POR DELITOS FISCALES: grupo de abogados la emprende contra el rey emérito Juan Carlos I de España
El caso se remonta a los años 2014-2018, cuando Juan Carlos I no declaró al fisco diversos ingresos percibidos desde el extranjero. Entre estos destacan los fondos gestionados por la fundación Zagatk
Un grupo de antiguos juristas españoles y otras personalidades han decidido querellarse contra el rey emérito Juan Carlos de España por delitos fiscales, anunció uno de ellos este lunes.
Entre los querellantes se encuentran los magistrados jubilados Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, los ex fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, el filósofo Santiago Alba y la periodista Pilar del Río.
Acusan al exmonarca de haber cometido cinco delitos fiscales relacionados con la Hacienda Pública.
La querella pretende demostrar que “las regularizaciones fiscales de las declaraciones de la renta de 2014 a 2018” del antiguo monarca “no se hicieron con arreglo a la ley”, explicó a la televisión pública TVE José Antonio Martín Pallín, magistrado jubilado del Tribunal Supremo y uno de los querellantes, reseña la AFP.
Pallín hacía referencia al pago de más de 5 millones de euros al fisco que hizo Juan Carlos de Borbón en dos regularizaciones cuando fue avisado de que estaba siendo investigado por la agencia tributaria.
La fiscalía investigó estas regularizaciones y acreditó que Juan Carlos defraudó a la Hacienda Pública, se benefició de donaciones de monarquías del Golfo y de empresarios o de viajes privados sufragados por una fundación en Liechtenstein.
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Sin embargo, renunció a perseguirle penalmente por la prescripción de los delitos y la inviolabilidad de la que gozó mientras fue jefe de Estado, desde 1975 hasta su abdicación en su hijo Felipe en 2014.
Los querellantes estiman que no basta la exculpación de la fiscalía y que debería ser un tribunal quien decida si el monarca emérito de 86 años, que vive en Emiratos Árabes Unidos desde 2020, zanjó sus obligaciones con Hacienda.
“En un Estado democrático, el que tiene la última palabra siempre es un tribunal de justicia, en este caso el Tribunal Supremo”, argumentó Pallín, explicando que entre los querellantes había juristas, filósofos y periodistas, entre otros. No facilitó el número de querellantes.
“No tenemos ni el más mínimo interés en que se pongan penas de prisión o que nadie vaya a la cárcel. Lo que sí pedimos es que la multa que prevé el artículo se ponga en su grado máximo”, añadió.
La ley española prohíbe expresamente que un contribuyente regularice su situación fiscal si previamente la Agencia Tributaria o la Fiscalía han iniciado una inspección o investigación.
Según los querellantes, Juan Carlos I fue advertido en 2020 de la existencia de irregularidades en sus declaraciones de impuestos. Incluso argumentan que, desde junio de ese año, los medios de comunicación habían informado ampliamente sobre estas investigaciones, lo que permitía al exmonarca estar al tanto de la situación, reseña el diario El País.
IMPACTO VENEZUELA
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