El Estado Comunal y la reforma de la Constitución
Dos hechos recientes demandan la atención de la opinión pública: 1) las implicaciones de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Comunas y 2) el anuncio de Nicolás Maduro sobre una reforma a la Constitución Nacional. Ambos eventos, lejos de ser coincidencias, parecen estar estrechamente vinculados a los resultados no publicados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La intención del gobierno es clara: establecer una nueva institucionalidad que le permita perpetuarse en el poder sin depender de la voluntad popular. En otras palabras, reemplazar el voto universal, directo y secreto por asambleas caóticas y controladas. ¿Qué nos lleva a esta conclusión? Analicemos los hechos.
La idea de sustituir alcaldías y gobernaciones por comunas no es nueva. Fue un objetivo clave de Hugo Chávez, aunque tras su muerte en 2013 el proyecto perdió impulso. Sin embargo, algo cambió tras las elecciones presidenciales de 2024. Luego de las protestas ciudadanas y la represión subsiguiente, el 30 de diciembre de 2024 se publicó en Gaceta Oficial la reforma a la Ley de Comunas. ¿Qué explica este repentino resurgimiento? Todo apunta a una estrategia para consolidar el control político en un momento de crisis de legitimidad.
Un análisis de la organización Laboratorio de Paz sobre la reforma puede ayudarnos a revelar sus verdaderas intenciones: “El artículo 7 detalla los propósitos de la Comuna, entre los que destacan: desarrollar el Estado Comunal y el autogobierno para formular, ejecutar y supervisar la gestión pública; promover la participación directa en decisiones sobre territorio, política, economía, sociedad, cultura, ecología, seguridad y defensa; integrar las unidades de gestión federal definidas por el Consejo Federal de Gobierno; fomentar la propiedad social como modelo económico; y establecer un sistema de información hacia el poder central con indicadores económicos, demográficos y sociales de las comunas. Además, se incluye la defensa colectiva y popular de los derechos humanos, entendida como la protección del gobierno frente a amenazas internas y externas”.
Con estas atribuciones, las alcaldías y gobernaciones —cuyos líderes son electos por el pueblo— quedarían reducidas a meros cascarones vacíos. Surge entonces una pregunta crucial: si los alcaldes y gobernadores son elegidos en elecciones democráticas, ¿quién selecciona a los miembros de las comunas y las llamadas “ciudades comunales”? La respuesta no está clara, pero el silencio sobre este punto resulta revelador.
Aquí entra en juego la anunciada reforma de la Constitución Nacional. Hasta ahora, no se conoce un proyecto concreto, y la comisión presidencial encargada de diseñarlo no ha hecho públicas sus propuestas. Sin embargo, los discursos oficiales ofrecen pistas inquietantes. Se habla de una “nueva democracia” destinada a impedir que la oposición “ponga en riesgo la estabilidad del régimen”. En términos más directos: el objetivo parece ser el fin de las elecciones libres y justas.
En síntesis, la reforma de la Ley de Comunas y la propuesta de modificar la Constitución apuntan a un mismo fin: desmantelar los pilares de la democracia representativa y reemplazarlos por un sistema de control centralizado disfrazado de “participación popular”. La ciudadanía tiene el deber de estar alerta frente a estas maniobras que amenazan con reconfigurar el futuro del país.
jcclozada@gmail.com / @rockypolitica
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