Compras de medios en Venezuela encubren control de la información
"Propietarios de la Censura", estudio de la ONG Instituto Prensa y Sociedad, devela 25 adquisiciones sospechosas en los últimos cinco años en el país
EL DIARIO EXTERIOR.COM, 10 marzo 2015
Pedro García Otero
Se sigue siempre el mismo patrón: Capitales “extranjeros”
compran un medio en Venezuela. Nunca (o casi nunca) se sabe quiénes son los
nuevos propietarios, empresas que tienen rimbombantes nombres que terminan en
un trust financiero en Vermont, Estados Unidos, o en una oficina vacía en
el centro de Madrid.
Lo segundo que sucede es una petición de “equilibrio”. El
medio, se afirma, es demasiado opositor. Necesita más presencia de la fuente
gubernamental. Lo siguiente son las peticiones de “bajarle dos” (al volumen de
las denuncias). Finalmente, los periodistas incómodos, aquellos que no dan su
brazo a torcer, o que se niegan a desviar el curso de una investigación, son
despedidos o colocados en posiciones de irrelevancia para obligarlos a
renunciar.
A los que se quedan se les exige que no interpreten,
analicen o pongan en contexto; el periodismo “plano”, es la orden. Y así, la
sociedad venezolana termina escuchando una sola voz: la que se
quiere desde las alturas del gobierno de Nicolás Maduro.
Estos son algunos de los resultados de la investigación
“Propietarios de la Censura”, realizada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una ONG
venezolana que desde 2013 viene haciendo seguimiento a la compra de 25 medios
de comunicación durante los últimos cinco años.
El informe, presentado en siete videos, durante este jueves
5 de marzo, documenta los casos del Grupo
Últimas Noticias (anteriormente, Cadena Capriles), El Universal, los regionales Versión Final, El Norte y Nueva Prensa de Guayana, como medios
impresos; de Globovisión, en
televisión; de un grupo de radios en la provincia, incluyendo el prácticamente
confiscado Circuito Nacional
Belfort(CNB), uno de las más grandes del país, cuyas principales
frecuencias fueron asignadas a una radio de la Asamblea Nacional (Parlamento);
y de un grupo de medios controlados sin ningún pudor desde el Fondo
Social de Pdvsa, en las zonas donde la petrolera estatal tiene campos de
exploración u operaciones de refinación.
IPYS muestra un comportamiento cada vez más burdo en los
medios que han sido comprados. Globovisión —televisora que llegó a tener trece
procedimientos abiertos en su contra por parte de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones en 2012-13— vio como, ese mismo año, cuando fue comprada por
empresarios afines al gobierno, esas potenciales sanciones quedaban en el
olvido.
La que el Instituto denomina “bestia negra del régimen
revolucionario”, bajó sus decibeles tan pronto como fue adquirida por los
empresarios Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Cordero. La periodista
Diana Ruíz cuenta cómo fue despedida por hacer una simple mención de la escasez
(palabra que está prohibida en el léxico del canal, tal como “inflación”). Los
homicidios no se pueden contabilizar, solo se pueden presentar casos aislados;
hay listas de personajes vetados, historias de notas modificadas e historias
que nunca son publicadas o desaparecen de la página web cotidianamente.
El punto de quiebre de la mayoría de los periodistas de la
emisora fue el 12 de febrero de 2014, cuando se escenificaban disturbios
violentamente reprimidos en las inmediaciones de la Fiscalía General de la
República, en Caracas (por los que el dirigente opositor Leopoldo López fue
detenido una semana después y continúa preso); el canal “de noticias”, mientras
tanto, transmitía programas de archivo. Aparte de López, hay cinco acusados,
todos por el asesinato de un joven, Bassil
Da Costa, en las cercanías de donde se producían los disturbios. Son
funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
El mismo caso marcó un punto de inflexión en el Grupo
Últimas Noticias. Un impactante reportaje audiovisual
de su departamento de investigación sobre los hechos del 12 de febrero —que
ganó el premio IPYS— derivó en las presentaciones de sus casos judiciales.
Tamoa Calzadilla, una reputada periodista venezolana, cuenta que poco tiempo
después, Eleazar Díaz, el director del rotativo (que permanecía de la gestión
anterior a la venta) le exigió un reportaje en el que “se condenaran las guarimbas (protestas
estudiantiles) y se dijera que eran “financiadas desde el exterior”
(coincidiendo con la versión de los hechos que mantiene el Gobierno de Nicolás
Maduro). Calzadilla presentó su renuncia al cargo.
En El Mundo, diario económico de la cadena, su
director, Omar Lugo, fue despedido por un titular relativo a la inflación que
resultó incómodo para el gobierno. Las presiones alcanzaron incluso a Líder, el diario deportivo del
Grupo.
En el caso de El Universal, más
reciente, los periodistas resienten la nueva línea del diario, sobre todo en su
sección de Economía; los de Versión Final, El Norte yNueva
Prensa de Guayana derivan de presiones judiciales contra estos diarios,
o por querellas internas entre sus accionistas o por acciones intentadas
desde las autoridades regionales contra ellos.
En el caso de la radio, el
informe de IPYS señala que por presiones, los grandes circuitos nacionales han
sido desmembrados. “Quedan una especie de islas; en la provincia, en la que la
radio priva como medio de información, las emisoras se han convertido en medios
de entretenimiento. Son pocos los programas de opinión (…) hay autocensura,
cambio interesado hacia otro contenido, para mantenerse al aire (…) pero las
presiones no son solo para sectores opositores, aquí en Maturín (Monagas,
suroriente) también alcanzan a (…) las voces disidentes del propio
oficialismo”, señala Ciro Ramones, un locutor de esa entidad.
En un país en el que el presidente acusó esta misma semana a Televen (una
de las pocas televisoras relativamente independientes) de estar detrás de un
golpe de Estado, y calificó a los periodistas de la agencia Efe de “estúpidos” por señalar que
en Venezuela podría producirse una intentona militar de izquierda, las
presiones desembozadas —y las sutiles— son cotidianas, se destaca en el
informe. Marianela Balbi, directora del IPYS, indicó que la investigación
fue llevada a cabo por más de 30 periodistas, con la colaboración de las
páginas Armando.info yPoderopedia.com.
Señaló que el tema de la propiedad de los medios en
Venezuela es “medular para la libertad de expresión”. El informe, por cierto,
no fue reseñado por ninguno de los grandes medios nacionales, especialmente
aquellos mencionados en él.
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