ATACÓ A LA
CLASE OBRERA
El 19 de marzo de 2009
Luis Oviedo, de Prensa Obrera, de
Argentina, reportó
-Hugo Chávez reaccionó con rudeza a
la ola de protestas, huelgas y reclamos de trabajadores que se extiende por
Venezuela. Luego del referéndum del 15 de febrero, que aprobó la reelección
indefinida, salieron a la huelga o plantearon pliegos de reivindicaciones los
petroleros, los trabajadores del aluminio y de las industrias básicas, los de
la energía eléctrica y los del subte de Caracas.
“El que pare aquí una
empresa del Estado se está metiendo conmigo. Eso es sabotaje y no lo voy a
tolerar”, advirtió Chávez. … ordenó a
los servicios de inteligencia investigar a los dirigentes sindicales de las
empresas estatales y amenazó con militarizar el subte de Caracas si los
trabajadores van a la huelga.
Luego señaló:
-En los primeros días de
marzo, a los trabajadores de Aragua y Anzoátegui se les impidió manifestar por
las calles de Caracas (debieron desplazarse por las veredas). En los últimos
seis meses, cinco trabajadores fueron asesinados en conflictos sindicales: tres
por un patota patronal en el Estado Aragua; dos por la policía del Estado
Anzoátegui.
Dos millones de
trabajadores, entre ellos los petroleros, deberán discutir en los próximos
meses la renovación de sus convenios colectivos. Con una inflación (oficial)
del 30% anual y un aumento de los alimentos del 40%, la presión por aumentos
salariales es muy fuerte. Además, existen “pasivos laborales” masivos, como
consecuencia del incumplimiento de convenios, de salarios y beneficios mal
liquidados. Un dirigente de la CTV los estimó en 20.000 millones de dólares (Ámbito Financiero, 12/3), tanto en
empresas privadas como estatales.
Después apuntó:
-Además de los salarios y
los ‘pasivos laborales’, los trabajadores de las industrias básicas reclaman
inversiones en las empresas nacionalizadas. Sin inversiones inmediatas,
denuncian, el atraso tecnológico y la falta de materias primas (por el atraso
en el pago a los proveedores) amenazan su continuidad productiva.
Daniel Varela, secretario
de prensa del sindicato del aluminio, reclamó una inversión inmediata de 311
millones de dólares “antes de que ocurran daños irreparables” (Vheadlines,
18/2). También el sindicato de los trabajadores del carbón exige las inversiones
“necesarias para una recuperación adecuada (ídem). Los ceramistas reclaman que
se ejecute la prometida nacionalización de Cerámicas Carabobo.
Además indicó:
-Sidor enfrenta el
vaciamiento. La anunciada nacionalización todavía no se concretó y no hay
inversiones por parte del Estado. Para recuperar su nivel de producción, Sidor
necesita fuertes inversiones porque, según el director laboral Jhony Luna, «fue
dejada en ruinas por los argentinos» (ídem).
El proceso de las
estatizaciones está paralizado; para completar el panorama, el gobierno
desistió (al menos por este año) de nacionalizar el banco Santander.
La caída del precio del petróleo
compromete la capacidad del gobierno de invertir en las empresas estatizadas e,
incluso, lo está forzando a racionalizar la propia PDVSA, lo que implicará
despidos y desvalorización de los salarios.
Seguidamente destacó:
-Con los precios actuales,
dicen los especialistas, ninguna petrolera comprometerá su capital para
desarrollar, en asociación con PDVSA, la cuenca del Orinoco. Pero PDVSA carece
del capital para desarrollarla en forma independiente. La crisis mundial
amenaza los ingresos petroleros y la propia capacidad de producción de
Venezuela.
Pero la falta de
inversiones, el atraso tecnológico y los pasivos salariales vienen de mucho
antes de la caída del precio del petróleo. Sin control obrero, las
nacionalizaciones no han logrado darle una salida al desarrollo industrial de
Venezuela. Como hace dos décadas, Venezuela sigue dependiendo de la exportación
de petróleo.
Para lo que sí sirvieron
las nacionalizaciones fue para enriquecer a la “boliburguesía” y a la
burocracia que maneja el aparato estatal y las empresas estatizadas.
Recientemente, se dio a conocer una lista de los venezolanos que perdieron sus “ahorros”
en el fondo del financista Madoff: con inversiones por 278 millones de dólares,
la encabeza Diosdado Cabello, ministro del gabinete, varias veces señalado como
“segundo” de Chávez; lo siguen decenas de funcionarios estatales.
Otra fuente, Consuelo
Iranzo, en la edición número 274 de la revista argentina Nueva Sociedad, de
fecha marzo-abril de 2018, hizo una aproximación sintética del sindicalismo venezolano
en tiempos revolución, en la apuntó de inicio:
-El sindicalismo
venezolano atravesó con dificultades el proyecto impulsado por Hugo Chávez
desde 1999. La antigua Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) levantó
banderas políticas en favor de la democracia que la acercaron a sectores
patronales antichavistas y la alejaron de los asuntos laborales, mientras que
la central aupada desde el oficialismo renunció a la independencia y la
libertad sindical. Pese a los intentos actuales de articular ambos bloques,
ante un Estado autoritario, el sindicalismo venezolano se muestra, hasta el
momento, incapaz de superar sus propias deficiencias y de jugar un rol
relevante en medio de la profunda crisis que vive el país.
(El chavismo fundó la Central
Bolivariana Socialista de Trabajadores)
Luego destacó:
-El 8 de abril de 1999
tuvo lugar un congreso extraordinario de la Confederación de Trabajadores de
Venezuela, en el cual se llegó a una decisión impensable poco tiempo antes: la
cúpula de esta entidad sindical sería escogida mediante elecciones universales,
directas y secretas, hecho inédito en el mundo sindical internacional. Tan
drástica decisión solo era comprensible en el marco del cambio político que
acababa de ocurrir: Hugo Chávez Frías ascendía al poder después de una campaña
radical contra el establishment, dentro del cual incluía a la mayor central
sindical del país. Las cualidades de tales elecciones, que a la larga se
convertirían en un estorbo para la propia renovación, respondían a un viejo
reclamo sostenido por parte de la izquierda y dirigentes sindicales de
tendencia clasista de democratizar esa central.
Se consideraba a la CTV tomada
por una burocracia corrupta, autoritaria e ineficiente, además de
corresponsable de la difícil situación económica de la década que terminaba, ya
que, a cambio de ofrecer paz laboral, había mantenido con el poder una relación
privilegiada que le garantizó el monopolio de la representación de los
trabajadores y la represión de las opciones sindicales que la enfrentaban;
rasgos estos propios de un sistema neocorporativo como el que imperó hasta
comienzos de los años 90 y que se trataría de revivir justo antes de las
elecciones de finales de esa década. Sin embargo, hay que decir –nobleza
obliga– que el buró sindical del viejo partido Acción Democrática, que ha
controlado históricamente la CTV supo también hacerse de un gran poder y
respeto dentro de su partido y que conocía todo el aparataje de la negociación
colectiva como ninguna otra fuerza sindical.
Y continuó:
-Parte del sindicalismo
crítico creyó llegada su hora con la asunción de Chávez y respaldó sus medidas
de carácter interventor –mucho más drásticas que las implementadas hasta
entonces–, con la ilusión de forzar la depuración del movimiento sindical desde
afuera. Fue un tiempo en el que la CTV se vio atacada por todos los flancos, y
algunas de esas medidas quedarían incluidas dentro de la nueva Constitución de
la República (sancionada por referéndum el 15 de diciembre de 1999), mientras
que otras serían abandonadas gracias al juicio condenatorio de la Organización
Internacional del Trabajo- por ser violatorias de la libertad sindical.
Sin embargo, dos de ellas,
igualmente violatorias, sí llegaron a imponerse: en primer lugar, la
realización de un referéndum a escala nacional para determinar si llevar a cabo
o no elecciones sindicales; y, en segundo término, la designación del Consejo
Nacional Electoral como responsable de
la organización de las elecciones sindicales.
La primera iniciativa tuvo
un efecto contrario al esperado por el gobierno, pues, entre otras cosas,
propició la deserción de sindicalistas oficialistas, que estuvieron en desacuerdo
con que toda la población opinara sobre un asunto que solo concernía a los
trabajadores sindicalizados, y coadyuvó a la recuperación de la CTV junto con
la consolidación de una nueva figura (Carlos Ortega), surgida de una exitosa
huelga petrolera del año anterior. La segunda iniciativa se convertiría en una
traba permanente para la renovación sindical.
Asimismo puntualizó:
-Fueron tantas las
acciones en contra de la CTV que, a finales de 2001, el desconocimiento
gubernamental del resultado de sus elecciones internas y la imposición de un
nuevo Estatuto de la Función Pública operaron como gotas que rebalsaron el vaso
y dieron inicio a movilizaciones callejeras a gran escala. Pero, a fin de
cuentas, la recién recuperada legitimidad de la ctv no duraría mucho, porque la
mala interpretación de los intereses de sus afiliados y, sobre todo, la
evaluación equivocada de sus propias fuerzas políticas la conducirían a asumir
el liderazgo de las luchas contra el gobierno, lo que trascendía sus
posibilidades. La articulación de sus protestas con las de la federación de
empresarios fue fraguando una conjunción entre ambos actores (contra natura, la
llamarían algunos), que perdería su cariz laboral original para terminar siendo
una alianza de carácter político dirigida a forzar la salida de Chávez del
poder. Ciertamente, esto no respondió a un mero capricho, pues ya se
vislumbraba el peligro que corría la democracia, pero el hecho es que el actor
laboral dejó de serlo para convertirse en actor político. El rotundo fracaso de
la huelga general que comenzó en diciembre de 2002 y se extinguió entre febrero
y marzo de 2003 sigue todavía resonando en la CTV, pues nunca más pudo
recomponerse de ese golpe. Su dirigencia fue identificada como la culpable de
los despidos posteriores a la huelga, frente a los cuales casi nada pudo hacer,
al igual que en 2004 frente a los miles de despidos que se dieron en la
administración pública como consecuencia de la publicación de los nombres de
los firmantes a favor de la realización de un referéndum revocatorio contra
Chávez.
(Como consecuencia de la
funesta Lista Tascón, millares de trabajadores de la administración fueron
despedidos por el único delito de hacer uso de un derecho constitucional,
impulsado por el propio Chávez)
En contrapartida, en ese
momento surgió una nueva central sindical que agrupaba a los dirigentes
sindicales afectos al presidente, la Unión Nacional de los Trabajadores, que
logró captar parte importante de los sindicatos de base de la CTV y pasó a
convertirse en la punta de lanza de la acción gubernamental en el mundo
laboral. En los siguientes cuatro años, esa central respaldaría las numerosas
iniciativas del Ministerio del Trabajo, tales como las experiencias
cogestionarias, la formación de cooperativas de trabajo asociado y las
expropiaciones de empresas, ensayos todos improvisados que terminarían en
estrepitosos fracasos (y como una de las causas del grave desabastecimiento
actual).
La UNT y el mismo Ministerio del Trabajo serían además
los promotores de la creación de cientos de sindicatos paralelos, con el
objetivo de eliminar aquellos que todavía pertenecían a la ctv o que
simpatizaban con los partidos opositores al gobierno. En síntesis, esos
primeros años (1999-2003) fueron determinantes para comprender lo que ha sido
la historia del movimiento sindical venezolano desde entonces.
El 1 de mayo de 2011 la
periodista Ana Díaz, de El Nacional,
los pormenores de la entrevista realizada al dirigente sindical Rubén González,
detenido del régimen de Chávez por encabezar una protesta para
reclamar el contrato colectivo.
Él, presidente de Sintraferrominera y técnico en
soldadura y operador y mantenedor de sistemas hidráulicos, fue condenado a
siete años y medio de prisión por la jueza Magda Hidalgo del Tribunal Sexto de
Juicio de Bolívar, porque encabezó, en septiembre de 2009, la protesta para
reclamar el contrato colectivo. y aunque
salió en libertad condicional, sostiene que esa situación es igualmente injusta
porque no cometió delito alguno.
Desde
hacía 27 años trabajaba en Ferrominera.
-El
rechazo del movimiento sindical nacional e internacional y de la sociedad civil
contra la sentencia –precisó la periodista- fue unánime y de tal contundencia
que, dos días después, González salió en libertad condicional. Sin embargo, el
dirigente de Sintraferrominera sostiene que esa situación es igualmente injusta
porque no ha cometido delito alguno.
A
continuación la entrevista:
-Usted es considerado un símbolo de la
lucha por los derechos humanos y sindicales.
¬Agradezco
todo el apoyo y la solidaridad manifestada por tantas personas e instituciones
como los dirigentes sindicales de las distintas tendencias, los estudiantes,
Provea, la OIT. Sin embargo, debo decir que no se trata de Rubén González.
Se trata
de que en Venezuela se criminaliza la protesta y conmigo otros 200 dirigentes
sindicales y trabajadores están bajo régimen de presentación judicial por
defender los derechos laborales. Exigimos respeto al patrón Estado, a que nos
cumplan la ley y los acuerdos de la contratación colectiva. Estamos viviendo
tiempos de atropellos que nos obligan a despertar y a construir la unidad
sindical y de los trabajadores.
-¿Cómo va su proceso judicial a la luz de
la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó un nuevo juicio y la
libertad condicional?
-Luego
de una diligencia conseguí que el lugar de presentación ante los tribunales
fuera cambiado de Caracas a Puerto Ordaz, lo que me evita recorrer 1.200
kilómetros. El nuevo juicio se celebrará en el Tribunal 24 de Caracas y estamos
a la espera de que se haga el sorteo de los escabinos y sea asignado el fiscal.
-En la decisión del TSJ se señala que se
detectaron vicios en el juicio de febrero.
¬Esa
acotación no impide que el nuevo juicio en Caracas igual estará viciado, porque
yo no he cometido ningún delito, sólo defendí los derechos de los trabajadores,
por lo que debieron exonerarme totalmente.
Respecto
al juicio anterior, sé que mis enemigos se confabularon para ponerme en prisión
y eso está en su conciencia. Como cristiano que soy yo los perdono.
-Pero el oficialismo sostiene que en
Venezuela se respetan los derechos humanos.
¬Eso no
es cierto y muestra de ello son las actuaciones del Poder Judicial. El Gobierno
se escuda y se lava las manos con el Poder Judicial para violar los derechos
humanos.
¬Los últimos meses ha habido protestas de
calle, paralizaciones y hasta huelgas de hambre como la de los enfermeros.
¿Cree que aumentará mucho más la conflictividad laboral en el país porque no se
discuten los contratos colectivos en el sector público?
-La
lucha seguirá mientras los acuerdos sean incumplidos. En Ferrominera del
Orinoco se venció el contrato colectivo el 5 de enero pasado y todavía deben a
los trabajadores los retroactivos de enero y junio de 2009 (30 y 20 bolívares
diarios) además 5 bolívares desde el 1º de septiembre de 2010. Lo más grave es que prácticamente
todos las convenciones colectivas de las empresas y organismos del Estado están
vencidas, de allí el justo reclamo de los trabajadores.
-¿Qué opina sobre el control obrero?
-En las
empresas básicas de Guayana ha sido una debacle completa. Los trabajadores no
quieren este mecanismo porque no los representa, pues se sienten controlados
por unos dirigentes, electos a dedo, que están alineados con el partido y son
personeros del Gobierno. Pese a que el control obrero no tiene ninguna base
legal ni jurídica para actuar en los centros de trabajo, insisten en utilizar
esta iniciativa para acabar con los sindicatos.
¬Últimamente se habla mucho de la necesidad
de un movimiento sindical unido e independiente.
¬La
lucha por los trabajadores exige organizaciones sindicales plurales, en la que
los dirigentes sin importar su color político centren sus esfuerzos en resolver
las necesidades de la base y su bienestar.
-¿Es suficiente el reciente aumento del
salario mínimo?
-La
medida no llena las expectativas inflacionarias ocasionadas por el cambio del
dólar de 2,15 a 4,30 bolívares. El poder adquisitivo del venezolano se depreció
demasiado, por lo que el aumento salarial no alcanza para cubrir el costo de la
cesta alimentaria. Aquí hace falta que todos los actores ¬Gobierno,
organizaciones de trabajadores y empresarios¬ acuerden un aumento salarial
equilibrado y que no sea afectado por la inflación y la devaluación.
-Diputados oficialistas aseguran que la
Asamblea Nacional aprobará por fin la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en
2011 y el régimen de pensiones de la seguridad social en 2012, para lo cual
utilizarán el parlamentarismo en las fábricas.
¬Estas
son materias que se deben informar con profundidad y detalle a toda la
población. Es más, una vez listas, las leyes laborales deben ser sometidas al
referéndum popular ¬convocado por el Consejo Nacional Electoral¬ porque afectan
a todos los venezolanos. Se necesita un consenso nacional para un asunto tan
vital e importante.
¿Buscaría usted un diálogo con el Gobierno?
-Todas
las protestas y reclamos que se hacen y se han hecho persiguen que el patrón
Estado se siente a negociar las convenciones colectivas y cumpla sus
compromisos atrasados con los trabajadores. Claro que queremos un diálogo
transparente, que aporte soluciones.
-¿Cuán cierto es que las empresas estatales
están quebradas?
-No está
fácil solucionar las dificultades económicas que experimentan las empresas.
Además de las deudas laborales, hay una falta de inversión y de adecuación
tecnológica durante años que ha deteriorado los procesos productivos.
Entre
90% y 95% de las empresas del Estado necesitan de grandes inversiones para
ponerlas en funcionamiento óptimo.
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