El expediente Ojeda
Chile presentó el viernes 27 de marzo en la CPI “antecedentes y elementos” sobre el asesinato del opositor venezolano Ronald Ojeda en el país austral, y el régimen de Nicolás Maduro opina que esa iniciativa “evidencia la desesperación por complacer agendas que les ordenan desde Estados Unidos”.
Pero la angustia más bien parece quitar el sueño al régimen de Caracas ante los avances de la investigación de la justicia chilena, que apuntó siempre a la hipótesis de crimen político por encargo desde territorio venezolano contra el ex preso político con estatus de refugiado.
Carolina Tohá, que fue ministra del Interior de Chile hasta el 4 de marzo, ha calificado de “insólito” que cada vez que se logra un progreso en este asunto su país recibe “reacciones molestas de las autoridades venezolanas”.
Y esos progresos probablemente se relacionan con la revelación del fiscal Ángel Valencia el 23 de enero de que en la investigación del crimen de Ojeda un testigo menciona que “el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello”.
Tohá dijo el mismo día que Chile recurriría a la Corte Penal Internacional si eso se confirmaba. “Hay antecedentes sustantivos en la investigación que generan esta vinculación entre este delito horrendo e instrucciones, mandatos hechos desde autoridades en Venezuela”, señaló citando al fiscal Valencia.
El 6 de febrero, menos de un mes después, la entonces funcionaria anunció: “Ya hemos decidido compartir información sobre esta investigación con el Tribunal Penal Internacional”. En esa ocasión le había respondido sugestivamente al fiscal chavista Tarek William Saab que no sabía “cuál es la parte que le irrita del trabajo de la Fiscalía” chilena.
La determinación del Estado chileno en esa política -que tiende a una cooperación más estrecha entre su propia investigación y la CPI sobre Venezuela- constituye otro factor que es necesario tomar en cuenta para explicar la perplejidad del régimen de Maduro, que apenas recurre al insulto en la medida en que aumenta su compromiso en el crimen de Ronald Ojeda.
El ministro de Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, que junto con el fiscal nacional, Ángel Valencia, se reunió el 27 de marzo en La Haya con el fiscal de la CPI, Karim Khan, ha reiterado la hipótesis de móvil político, con la intervención de agentes extranjeros, en el asesinato de Ojeda en febrero de 2024.
Van Klaveren le dijo a la agencia de noticias Efe que a su país le “interesaba compartir” con la CPI -que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela- algunos avances que realiza la justicia en Chile “en torno a un alevoso crimen del que fue objeto el exmilitar venezolano, el expediente Ojeda”.
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