Seis presos políticos con penas cumplidas siguen tras las rejas, cinco son militares
Cumplieron sentencias de hasta siete años y medio de cárcel, pero tribunales y autoridades penitenciarias bloquean sus excarcelaciones.
La culminación de una condena penal no garantiza la libertad plena en Venezuela, donde al menos seis presos políticos continúan tras las rejas a pesar de haber saldado su deuda con la justicia.
El sistema judicial mantiene un patrón que prolonga el encarcelamiento de ciudadanos con sentencias vencidas, mediante el inicio de nuevos procesos penales o la inacción directa de los tribunales de ejecución.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que defiende los derechos humanos de los presos políticos, facilitó una base de datos a Efecto Cocuyo donde señala el estatus procesal de estos seis privados de libertad. El registro detalla que el primero es un funcionario de los cuerpos de seguridad detenido el 2 de marzo de 2018 en el Distrito Capital, quien permanece en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde con su pena cumplida.
El segundo caso, también recluido en Ramo Verde, corresponde a otro efectivo de seguridad arrestado el 8 de enero de 2020 en el estado Táchira bajo la misma condición. El tercer expediente es el de un civil aprehendido el 2 de agosto de 2024 en Carabobo, actualmente encerrado en El Rodeo I, quien cuenta con una boleta de excarcelación dictada por un tribunal que no ha sido acatada por el penal.
Sin embargo, las familias de otros tres oficiales sí autorizaron difundir sus identidades para visibilizar la irregularidad de los procesos. Los nombres de los tres primeros ciudadanos fueron omitidos por petición expresa de su entorno, que exige estricta confidencialidad para evitar represalias.
Víctor Eduardo Soto Méndez
El teniente coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Víctor Eduardo Soto Méndez, fue apresado el 2 de marzo de 2018 tras conversar con compañeros sobre la precariedad alimentaria y la falta de medicinas en los batallones.
Un tribunal militar lo condenó a siete años y seis meses de prisión por traición a la patria, instigación a la rebelión y acciones contra el decoro militar, una pena que se cumplió formalmente el 9 de septiembre de 2025.
Las autoridades omitieron su liberación y en noviembre de 2025 lo trasladaron desde la cárcel de Ramo Verde hasta el centro de máxima seguridad Procemil Central en el Fuerte Guaicaipuro. La Fiscalía introdujo una nueva imputación sumándole el delito de motín para frenar su salida, a pesar de que el oficial no se vio involucrado en ninguna alteración del orden durante su tiempo de reclusión.
Igbert José Marín Chaparro
El teniente coronel Igbert José Marín Chaparro perdió su libertad el 2 de marzo de 2018 en el Distrito Capital, tras exigir mejoras de equipamiento para la tropa y señalar prácticas de corrupción interna mientras comandaba un batallón en Fuerte Tiuna.
El oficial, reconocido por tener el promedio académico más alto en la historia de la Academia Militar, cumplió su pena de siete años y medio por instigación a la rebelión en septiembre de 2025.
El Estado impidió su excarcelación al vincularlo a la conspiración de “La Viñeta”, una trama desmantelada en 2023. El Ministerio Público estructuró esta nueva acusación bajo el argumento de presuntos delitos cometidos cuando el militar ya llevaba cinco años encerrado e incomunicado en las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
La maniobra judicial mantiene al teniente coronel bajo condiciones de aislamiento dentro del penal de El Rodeo I, donde enfrenta ahora el riesgo de una condena de 30 años de cárcel. La líder opositora María Corina Machado y el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunciaron la apertura de este expediente como un atropello institucional que vulnera la salud del oficial, agravada tras múltiples huelgas de hambre.
Deibis Esteban Mota Marrero
El teniente coronel del Ejército Deibis Esteban Mota Marrero ingresó a los calabozos militares el 2 de marzo de 2018 en el Distrito Capital, señalado de integrar el presunto complot denominado “Caso de los Comandantes”.
El Tribunal Supremo de Justicia estableció el cumplimiento íntegro de su sentencia a siete años y seis meses por instigación a la rebelión para el 9 de septiembre de 2025.
El tribunal militar de ejecución ignoró el vencimiento del castigo y paralizó los trámites para la liberación del oficial. Dos meses después de la fecha límite, los cuerpos de seguridad ejecutaron un traslado irregular desde Ramo Verde hasta los calabozos de Fuerte Guaicaipuro para someterlo a un nuevo proceso penal que justificara su permanencia en prisión.
El militar acumula severas secuelas físicas y psicológicas derivadas de torturas documentadas en sus primeros años de privación de libertad, una situación que las organizaciones de derechos humanos catalogan como una condena perpetua de facto.
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