla senderista, y el rescate de diplomáticos rehenes del Mrta en la residencia del embajador japonés, con lo cual descabezó y prácticamente liquidó a la insurgencia.
En el marco de esa lucha se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos, con masacres a cargo de escuadrones de la muerte, como el Grupo Colina y las “rondas” campesinas que enfrentaban a las guerrillas en las zonas rurales, con decidido impulso del gobierno de Fujimori.
Como casos destacados de esa represión, en diciembre de 1991 el Grupo Colina incursionó en la zona limeña Barrios Altos y asesinó a 15 personas. En julio de 1992 perpetró el asesinato de nueve alumnos y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta).
En 1995 un Congreso Constituyente Democrático, elegido con mayoría fujimorista, dictó una amplia ley de amnistía para policías y militares implicados en la represión.
También ese año Fujimori lanzó un “programa de planificación familiar”, supuestamente orientado a reducir la pobreza, y que se tradujo en la esterilización forzada, sin su consentimiento, de unas 300 000 mujeres en zonas de bajos ingresos e indígenas en su gran mayoría.
En 1994 Fujimori se divorció de su esposa y madre de sus cuatro hijos, Susana Higuchi, y colocó la condición de “primera dama” a su hija Keiko, quien años después también fue varias veces candidata presidencial y dirige la importante bancada fujimorista en el actual Congreso del Perú.
Poco después de iniciar su tercer mandato en julio de 2000 salieron a luz vídeos que demostraban como durante años su principal asesor, Vladimiro Montesinos, dirigió por órdenes del presidente, y durante años, sobornos a miembros de la clase dirigente peruana y otras operaciones de corrupción.
Fujimori viajó a Asia en noviembre de 2000 y desde Tokio envió una carta de renuncia al gobierno de su país. Permaneció en Japón varios años, incluso fue candidato al parlamento japonés en virtud de su doble nacionalidad, pero durante un viaje a Chile en 2005 fue detenido en ese país y luego extraditado a Perú.
Tras un juicio que duró 15 meses resultó el primer presidente peruano elegido que fue procesado y sentenciado como violador de derechos humanos.
En abril de 2009 fue declarado culpable de asesinato, lesiones y secuestro por los crímenes cometidos por el Grupo Colina en Barrios Altos y La Cantuta, y se le condenó a 25 años de prisión. En otros juicios recibió penas de siete y seis años por malversación de fondos y cohecho.
Según la legislación peruana, todas las condenas deben cumplirse simultáneamente, con una duración máxima de 25 años de prisión, pero el 24 de diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó por motivos de salud.
La Corte Suprema anuló el indulto en octubre de 2018, dictaminando que los crímenes de lesa humanidad son imperdonables. Regresó a la cárcel y debió asistir a un nuevo juicio, acusado de ser el autor mediato de la masacre de otros seis campesinos torturados, asesinados y quemados durante su gobierno.
Finalmente, el Tribunal Constitucional revivió en diciembre de 2023 el indulto de 2017 debido a que el exmandatario sufría de hipertensión, frecuencia cardíaca irregular y riesgo de cáncer de lengua, por lo que ordenó su excarcelación. Vivió entonces entre la casa de su familia y el hospital.
Este año el parlamento peruano adoptó una ley que exonera a los funcionarios señalados de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de derechos cometidos antes de julio de 2002, lo que favorecía en primer lugar al expresidente.
En ese contexto, su hija Keiko anunció que Alberto Fujimori posiblemente se presentaría a la elección presidencial prevista para 2025. Pero no pudo ser.
A-E/HM
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