Una herramienta para silenciar la verdad
La Ley Simón Bolívar es el último intento del régimen de Nicolás Maduro por criminalizar la verdad. Bajo el pretexto de defender la soberanía nacional, esta legislación establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones contra el régimen o reconozcan autoridades alternativas. En la práctica, esto significa que afirmar que Edmundo González Urrutia ganó legítimamente las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 podría considerarse un delito.
El régimen ha enmarcado esta medida dentro de un discurso independentista y antiimperialista, apelando a la figura de Simón Bolívar para justificar un mayor control sobre la realidad política del país. Sin embargo, más que proteger la soberanía, la ley busca consolidar el poder de Maduro y eliminar cualquier disidencia. A través de un lenguaje amplio y ambiguo, se otorgan herramientas “legales” para perseguir no solo a líderes opositores, sino también a periodistas, empresarios y ciudadanos que expresen posturas contrarias al oficialismo.
Este tipo de estrategia no es nueva en regímenes autoritarios. En Rusia, Vladimir Putin ha utilizado leyes similares para castigar a quienes se oponen a su invasión de Ucrania, criminalizando incluso el uso de la palabra “guerra”. En Nicaragua, Daniel Ortega ha despojado de su nacionalidad a críticos del régimen, cerrando cualquier espacio de disidencia. Ahora, Venezuela sigue el mismo camino.
Más allá de su impacto legal, la Ley Simón Bolívar busca consolidar el efecto psicológico del miedo. Cuando cualquier declaración puede ser castigada con prisión o expropiación, la autocensura se convierte en la única opción para quienes deseen evitar represalias. Los medios de comunicación serán los primeros en sentir el impacto, pues cualquier cobertura que contradiga la versión oficial puede llevar a la revocación de licencias y al cierre de emisoras. Las redes sociales, uno de los últimos espacios donde los venezolanos pueden expresarse, se vuelven un terreno peligroso para quienes se atrevan a desafiar el discurso del madurismo.
Al mismo tiempo, esta ley envía un mensaje a la comunidad internacional. Al criminalizar el reconocimiento de un presidente electo, Maduro intenta imponer su versión de la realidad y deslegitimar cualquier transición democrática.
Cada vez que un régimen consigue silenciar a su población con leyes como esta, la democracia global retrocede. La respuesta no puede limitarse a la condena diplomática; debe haber consecuencias reales para quienes intentan gobernar a través del miedo. De lo contrario, se envía un mensaje claro a otros autócratas del mundo: reprimir la disidencia y criminalizar la verdad es una estrategia viable y efectiva.
Pero la historia ha demostrado que ninguna ley puede contener indefinidamente la voluntad de un pueblo que quiere ser libre. Aunque hoy la Ley Simón Bolívar busque silenciar la verdad, siempre llega el momento en que la verdad encuentra la forma de ser escuchada.
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