EL DELITO DE LAS DESAPARICIONES FORZOSAS: UNA COMPARACIÓN ENTRE VENEZUELA Y LAS DICTADURAS DEL CONO SUR
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Las desapariciones forzosas representan una de las violaciones más graves de los derechos humanos, un delito que implica la privación de libertad por parte de agentes estatales o grupos con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer el hecho o el paradero de la víctima, sustrayéndola de la protección de la ley. Este crimen, que tuvo un auge durante las dictaduras militares en América Latina en el siglo XX, sigue siendo una realidad dolorosa en contextos contemporáneos como el de Venezuela.
A continuación, se compara la situación actual en mi país, con lo ocurrido en las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, destacando similitudes, diferencias y el impacto de la ausencia de separación de poderes en la justicia y el debido proceso.
Las Dictaduras del Cono Sur: Un Legado de Terror Sistemático
Durante las dictaduras militares de Argentina (1976-1983), Uruguay (1973-1985), Chile (1973-1990) y Brasil (1964-1985), las desapariciones forzosas fueron una herramienta clave del terrorismo de Estado. En Argentina, se estima que unas 30,000 personas desaparecieron, muchas de ellas secuestradas, torturadas y asesinadas en centros clandestinos como parte del «Proceso de Reorganización Nacional».
En Chile, bajo el régimen de Augusto Pinochet, más de 3,000 personas fueron desaparecidas, con casos emblemáticos como los «detenidos desaparecidos» documentados por la Comisión Rettig.
En Uruguay, aunque la cifra oficial es menor (alrededor de 200 desaparecidos), el impacto fue profundo en una población pequeña, y las desapariciones se vincularon al Plan Cóndor, una coordinación represiva entre dictaduras sudamericanas.
En Brasil, las desapariciones fueron menos masivas (alrededor de 400 casos), pero igualmente sistemáticas, dirigidas contra opositores políticos durante el régimen militar.
En estos países, las desapariciones forzosas se ejecutaron bajo un esquema centralizado y clandestino, respaldado por el control absoluto del poder militar sobre las instituciones. La falta de separación de poderes fue un factor determinante: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial estaban subordinados al régimen, eliminando cualquier posibilidad de investigación independiente o
rendición de cuentas. El debido proceso fue inexistente; las víctimas eran detenidas sin órdenes judiciales, incomunicadas y, en muchos casos, eliminadas sin dejar rastro. La justicia, al estar cooptada, no ofrecía protección ni reparación.
En la Venezuela actual, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, las desapariciones forzosas han resurgido como una práctica represiva, aunque con características distintas a las de las dictaduras del Cono Sur. Según organizaciones como Foro Penal, se registraron 200 casos en 2018 y 524 en 2019, con una tendencia a ser de corta duración (promedio de cinco días), eso no eclipsa la terrible tragedia de los seres humanos ejecutados extrajudicialmente por el régimen de Maduro, tal como ha sido denunciado y debidamente documentado con pruebas que resultan incontrovertibles.
Estas detenciones suelen involucrar a cuerpos de seguridad como el SEBIN o la DGCIM (escuadrones de persecución bajo el mando conjunto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello), y se dirigen a opositores políticos, activistas o ciudadanos críticos. Un informe de la ONU de 2019 señaló que estas
desapariciones son parte de una estrategia para «censurar opositores e infundir miedo», acompañadas frecuentemente de torturas y violaciones al debido proceso.
A diferencia de las dictaduras clásicas, donde las desapariciones eran masivas y a menudo permanentes, en Venezuela predominan las de corta duración, posiblemente para evitar el escrutinio internacional que generan casos prolongados. Sin embargo, la esencia del delito persiste: las víctimas son secuestradas sin órdenes judiciales, mantenidas en secreto y negadas a sus familias, mientras el Estado evade responsabilidad. Ejemplos como el de Ariana Granadillo, detenida y torturada en 2018 por su vínculo con un opositor, ilustran esta dinámica. En la actualidad destaca el caso de Rafael Tudares yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, así como los centenares de disidentes, entre ellos calificados líderes adscritos al comando Con Venezuela, que están igualmente en situación de desaparición forzosa.
Similitudes y Diferencias
Las similitudes entre Venezuela y las dictaduras del Cono Sur son claras: en ambos casos, las desapariciones forzosas son un instrumento de represión política ejecutado por fuerzas estatales, con la intención de silenciar disidencia y generar terror.
La negación oficial del paradero de las víctimas y la ausencia de garantías legales también son un hilo conductor. Sin embargo, hay diferencias significativas. En las dictaduras, las desapariciones eran parte de un plan sistemático y masivo, a menudo coordinado regionalmente (como el Plan Cóndor), mientras que en Venezuela responden a un contexto de crisis política y económica, con un carácter más reactivo y menos estructurado. Además, las dictaduras operaban en un marco de Guerra Fría y control militar total, mientras que Venezuela pretenden mantener una fachada democrática que encubre prácticas autoritarias, mientras convocan elecciones cuyos verdaderos resultados no reconocen ni acataran.
Un punto común crucial es la erosión de la separación de poderes. En las dictaduras, los regímenes militares subsumieron al Poder Judicial, eliminando su independencia. En Venezuela, el control del Ejecutivo sobre el Tribunal Supremo de Justicia y el sistema judicial ha neutralizado cualquier posibilidad de supervisión o sanción a los perpetradores. Esto se refleja en la impunidad que rodea a las fuerzas de seguridad y en la falta de investigaciones creíbles sobre estos crímenes.
Conclusión: Sin Separación de Poderes, No Hay Justicia
La comparación entre Venezuela y las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil revela una verdad ineludible: donde no hay separación de poderes, no hay justicia, porque desaparece el principio del debido proceso. En los regímenes del Cono Sur, la fusión de los poderes bajo el mando militar anuló toda posibilidad de protección legal para las víctimas de desapariciones forzosas.
En la Venezuela contemporánea, la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo perpetúa la impunidad y deja a los ciudadanos indefensos frente a la represión estatal. El debido proceso —que incluye el derecho a un juicio justo, a la defensa y a la transparencia— se convierte en una quimera cuando no existen instituciones independientes que lo garanticen. Así, tanto en el pasado como en el presente, la ausencia de checks and balances transforma a la justicia en un instrumento del poder, en lugar de un bastión de los derechos humanos.
La lección es clara: sin una separación efectiva de poderes, las desapariciones forzosas no solo persisten, sino que se normalizan, perpetuando un ciclo de violencia e injusticia.
@Alcaldeledezma
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