-- Publicidad --

Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, denunció que las condiciones de reclusión de las mujeres detenidas por motivos políticos en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en el estado Miranda, son deplorables y que las privadas de libertad enfrentan violaciones de sus derechos humanos. 

“Por la crisis poselectoral, el hacinamiento en este centro de reclusión fue superior y, tan es así, que llevaron nuevas reclusas y las tuvieron que llevar a otro centro de reclusión que se llama Las Crisálidas (Miranda) y en realidad la situación es desesperante”, explicó Acosta en una entrevista para VPItv. 

La abogada informó que los familiares de las detenidas políticas describen la situación como “una historia de terror”. Alegó que las reclusas no tienen acceso a alimentación adecuada, agua potable y medicamentos, por lo que catalogó está situación como una violación a su dignidad humana.

Muchas de ellas están ahí detenidas de manera enjuta y además son sometidas a tratos crueles”, sentenció. 

Más de 200 detenidas en el contexto poselectoral 

La activista Ana Leonor Acosta señaló que de acuerdo con la información que ha recogido la coalición, en el contexto poselectoral han sido detenidas aproximadamente 200 mujeres. No obstante, alega que esta cifra podría ser mayor por los casos que no hayan sido denunciados por los familiares. 

-- Publicidad --
Muchas de ellas son jóvenes, pero nos relataban personas que están dentro del centro de reclusión que hay mujeres de todas las edades. También nos relataban que estas personas estaban aterradas, que no tenían ningún tipo de explicación a lo que sucedía y no todas han denunciado. Las familias tienen mucho miedo de hablar y tienen mucho miedo de lo que está sucediendo”, dijo.

Acosta alegó que a la mayoría de estas detenidas se les ha impedido la defensa privada, por lo que las familias han tenido que acudir a la defensa pública. 

ONG denunció situación de las presas políticas en el INOF: “Son sometidas a tratos crueles”
Foto: Diario Avance

“Muchos familiares acudieron a la defensoría pública a investigar qué estaba pasando, les pidieron requisitos y les dijeron que como no estaban involucradas en ningún acto delictivo, después de los 45 días de investigación penal en la audiencia preliminar era muy probable que fueran liberadas. Pues esto no sucedió, llevaron a ls mujeres a juicio y esto crea otro capitulo más en lo que es la violación al derecho a la defensa y el debido proceso en Venezuela”, detalló. 

Sobre la detención de la exdirectora del INOF

La abogada se refirió a la reciente detención de la exdirectora del INOF. Ahiza Guillermina Maestre Betancourt, quien fue imputada por el Ministerio Público de los presuntos delitos de comisión de los delitos de retraso u omisión agravada de funciones, así como introducción Ilícita de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios.

Acosta señaló que las mujeres detenidas en el INOF habían reportado previamente que la directora del penal participaba en presuntos hechos de corrupción al solicitar dinero a las detenidas a cambio de teléfonos y “privilegios”.

“Vemos que las imputaciones no tienen que ver con actos de corrupción, sino con incumplimiento de funciones, entonces esto está en investigación, es una etapa preliminar y veremos definitivamente dentro de los 45 días quedan imputados”, agregó.

Explicó que esta no es una situación exclusiva del INOF, sino que en muchos penales se repiten estos delitos cometidos por parte de autoridades de los centros de reclusión. Indicó que los detenidos por motivos políticos pasan de ser víctimas del sistema judicial a ser víctimas de la corrupción y el sistema carcelario.

Condiciones de reclusión en el INOF

La activista explicó que las detenidas en el INOF enfrentan una serie de irregularidades con respecto a las condiciones en las que están recluidas. Alertó que una de las situaciones más preocupantes tiene que ver con la alimentación de las presas. 

“En este caso la alimentación en los centros de reclusión es precaria. Algunas reclusas que yo he podido entrevistar me han señalado que siempre tienen problemas estomacales, malestares y diarreas por la mala calidad de la comida y estamos hablando de mala calidad en dos sentidos, en valor nutricional, que hacen que estén desnutrida, y en salubridad muchas veces estas comidas están en mal estado”, denunció.

Aclaró que las reclusas que pueden cumplir con sus requerimientos nutricionales. lo han logrado porque sus familiares les envían comida. No obstante, indicó que para poder acceder a esos alimentos deben pagarle a los custodios. 

Considera que la situación empeora cuando se trata el tema de la asistencia médica a las detenidas, ya que cuando los abogados de las reclusas piden en los tribunales órdenes de traslados a centros de salud para chequeos y retención médica, las autoridades carcelarias no cumplen con esas solicitudes. 

Observatorio Venezolano de Prisiones: El INOF presenta un hacinamiento crítico
Foto: Una Ventana a la Libertad
Los directores se niegan a trasladar a las personas a los hospitales y estas personas ven deteriorarse su salud. Hay que destacar que la falta de alimentos y la falta de atención médica es una forma de tortura”, indicó. 

La activista informó que recientemente se realizó un traslado de presas desde el INOF y La Crisálida hacia otros centros de reclusión en la madrugada del 18 de octubre. Acosta aclaró que las mujeres trasladadas eran presas comunes, debido a que no se tiene ningún registro de que hayan incluido a mujeres detenidas por motivos políticos en ese grupo. 

“Esto no se hizo planificado, este traslado ocurrió a la 1:00 am, es decir que no había familiares ni nadie supervisando como un fiscal del Ministerio Público, por ejemplo. Lo que nos señalaron las personas que pudieron ver el traslado es que las mujeres trasladadas presuntamente fueron golpeadas y maltratadas”, alertó. 

La abogada destacó que tanto las presas comuniones como las que son consideradas presas políticas enfrentan las irregularidades de un sistema penitenciario que no garantiza los derechos humanos y civiles.