CASO contra PODEMOS: justicia de España pide interrogar a tres exfuncionarios venezolanos implicados en corrupción
Se trata de Nervis Villalobos, Rafael Isea y Javier Ochoa
El juez instructor de la Audiencia Nacional de España que indaga en las investigaciones contra el partido Podemos, acordó enviar una comisión rogatoria a Venezuela para tomar declaración por videoconferencia y en calidad de testigos a Nervis Villalobos, quien fuera viceministro de Energía del Gobierno venezolano; a Javier Ochoa Alvarado, exviceministro de Electricidad y Desarrollo; y a Rafael Isea, quien fue ministro de Finanzas.
Según la agencia Europa Press, el juez Santiago Pedraz pone fecha a esas declaraciones, el 18 de marzo a las 12.30 horas, y acoge de esta forma la petición tanto de Podemos como de su exsecretario general Pablo Iglesias, que entienden que fueron posibles informantes de los funcionarios policiales españoles que realizaron esas presuntas pesquisas ilegales sobre el partido “morado’”..
Por otro lado, también da luz verde a otras seis testificales y así el 22 de enero a las 10.15 horas cita a José María García González, quien fuera secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía en abril de 2016, y que habría propuesto una actuación administrativa a favor de Carlos Alberto Arias «en virtud de la colaboración que viene prestando».
El objetivo es que detalle la referida «colaboración» y si tuvo que ver con la formación.
Ese mismo día escuchará a Manuel López Vázquez, quien hasta marzo de 2016 fue comisario jefe de la UDEF y por tanto predecesor en sus funciones del también testigo José Manuel García Catalán.
Pedraz señala, asimismo, el 24 de enero para la testifical de dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).
De uno de ellos, Podemos reseñaba en su escrito que era jefe de la Sección de Vigilancia de la Unidad de Asuntos Internos en la época en que acontecieron los hechos investigados y puede «esclarecer las circunstancias en que se produjeron las reuniones de los funcionarios pertenecientes a la organización investigada con los ex dirigentes venezolanos en España en diversos hoteles».
Sobre la segunda, la formación indicó que era la inspectora Jefe de la UDEF que participó en las operaciones ‘Venus’ y ‘Bolívar’, incluyendo en ellas el viaje a Nueva York para entrevistarse con Rafael Isea.
Otras declaraciones
En enero se celebrará un día más de testificales, el día 28, con las declaraciones de Natalia Fátima Carrascosa Penche y José Aliste. De la primera, la formación ‘morada’ reseñaba que era apoderada de 360 GLOBAL MEDIA, S.L. y podría arrojar luz sobre la recopilación de información para la elaboración del ‘Informe PISA’.
Sobre el abogado José Aliste, Podemos recordaba que sería quien «intermediaba entre la cúpula policial y los anteriores ciudadanos venezolanos».
El titular del Juzgado Central de Instrucción ha acordado esta diligencia en el marco de la causa abierta a raíz de una querella presentada por Podemos contra antiguos altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía por presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre personas que conformaban aquella organización política.
Cabe recordar que fue en febrero de 2024 cuando Pedraz admitió parcialmente la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por esas presuntas investigaciones prospectivas. Rechazaba, eso sí, investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.
La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental.
También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad «se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política».
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad éste de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
Actuaciones concretas
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las «fuentes policiales» para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento «falsario» de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
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