El manual de Jorge Rodríguez: negociar, repartir y preservar el poder
Venezuela vuelve a encontrarse ante una mesa de negociación. Jorge Rodríguez, por la Asamblea Nacional electa en 2020, y Dinorah Figuera, al frente del Parlamento electo en 2015, encabezan un proceso presentado como una ruta hacia la estabilización institucional, la recuperación democrática y unas futuras elecciones, sin embargo, la primera reacción de buena parte de la ciudadanía no ha sido la esperanza sino la duda y el escepticismo.
Venezuela ha conocido demasiadas negociaciones que concluyen con declaraciones generales y mecanismos de reparto, mientras permanecen sin respuesta los asuntos esenciales: el derecho a elegir, la restitución de derechos políticos, la independencia judicial, la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y la reconstrucción de la confianza pública.
La actual negociación tiene, además, una particularidad que no puede soslayarse: sus interlocutores no llegan con una legitimidad política plenamente renovada ante el país. Jorge Rodríguez conduce una Asamblea Nacional cuya elección fue cuestionada por los sectores nacionales e internacionales; Dinorah Figuera representa la continuidad institucional del Parlamento elegido en 2015, cuyo período constitucional ordinario concluyó hace once años. Ambas instancias existen en una realidad política excepcional y hoy dialogan bajo una presión e influencia decisiva de Estados Unidos, especialmente de su Departamento de Estado, que ha expresado respaldo a un proceso de transición cuyo punto de llegada serían elecciones democráticas.
Ese dato no invalida automáticamente la conversación, la mediación, la presión o el acompañamiento internacional pueden ser útiles cuando un país ha perdido sus canales internos de entendimiento. Pero sí obliga a formular una exigencia democrática: que Venezuela no sea tratada como un territorio administrado desde afuera, donde las élites negocian la distribución del poder sin consulta real con la sociedad, la comunidad internacional puede acompañar; pero no debe sustituir la voluntad soberana de los venezolanos, por ello resulta estruendoso la ausencia del liderazgo de María Corina Machado en las negociaciones.
José Ortega y Gasset dejó una advertencia que conserva vigencia: “El Estado es siempre, cualquiera que sea su forma, una invitación que un grupo de hombres hace a otros grupos humanos para ejecutar juntos una empresa”. La frase remite a una idea sencilla y profunda: las instituciones no pueden existir para sí mismas, ni para las cúpulas que las ocupan. Su razón de ser es servir a un proyecto nacional compartido. Cuando el Estado se vuelve un mecanismo de protección de intereses partidistas, deja de convocar al país y comienza a separarse de él.
Por ello, el riesgo principal de estas conversaciones es que se reduzcan a una negociación de cuotas, la designación de magistrados, la eventual reestructuración del Consejo Nacional Electoral, la recomposición de órganos de control y la distribución de cargos públicos son asuntos relevantes, nadie sensato puede negar que la recuperación institucional requiera autoridades confiables, independientes y profesionalmente calificadas, pero una cosa es reconstruir instituciones y otra muy distinta convertirlas en botín partidista, y en este asunto ninguno de los segmentos en la mensa de negociaciones tiene la confianza del país.
Un Tribunal Supremo de Justicia no recuperará credibilidad porque sus sillas sean repartidas proporcionalmente entre tendencias políticas, tampoco un nuevo Consejo Nacional Electoral será legítimo sólo porque sus rectores provengan de un acuerdo entre dos delegaciones, la legitimidad debe nacer de procedimientos transparentes, requisitos públicos, participación de la sociedad civil, control ciudadano y compromisos verificables de independencia, de lo contrario, se sustituiría una captura institucional por otra, apenas con nuevos nombres y nuevos equilibrios.
El antecedente obliga a la prudencia, en agosto de 2021, el Memorando de Entendimiento suscrito en México incluyó expresamente “garantías electorales para todos” y un “cronograma electoral para elecciones observables”. Posteriormente, el Acuerdo de Barbados de octubre de 2023 contempló garantías electorales, actualización del Registro Electoral, auditorías y observación internacional, además de proponer la realización de la elección presidencial en el segundo semestre de 2024, no obstante, aquellos compromisos no lograron producir la confianza, inclusión y verificabilidad que el país demandaba. Esa experiencia demuestra que las fórmulas generales no bastan y que los acuerdos sin mecanismos de cumplimiento terminan profundizando la frustración, y en todas las negociaciones el denominador común ha sido Jorge Rodriguez.
En consecuencia, la prioridad de esta nueva etapa no debe ser el reparto de magistraturas ni la ingeniería de cargos. Debe ser un cronograma electoral público, preciso y verificable, un calendario que indique fechas, responsables, garantías y consecuencias ante los incumplimientos un cronograma que sea una hoja de ruta nacional.
Ese calendario debería incluir, como mínimo:
- La restitución efectiva de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, sin exclusiones arbitrarias.
- La legalización y habilitación de partidos, organizaciones y candidaturas que han sido apartadas de la competencia por decisiones administrativas o judiciales.
- La actualización integral del Registro Electoral dentro y fuera del país, para que la diáspora venezolana pueda ejercer su derecho al voto.
- La designación transparente de autoridades electorales y judiciales bajo criterios de idoneidad, independencia y escrutinio público.
- La fijación de reglas claras de campaña, acceso equilibrado a medios, protección de la participación política y prohibición del uso de recursos del Estado en favor de una parcialidad.
- La presencia de observación internacional calificada, técnica e independiente.
- Una fecha cierta para elecciones competitivas, con garantías para que sus resultados sean reconocidos dentro y fuera de Venezuela.
La discusión pública reciente ha mencionado una ruta de reformas institucionales que podría prolongarse hasta diciembre de 2026, incluyendo un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y con ausencia estruendosa de un nuevo Consejo Nacional Electoral.
El país no puede conformarse con fechas para designar autoridades, se debe conocer la fecha y las condiciones para recuperar su derecho a decidir. La reforma institucional es un medio; la elección libre es el fin democrático. En definitiva, Venezuela no reclama una negociación para que dos poderes de legitimidad discutida se reconozcan mutuamente, reclama una negociación que reconozca a los ciudadanos, no reclama un pacto de supervivencia entre élites, sino un acuerdo de reconstrucción nacional, no reclama más ceremonias políticas, sino garantías reales para que el voto vuelva a ser el instrumento pacífico de cambio, control y convivencia.
La mesa de negociación puede ser una oportunidad, pero sólo lo será si sus resultados se miden por lo que cambie en la vida democrática del venezolano común y no por el número de cargos distribuidos entre los negociadores, el país no pide concesiones decorativas: exige un cronograma electoral, derechos restituidos y una salida democrática verificable, esa es la deuda principal.
@jufraga12
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