¿Qué se sabe sobre el caso Caguaripano?
La defensa exige anular el juicio original por violaciones al debido proceso
El capitán (r) Juan Carlos Caguaripano es uno de los presos políticos más emblemáticos del país. La atención de su familia y de los defensores de derechos humanos está puesta en la decisión que debe tomar la justicia sobre la apelación a la sentencia de 30 años de prisión.
El pasado 16 de septiembre venció el lapso legal de 10 días hábiles que tenía la Sala N.º 1 de la Corte de Apelaciones para emitir su fallo. Aunque la norma permite un retraso por la complejidad de la causa Paramacay, la intervención de un ente administrativo externo paraliza la resolución.
Esta semana el expediente del capitán fue retirado de la Corte de Apelaciones por la presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, una acción irregular que mantiene paralizada la emisión de la sentencia e impide que los magistrados publiquen el dictamen sobre el oficial y los otros 22 procesados por el caso Fuerte Paramacay.
La abogada defensora Theresly Malavé, en un contacto telefónico con Efecto Cocuyo la tarde de este 2 de octubre, advirtió que las competencias de la directiva del circuito son estrictamente administrativas y carecen de injerencia en resoluciones judiciales. “Afecta en el sentido que pareciera ser manipulación de la decisión y no tiene sentido jurídico que hayan pedido el expediente”, explicó.
Para el equipo legal, la intromisión busca revertir un dictamen que resultaba positivo para los acusados. “Si hay interferencia por parte del gobierno, es que seguramente la decisión era favorable”, argumentó la jurista y representante legal del capitán Caguaripano.
Sobre el proceso también circulan versiones extraoficiales que apuntan a la solicitud de vacaciones por parte de dos de los magistrados encargados de evaluar la apelación, pero la defensora no confirmó estos rumores.
Malavé acudirá este lunes 5 de octubre a la ciudad de Valencia para verificar directamente en la sede del tribunal estas ausencias y el estatus operativo de la corte.
Vicios en el proceso judicial
Caguaripano fue detenido en agosto de 2017 tras asaltar la Brigada Blindada del Ejército en el Fuerte Paramacay, estado Aragua, y condenado a 30 años de prisión en diciembre de 2025 por los delitos de rebelión militar, traición a la patria y sustracción de armas pertenecientes a la Fuerza Armada.
Los representantes del militar, sometido a torturas, exigen la nulidad absoluta del juicio original tras denunciar transgresiones graves, como condenas dictadas en ausencia, una práctica prohibida por las leyes venezolanas.
“Es un expediente contentivo de crímenes de lesa humanidad, de violaciones de derechos humanos, donde se prescindieron un porcentaje importante de pruebas, los sentenciaron sin probar participación y al momento de sentenciar se hizo sin nosotros como defensores”, señaló la abogada y defensora de derechos humanos.
La demora de la decisión prolonga el confinamiento del oficial bajo condiciones extremas en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda, donde lo obligan a usar capucha y grilletes solo para cruzar al baño. Durante la reciente audiencia telemática, en la que su abogada pudo acompañarlo por primera vez, se evidenció que Caguaripano perdió la motricidad fina al intentar escribir, además de mostrarse profundamente conmovido tras volver a tener contacto humano sin estar esposado.
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