Hipócritas: izquierda chilena se aleja del estallido que llevó a Boric al poder
El uso del estallido social por la izquierda chilena resulta inconveniente al sector para las elecciones municipales y regionales de octubre
Gabriela Moreno PANAM POST 
La izquierda chilena apelará a la hipocresía e incluso la amnesia política para las elecciones municipales y regionales que se disputarán el próximo 26 y 27 de octubre. Ni por equivocación, el sector oficialista, recordará o mencionará el estallido social que durante los últimos cinco años empujó sus discursos de campaña. El plan, ahora, es dejar de lado la conmemoración e incluso reivindicación de las movilizaciones sociales de 2019.
El uso de las protestas que dejaron 255 millones de dólares en daños al país resulta inconveniente para la próxima cita comicial donde la nación escogerá 345 alcaldes, 16 gobernadores regionales, 302 consejeros regionales y 2.252 concejales.
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Con semejantes cuotas de poder en juego, desempolvar el estallido social en las primeras elecciones municipales realizadas con el sistema de inscripción automática y voto obligatorio sería un salto al vacío cuando la derecha estima recuperar los 50 sillones municipales que perdió en 2021.
Según El Mercurio en la izquierda asumen que si bien las protestas propiciaron la instalación de una Convención Constitucional con mayoría oficialista, el rechazo al texto por 62% de los electores después de innumerables escándalos se convirtió en una inesperada estocada imposible de superar. Además, la ola de manifestaciones violentas, que en otrora avaló el gobierno de Gabriel Boric, hoy el 55 % de la población percibe que resultaron negativas para el país. Referirse al estallido en la víspera de las municipales resulta absurdo.
Sin errores en la campaña
Los errores en la campaña no están permitidos. De hecho, los partidos oficialistas emitieron un documento reservado entre sus candidatos donde establecen tres condiciones para el periodo de promoción que finaliza el 24 de octubre, tres días antes de los comicios.
La Tercera filtró el archivo de las “bases programáticas” en el cual exhortan, en primer lugar, al apoyo recíproco de las candidaturas unipersonales, es decir, en las alcaldías “políticamente acordadas” el pasado 10 de abril, como también en el caso de las gobernaciones regionales que “también tienen esa condición”.
Sin embargo, el cumplimiento es poco probable o quizá a medias considerando que en el caso de los candidatos a gobernadores, los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana inscribieron un total de cuatro pactos que compiten entre sí en siete de las 16 regiones del país.
Además, insiste en que el apoyo mutuo no puede afectar la identidad ni el perfil de los partidos. La petición es clave y espinosa debido a las discrepancias entre las toldas, por ejemplo, sobre la situación de Venezuela. Ya el Partido por la Democracia (PPD) vocifera su desacuerdo con el Partido Comunista (PC) por defender al régimen de Nicolás Maduro luego del fraude electoral del 28 de julio. Como último punto, solicitan que los actos unitarios deben convocar al conjunto de los partidos que forman parte del pacto.
Moneda reservada
El gobierno de Boric recurre a la cautela para evitar hablar del estallido en el camino a las municipales. Desde la Secretaría General de Gobierno (Segegob), a cargo de la comunista, Camila Vallejo (PC) se aprobaron 400 millones de pesos, equivalentes a 429 000 dólares, para desplegar un “plan de medios” que incluya un “enfoque de género, respetando las diversidades, étnicas y sexuales” y con “inclusión de personas en situación de discapacidad, siempre que sea pertinente para la campaña”.
La Moneda tiene los pasos medidos en esta contienda. En el Ejecutivo saben que están obligados a apegarse a la resolución que entregó la Contraloría para los períodos de campaña donde ordena que las autoridades y funcionarios, mantengan un rol prescindente en la campaña durante su horario laboral.
La contralora subrogante, Dorothy Pérez, envío las disposiciones al Palacio de Gobierno con un mensaje claro: “las autoridades, jefaturas y funcionarios deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad”.
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