A presos políticos en cárcel de Tocorón les piden $500 para no ser "torturados", según denuncia

Familiares de 960 procesados por terrorismo están recibiendo llamadas de custodios para que paguen seguridad, reporta la periodista Carla Angola

Momento en que el régimen de Nicolás Maduro traslada a más de 700 presos políticos a los centros penitenciarios de Tocuyito y Tocorón, el 31 de agosto de 2024.

Cortesía ONG OVP

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas26 de octubre de 2024 - 14:39

MIAMI.- En Venezuela, 960 presos políticos que se encuentran recluidos en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, están sometidos a violaciones de derechos humanos no solo en procesos que les siguen tribunales de terrorismo, sino también en prisión.

Sus familiares “están recibiendo la llamada de guardias de Tocorón, advirtiéndoles que si no pagan 500 dólares van a torturar a sus seres queridos”, denunció la periodista Carla Angola con base a la información que ha recibido.

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“El régimen de Nicolás Maduro ha convertido los crímenes de lesa humanidad en un negocio”, añadió a través de sus redes.

#Urgente.
Los familiares de los 960 presos políticos quienes están ahora secuestrados en la cárcel de Tocorón han estado recibiendo la llamada de guardias de la prisión advirtiéndoles que si no pagan 500 dólares van a torturar a sus seres queridos.
El régimen de Nicolás Maduro ha…

— Carla Angola TV (@carlaangola) October 21, 2024

Violación de derechos humanos

La grave denuncia agrega una irregularidad más a la violación de derechos humanos de los presos políticos en general, que ha sido alertada por organismos interamericanos.

El Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón, es uno de los penales a donde fueron trasladados en fecha reciente muchos de los detenidos durante y después de las protestas ciudadanas contra los resultados fraudulentos de la elección presidencial el 28J.

Entre los detenidos hay adultos y jovencitos, a quienes se les siguen procesos por terrorismo y otros graves delitos, sin que hayan podido tener derecho a abogados privados tras ser detenidos en forma arbitraria, según el informe de la Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU que documentó casos hasta septiembre.