Cohabitación, imposible
EL NACIONAL, 12 DE ENERO 2016 - 12:01 AM
Los ataques a la nueva Asamblea, con descalificaciones impropias e infundadas decisiones judiciales de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado y sometido al Ejecutivo, confirman que Maduro no va a gobernar con una Asamblea Nacional democrática que por la vía legislativa controle sus acciones y le obligue a respetar la Constitución Nacional.
El gobierno, en efecto, no está dispuesto a respetar y aceptar el funcionamiento de un Poder Legislativo que no avale sus intereses, como sumisamente lo hizo la Asamblea Nacional del capitán Cabello, dando paso a una ingobernabilidad inconveniente para todos, más para el mismo régimen.
Los desasosegados anuncios de Maduro, de su minoritario grupo parlamentario y de la desorientada dirigencia pesuvista, no son para nada esperanzadores. Sus declaraciones indican el inicio de una “guerra” entre poderes que busca aniquilar la Asamblea Nacional, en una suerte de fujimorazo por la tangente.
Ante las propuestas de la mayoría democrática, especialmente la relacionada con la liberación de los presos políticos, el regreso de los exilados y la reconciliación nacional, exigida por los venezolanos el 6-D, se oyen alocados anuncios de nulidad y de veto, aun sin conocer el texto del proyecto. Un simple “no pasará” adelanta la vil postura de la nueva minoría en el debate sobre el proyecto que habría sido cuidadosamente preparado por un grupo de eminentes juristas, coordinados por el Foro Penal. Un texto elaborado conforme al derecho interno y a las normas de derecho internacional, un parámetro fundamental para su validez y aceptación por la comunidad internacional y los órganos internacionales que han rechazado leyes o decretos similares dictados en algunos países, tras situaciones de crisis y de conflicto, para proteger a los criminales y violadores de derechos humanos.
No podría argumentarse para su rechazo que el proyecto de artículos contradice la obligación internacional del Estado de erradicar la impunidad, como lo han hecho irresponsablemente algunos oficialistas. Menos aún podría afirmarse, aunque los creativos “juristas del terror” son capaces de “construir” cualquier disparate jurídico, que los actos a que se refiere el proyecto podrían ser constitutivos de crímenes internacionales: de guerra o contra la humanidad o de violaciones graves de los derechos humanos, lo que permitiría fundamentar cualquier acción de inconstitucionalidad. Un mínimo conocimiento del Derecho Penal Internacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos hace concluir que ello es imposible. En este caso, además, aunque los desesperados perdedores insistan en lo contrario, los beneficiarios de la ley o decreto que se adopte, lejos de ser los victimarios, son las víctimas de las violaciones de derechos humanos de parte del Estado.
Esta actitud de bloqueo será una constante en el actuar del Ejecutivo y de su grupo minoritario en la Asamblea. No parecen, por la torpeza y arrogancia que les caracteriza, estar dispuestos a aceptar la revisión de un régimen legal que ha destruido el país, menos aún, el debido control que el legislativo debe ejercer sobre la gestión administrativa hasta ahora ausente en medio de una descomposición sin precedentes.
Ante la crisis nacional que exige un mínimo de coincidencias, la oposición democrática ha dejado espacio al diálogo, pero no a cualquier diálogo. Es probable que haya acercamientos para evitar mayores males que en definitiva perjudican a todos los venezolanos, pero nunca una cohabitación como se plantea en sistemas de gobierno en otros países en donde las reglas democráticas y la civilidad funcionan y el objetivo de los esfuerzos es el mismo. No se trata de “perfeccionar” el modelo político del chavismo, se trata de sustituirlo.
Los “revolucionarios” criollos no tienen la intención de aceptar que son minoría y que los venezolanos, incluso los que cada vez menos les apoyan, han rechazado contundentemente el fracasado modelo comunista que predica una “nueva economía productiva” sugerida por los asesores españoles que, vinculados a Iglesias y a Podemos, están ahora representados en el gabinete por el nuevo vicepresidente para el sector económico.
Ante la imposibilidad de que el Ejecutivo rectifique, la Asamblea tiene un solo camino, el que le dictó el pueblo el pasado 6 de diciembre, que se expresa en la tercera acción anunciada por la fracción parlamentaria mayoritaria, es decir, hacer todo para que por la vía democrática, pacífica y constitucional cese el gobierno de Nicolás Maduro en el corto plazo, lo que, lejos de ser considerado como una iniciativa golpista o montonera, expresa el legítimo derecho de los venezolanos, en ejercicio de la democracia participativa, de exigir un cambio de rumbo y un futuro cierto.
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