Vida sin electricidad, vida sin derechos humanos
En la edición del jueves 5 de noviembre, El Nacional reportó en uno de sus titulares más destacados del día que en al menos diez estados del país —Amazonas, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Lara, Monagas, Nueva Esparta y Portuguesa— el día anterior se habían producido protestas en numerosas ciudades. Nada de esto fue organizado o dirigido. Ocurrió que simples ciudadanos, hartos por la insoportable inoperancia del servicio eléctrico, salieron a las calles a protestar.
Lo ocurrido el miércoles 4 de noviembre no es excepcional. En las semanas y meses recientes —aproximadamente desde el 1 de marzo—, dispersas en el territorio, se han producido más de 500 protestas de distinta proyección e intensidad, directamente relacionadas con el colapso del servicio eléctrico. Este auge es terrible por la simplicidad de su causa: habla, sin titubeos, del empeoramiento del servicio, es decir, de apagones cada vez más frecuentes, cada uno de mayor duración. De acuerdo con los testimonios de las víctimas de esta debacle, de fallas entre 4 y 5 horas de duración, se ha pasado a promedios de 12 a 14 horas. En algunos lugares, la ausencia de energía eléctrica se prolonga por días.
Bastaría con escuchar lo que cuentan habitantes, por ejemplo, de la península de Paraguaná —estado Falcón—, para ir más allá de la superficie de la denuncia, para entender qué representa para la vida cotidiana de miles de familias este estado de cosas. Hay barriadas en las que los hogares han perdido todos o casi todos sus electrodomésticos. Calles donde la mayoría no tiene una nevera que funcione; por lo tanto, madres y padres de familia deben adquirir sus alimentos diariamente, lo que los encarece todavía más. Estremece encontrar en las redes sociales el relato de una anciana que vive con cinco nietos —los padres de los niños se fueron a Perú a trabajar—, que paga a una vecina por hacer uso de un pequeño espacio de una nevera que se ha salvado del ciclo de caídas y regresos incontrolados que sufren todos los aparatos eléctricos básicos del hogar.
Las historias de los padecimientos ciudadanos que tienen su causa en la carencia de un servicio eléctrico confiable son incalculables. No puedo dejar de mencionar aquí a los pacientes de enfermedades crónicas que deben mantener sus medicamentos refrigerados para que no se dañen: he leído que hay quienes deben viajar todos los días, de una ciudad a otra, para inyectarse. O estudiantes que no pueden acceder durante días a los contenidos que requieren para cumplir con un deber escolar. O la frustración de personas —son cientos de miles en todo el territorio— que buscan un empleo desesperadamente, en tiempos en que el mercado laboral se moviliza principalmente en sitios y plataformas a las que se accede por internet. O el dolor de personas de todas las edades, incluyendo niños, que pasan días sin poder comunicarse con sus familiares, que forman parte de los 8 millones que lograron escapar del infierno creado por el ilegal e ilegítimo régimen en el poder. O los millones de personas en cualquier lugar de Venezuela que no pueden encender un televisor o un aparato de radio para entretenerse o informarse.
Podrían escribirse páginas y páginas listando y ejemplificando sobre los modos en que la falta de energía eléctrica impacta, perturba y disloca la vida emocional, el desenvolvimiento de las rutinas y las posibilidades reales de la vida de las familias cuando el servicio eléctrico no funciona ni siquiera mínimamente o, para decirlo de modo más ajustado a la realidad, cuando solo ocasionalmente cumple con sus deberes. Cuando el Estado no es capaz de garantizar el suministro eléctrico básico que la sociedad demanda, entonces está promoviendo y permitiendo la violación masiva de los Derechos Humanos de todo el país.
Es que sin servicio eléctrico tampoco es viable el crecimiento económico: no pueden instalarse industrias, no puede aumentar la producción petrolera, no puede la nación venezolana planificar desarrollos en ámbitos en los que tiene potencial: turismo a gran escala, industrias mineras, enclaves petroquímicos y otros.
La ruina del sistema eléctrico es una fractura de profundo carácter estratégico, porque sin un sistema eléctrico funcional no es posible mejorar el desempeño económico ni crear empleos que estimulen el crecimiento del consumo ni disponer de recursos para invertir en redes de distribución eléctrica que devuelvan esa elemental certidumbre del día a día, derivada de saber que, el día que sea y a la hora que sea, el flujo eléctrico está en funcionamiento para todo lo que sea necesario.
Tal como ocurrió durante el colapso eléctrico de 2019, junto con el deterioro de la calidad del servicio, el abismo eléctrico no ha tardado en escalar posiciones en el debate político y mediático: a veces, con criterio técnico y conocimiento de la materia; otras, como palabrería sin fundamento en hechos y realidades.
No me corresponde a mí pretenderme como experto y exponer qué debería hacerse: se trata de una materia especializada que debe ponerse en las manos, de inmediato, de profesionales expertos y experimentados en la cuestión. Las cifras de capacidades instaladas, déficits en las distintas categorías, promedios de racionamiento por zonas, necesidades de generación, monto de las inversiones mínimas que demanda la red de distribución y otros temas fundamentales están disponibles en internet de forma profusa.
Lo que no está a la vista es el acuerdo, los consensos urgentes, las decisiones generosas y sin demora para que la crisis eléctrica comience a encontrar soluciones de inmediato y que ellas no dependan de otros procesos —judiciales y electorales, por ejemplo— que deben recorrerse en el inevitable camino hacia la transición democrática.
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