APLEX exigió ante la AN derogación de Ley contra el Odio, revisión de causas y reparación
La Alianza por la Libertad de Expresión (APLEX), una coalición de ONG y representantes gremiales venezolanos, solicitó la derogación total de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia durante la consulta pública convocada por la Asamblea Nacional (AN) el 11 de noviembre en Caracas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), uno de los miembros de la APLEX, cuestionó la necesidad de mantener una legislación adicional para sancionar expresiones, considerando que el ordenamiento jurídico venezolano ya contiene disposiciones dirigidas a prevenir y castigar determinadas conductas de incitación al odio, discriminación y violencia, como el artículo 285 del Código Penal.
También denunciaron la aplicación de términos «vagos» como temor, angustia y zozobra que pueden ser interpretados por el Poder Ejecutivo para sancionar sin discreción a los venezolanos.
El SNTP, según su nota de prensa, «recordó que los estándares internacionales, incluido el Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas, exigen criterios rigurosos para determinar cuándo una expresión constituye una incitación susceptible de restricción».
Una Ley sin reparaciones
La institución gremial recordó que la Ley del Odio se ha mantenido por nueve años para judicializar a los venezolanos, y en ninguna cláusula de la reforma se contempla las reparaciones a las personas afectadas.
De los 40 casos de periodistas presos o judicializados registrados por el SNTP en enero de 2026, al menos 28 (70 %) estaban relacionados con imputaciones por delitos previstos en la Ley contra el Odio.
«El sindicato señaló que el impacto de esta legislación trasciende las detenciones y los procesos judiciales. El temor a una investigación o a posibles sanciones puede condicionar las decisiones editoriales, desalentar investigaciones periodísticas y provocar que las fuentes informativas guarden silencio», agregó el miembro de la APLEX.
La reforma de la Ley contra el Odio contempla multas calculadas a partir de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de referencia y sesiones de trabajo comunitario o programas educativos que pueden acumular entre 200 y 600 horas.
El sindicato destacó que, si bien la reforma no contempla el trabajo periodístico dentro de los objetos de sanción, la institución gubernamental que ejerce las multas —el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz— puede multar producciones independientes de periodismo. «La eliminación de las penas de prisión resulta insuficiente para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión», concluyó.
Por el momento, los integrantes de la AN del Partido Socialista Unido de Venezuela, que representan la mayoría del Parlamento, mantienen su convicción de mantener la Ley contra el Odio, pese a las múltiples denuncias de la sociedad civil y los órganos multilaterales de derogar la Ley por sus múltiples vulneraciones a los derechos humanos.
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